Luego de la visita de diputados de la Libertad Avanza a condenados por crímenes de lesa humanidad en la cárcel, ahora es el Poder Ejecutivo el que impulsa la discusión pública para beneficiar con prisión domiciliaria a los represores de la última dictadura. 

“Hay gente de más de 80 años que está enferma, débil, que está en la cárcel y que bien podría estar en otras condiciones de detención. Me parece que estamos afectando el criterio de humanidad de las penas, estamos afectando el criterio de dignidad. Y esto ya no se ha convertido en justicia sino que se torna en venganza», señaló, sin reparos, el ministro de Justicia Mariano Cúneo Libarona durante su paso por Mendoza. 

Según se conoció a partir de la declaración de la diputada de LLA Rocío Bonacci, quien participó de la visita a represores en el penal de Ezeiza, los condenados, entre quienes estaba Alfredo Astiz, entregaron a la comitiva libertaria un papel con proyectos para avanzar con la domiciliaria. Días después, dos de los principales voceros del Ejecutivo salieron a impulsar el debate. 

 «Creo que hay más de 300 detenidos de entre 70 y 80 años. Habría que acordarse de la cantidad de personas que eran ajenas a este conflicto y fueron víctima del terrorismo y esos hechos no fueron juzgados», planteó Cúneo Libarona en el programa de radio Uno nunca sabe. Y añadió: «No podemos olvidar el pasado, de ninguna manera, pero tener gente que se esté muriendo, a mí me parece que es un tema que merecería una conversación». 

En realidad, no son 300 como sostiene el ministro sino menos de la mitad. Según cifras del Ministerio Público Fiscal, que interviene en todas las causas por crímenes de lesa humanidad, las personas detenidas son 642 y,de esas, sólo 134 se encuentran en la cárcel, mientras que el resto cumple la pena en su casa (508). 

También desde Mendoza, la ministra de Seguridad Patricia Bullrich opinó en línea con Cúneo al considerar que “a los 70 años las personas que están condenadas y que han cometido todo tipo de delitos, asesinatos, crímenes de todo tipo, pueden salir» y sostuvo que «en el caso de los delitos de lesa humanidad, uno ve personas de 90 años con enfermedades terribles que están en la cárcel”.

Los dichos de Bullrich también contrastan con la realidad. Un estudio realizado por especialistas de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, en 2022, determinó que los penales federales de Ezeiza y Campo de Mayo cumplían con las condiciones adecuadas para alojar allí a personas de edad avanzada y con problemas de salud.

Hasta ahora, las pretensiones del gobierno nacional de otorgar prisiones domiciliarias masivas a condenados por crímenes de lesa humanidad se han chocado con el rechazo de la justicia y hay una amplia jurisprudencia local, regional y de Naciones Unidas que advierten sobre “la obligación de sancionar a los responsables de graves violaciones a los Derechos Humanos con penas apropiadas a la gravedad de la conducta delictiva”, como señala la CIDH.  

Respuesta bonaerense

Ante la avanzada del gobierno nacional, la provincia de Buenos Aires salió a repudiar este discurso que busca beneficiar a genocidas. Marías Moreno, subsecretario de Derechos Humanos bonaerense, consideró “gravísimas las afirmaciones de Cuneo Libarona, que considera como venganza el proceso de Memoria, Verdad y Justicia” y agregó: “No sorprende, no es algo nuevo, porque sigue la línea del gobierno nacional, de la vicepresidenta Victoria Villarruel que se dedicó a defender la actuación de los genocidas y que los visitó en las prisiones en una clara reivindicación del Terrorismo de Estado”.

El funcionario bonaerense aclaró que las cuestiones de salud que plantean Cuneo Libarona y Bullrich pueden ser atendidas en los penales del Servicio Penitenciario, que cuentan con toda la capacidad de alojar a personas longevas gracias a su sistema integral de salud. 

“Transcurrieron 41 años desde la recuperación de la democracia y las condenas a los represores fueron confirmadas por la Corte Suprema de Justicia, basada en un marco normativo internacional y el Pacto de San José de Costa Rica, que establece que los delitos que tipifican hechos constitutivos de graves violaciones a los derechos humanos deben contemplar penas adecuadas a tales delitos”, concluyó.