El gobierno avanza con la motosierra. Este lunes dispuso un drástico recorte a la partida destinada al Fondo de Integración Socio Urbana (FISU) al formalizar, a través del Decreto 193/2024 publicado en el Boletín Oficial, una reducción en la distribución de los porcentajes del Impuesto País.
A partir de ahora, el 30% de lo recaudado por el Impuesto País se distribuirá de la siguiente manera: apenas el 1% recibirá el FISU; un 94% irá a Obras de Infraestructura Económica; y el 5% restante al Fomento del Turismo Nacional.
Todo esto ocurre días después de que desde las usinas del gobierno instalaran la idea (a través de medios oficialistas como LN+) que el FISU se trató de una gran caja negra de la corrupción política. Durante el gobierno de Alberto Fernández el organismo estuvo dirigido por Fernanda Miño, a cargo de la Secretaría de Integración Socio Urbana (SISU) del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, referenciada con el líder de Patria Grande, Juan Grabois, quien fue atacada sistemáticamente.
Paradójicamente, el nuevo funcionario a cargo de la SISU, Sebastián Pareja, elogió la tarea de Miño: «Si no fue la única Secretaría que funcionó durante el gobierno de Alberto Fernández, pega en el palo», había dicho en una entrevista el flamante subsecretario. Si bien hay una auditoria en marcha, Pareja descartó por el momento llevar adelante una denuncia penal en contra de sus antecesores al asegurar no haber encontrado elementos para hacerlo.
«Al momento, hoy hay 1.200 obras en ejecución, un presupuesto con más del 80% ejecutado» añadió el funcionario, al tiempo que advirtió que «desde el Banco Interamericano de Desarrollo se la presenta internacionalmente como un ejemplo el trabajo hecho». «No me imagino al BID acompañando una política de corrupción respecto de un tema tan sensible como urbanizar una villa de emergencia o asignar los recursos a una persona para que mejore la habitación en la cual convive con su hijo», completó.
«Yo no estoy en defensa de Grabois, yo estoy en defensa de la verdad», continuó Pareja y concluyó que el FISU: «Tiene varios controles, el propio de la Secretaría, el del Comité Ejecutivo que está conformado por personas también del AABE (Administración de Bienes del Estado), y a su vez tenés un control externo, que son los colegios de arquitectos o colegios de escribanos de muchas provincias que actúan como certificadores de las obras».
De este modo, quedó en evidencia que la verdadera intención del gobierno era un serio recorte en el FISU. «Milei bajó el financiamiento al Fondo de Integración Socio Urbana del 9% del Impuesto PAIS al 0,3% ¡Es una burla a los barrios populares!» escribió este lunes Miño en su perfil de la plataforma X (ex Twitter). «La operación berreta que hicieron algunos «periodistas» muy amigos del gobierno, intentando ensuciar al FISU, tenía como objetivo decirle a la gente que están ajustando una «caja de la política» cuando lo que están haciendo es desfinanciar la obra pública en los barrios», resumió.
«Si querían controlar más, aunque fuera difícil porque nosotros controlamos MUCHO, podían poner más controles. Pero no, lo que quieren es dejar de invertir en cloacas, agua, electricidad, calles, veredas y mejoramientos habitacionales para la gente», fue otro de los posteos de Miño.
La primera villera en ser secretaria del Estado
Oriunda de La Cava, San Isidro, Miño se convirtió en la primera villera en convertirse en secretaria de Estado. En una entrevista brindada hace un año a Tiempo, la entonces funcionaria contó que llevaba gestionados unos 280 mil millones de pesos para ampliar los derechos de unas 400 mil familias y generar unos 200 mil puestos de trabajo.
En esa oportunidad, Miño se explayó sobre el desarrollo del Programa Mi Pieza, dirigido exclusivamente a las mujeres de los barrios populares: «A fines de febrero (2023) se realizó el séptimo sorteo en el que salieron elegidas las nuevas beneficiarias de este programa que en poco más de un año ya cuenta con 200.000 mujeres que hicieron uso de este subsidio en más de 4.300 barrios populares de todo el país, para el cual el gobierno nacional destinó 50.000 millones de pesos para que las familias realicen mejoras, ampliaciones y refacciones en sus hogares».
