La jueza uruguaya Adriana Chamsarian resolvió tardía y finalmente rechazar el pedido de asilo político del Fabián “Pepín” Rodríguez Simón, el ideólogo en materia judicial del ex presidente Mauricio Macri, prófugo desde hace casi un año y medio tras un simple llamado a indagatoria de la magistrada federal argentina María Servini. 

El fallo fue firmado la semana pasada, pero sólo trascendió hoy, incluso para los propios legisladores del Parlasur, que tienen pendiente de tratamiento un pedido de expulsión de Rodríguez Simón que ya tiene dictamen favorable de Comisión.

Hasta que se conoció el rechazo al asilo político, la iniciativa para expulsar a Rodríguez Simón no reunía los votos necesarios. La decisión –previsible pero extrañamente demorada para un trámite relativamente simple- de denegar el asilo político podría modificar esa ecuación.

En todo caso, “Pepín” no regresará a la Argentina de inmediato. Acaso en vista del fallo adverso que se avecinaba, decidió cambiar de abogados en Uruguay y contrató a uno de los estudios de mayor peso específico en los tribunales orientales: el encabezado por Jorge Díaz, ex fiscal ante la Corte y ex Procurador General de la Nación local durante el gobierno de Tabaré Vázquez.  Se trata de uno de los hombres más influyentes en el Poder Judicial uruguayo. 

¿Por qué fue rechazado el pedido? Si bien el trámite fue reservado, trascendió que la jueza suscribió buena parte de los argumentos de la acusación, en el sentido de que no hay elementos que permitan asignar al pedido de detención nacional e internacional (con alerta roja de Interpol incluida) una característica de persecución política. Ninguno de los otros imputados en la causa –incluso los procesados por Servini- invocó tal cosa.

Por otra parte, tanto el llamado a indagatoria cuanto la declaración de rebeldía y la orden de captura fueron emitidos por un tribunal competente, en el marco de una investigación judicial con impulso fiscal y control del debido proceso.

Si Rodríguez Simón hubiera comparecido cuando fue llamado a indagatoria, en marzo de 2021, hoy estaría en libertad, “a derecho” y sin mayores restricciones de movimientos. Como el ex jefe de la AFI Gustavo Arribas; su ex número dos, Silvia Majdalani, y el propio Mauricio Macri. Los tres, aunque procesados por delitos graves, andan recorriendo el mundo por placer o trabajo sin el temor de ser detenidos en ningún aeropuerto.

Ni siquiera era necesario que Rodríguez Simón, quien reside en Montevideo desde diciembre de 2020, viajara a la Argentina: el llamado a indagatoria preveía una declaración por Zoom.

Los delitos que se le imputan no encuadran en ninguna tipología de “políticos”. La jueza lo llamó ante una denuncia de los titulares del grupo Indalo, Fabián De Sousa y Cristóbal López, por una serie de actitudes rayanas en la extorsión para “convencerlos” de sumar a sus medios de comunicación a una campaña mediática para demonizar a los funcionarios del gobierno 2003 – 2015 y, ante la negativa, haber proferido la frase “comenzó la guerra”. 

De Sousa y López terminaron presos, sus empresas, al borde de la quiebra. El objetivo final, según denunciaron, era desapoderarlos de sus empresas.

La Comisión de Refugiados (CORE) de Uruguay había dictaminado en contra de la concesión del asilo político. Según explicaron fuentes judiciales, el rechazo de la jueza Chamsarian fue apelado ante el Tribunal de Apelación en lo Penal del Primer Turno de la capital uruguaya. Hacia fin de mayo, esa instancia revisora debería pronunciarse sobre si confirma o revoca el fallo de primera instancia.

De ello depende la suerte mediata de Pepín. Porque, en lo inmediato, no será extraditado a la Argentina. La Justicia uruguaya también tiene procesos e instancias que deben agotarse antes de que se establezca una sentencia firme.  Y aún en ese caso, la última decisión siempre es política.