Según un informe de la UCA, en ese entonces ya se había ejecutado el 87% del presupuesto total de los 173.000 mejoramientos habitacionales y el 50% de las mujeres había finalizado su obra. «Mi Pieza impulsa redes de mujeres en los barrios, fortaleciendo la comunidad a medida que se acompañan en sus proyectos. Y en los casos de violencia de género o en familias donde solo la mujer trabaja y no puede salir adelante con su pequeña entrada económica, Mi Pieza ha podido aportar a esa independencia, que fortalece la esperanza y acompaña el esfuerzo de las familias, sabiendo lo que implica en la vida cotidiana de muchas mujeres solas a cargo de una casa. Soy una mujer de un barrio popular que ha vivido en ese hacinamiento, crecimos con mis 8 hermanos en una casilla de madera, durmiendo todos juntos. Sé lo importante que es para una mamá que sus hijos puedan tener intimidad, o tener un baño dentro del hogar. A mi personalmente me vuelve la vida hacia atrás porque estoy convencida que si cuando éramos chiquitos hubiese existido un programa así, mi mamá hubiese llorado menos», argumentaba la entonces titular de la Secretaría.
Una política de Estado
En diálogo con C5N, el director de la ONG Techo Argentina, Juan Maquieyra, lamentó este ajuste presupuestario. «El FISU es un fondo que viene de una política pública que ya lleva varios años en Argentina y que es una política de Estado. Arrancó con Techo relevando en 2009 en La Plata barrios populares, siguiendo en 2016 con el gobierno de Mauricio Macri otro relevamiento nacional también de barrios populares», argumentó.
El referente de esta ONG, describió que «el Congreso votó en 2018 por unanimidad la continuidad del fondo. En la Cámara de Diputados nadie votó en contra y decidieron laburar juntos. En 2020 el gobierno de Alberto Fernández, financió la ley con el Impuesto PAÍS».
«Hay una continuidad de gente que piensa muy distinto, que suele no encontrarse, que dijo ‘en estos barrios vamos a trabajar, vamos a hacer obras de infraestructura, que haya cloacas, electricidad’, para que no tengamos tragedias como pasa en los barrios cuando un nene agarra un cable pelado porque está mal conectado», insistió Maquieyra.
«Caputo quería manotearle los fondos a los pobres»
Luego de que trascendiera el recorte al FISU, Grabois, el dirigente más atacado en esta maniobra del gobierno, se manifestó también a través de las redes sociales: «Con el decreto 193/2024 firmado el viernes por el presidente Javier Milei y los ministros Nicolás Caputo y Posse, queda claro cuál era el objetivo de una semana de obscena campaña de desprestigio contra el fondo para mejorar los barrios populares. Caputo quería manotearle los fondos a los pobres para redireccionar el 94% a «infraestructura económica» (léase, patria contratista + timba financiera) y 5% a «turismo» (¿Qué será? ¿el Meliá, el Llao Llao?). Dejaron el 1% para los barrios, lo que representa un recorte del 97% del total«.
«Es evidente que el problema no era Grabois, ni las «cajas negras», porque aún si todas las mentiras que dijeron fueran ciertas, aún si el FISU hubiera sido deshonesta e ineficientemente administrado, aún si no se hubiera hecho una sola obra, ahora que lo administra el gobierno de Javier Milei y las fuerzas del cielo ¡¿por qué no lo aplican bien, honesta y eficientemente para mejorar los barrios en vez de usarlo para cuestiones que claramente son menos importantes?!», insistió Grabois, quien se autorespondió: «La respuesta es sencilla: no quieren que vaya un peso a mejorar la vida de los de abajo. La quieren toda para ellos. Todo lo demás es cuento. Es una guerra declarada contra los trabajadores y los humildes».
