Tras la derogación de la Resolución 4055/18, con la que el gobierno porteño pretendía cerrar 14 escuelas comerciales nocturnas y reducir cursos en otros nueve colegios, Tiempo recogió la palabra de diversos referentes de la comunidad educativa respecto de cómo seguirá este conflicto. Mientras hay quien afirma que el próximo paso es exigir la renuncia de la ministra de Educación Soledad Acuña y la suspensión de la UniCABA, otros advierten que comienza ahora otro episodio de la embestida del oficialismo contra la escuela pública, y que la marcha atrás es apenas una postergación en clave electoral del plan de cerrar instituciones, que sigue en pie.
La decisión, evaluada como un fuerte revés para el gobierno de Horacio Rodríguez Larreta, no sorprendió a los gremios docentes y a los legisladores de la oposición, que sabían que, tarde o temprano, la presión social haría caer una medida tan retrógrada. Un hecho significativo es indicio de algún distanciamiento entre el jefe de Gobierno y su ministra: a primera hora del miércoles ya circulaba el dato sobre la derogación de la Resolución 4055, pero desde la cartera educativa lo negaban: «No es así. Es mentira», esbozó un vocero de Acuña, para aceptar, minutos después, que el rumor era certero. El episodio pone en evidencia que el gobierno porteño aceleró la derogación del cierre de escuelas sin que la ministra ni su entorno más cercano hubieran sido informados.
«Yo ratifico el pedido de renuncia de Acuña», señala la vicepresidenta de la Comisión de Educación, Lorena Pokoik (Unidad Ciudadana). «Sin dudas, ha sido una gran victoria que se vino gestando desde las movilizaciones contra la Secundaria del Futuro, por el presupuesto educativo y contra el proyecto de UniCABA. Este triunfo fue construido con las derrotas anteriores. Ahora las y los legisladores esperamos que el Ministerio nos llame para integrar la mesa de diálogo».
En el mismo sentido, el legislador Gabriel Solano (FIT) asegura que «esto pone en cuestión la permanencia de Soledad Acuña en el Ministerio, dado que se evidencia como una enemiga de la educación pública. Acuña viene ajustando los salarios y el presupuesto educativo y reduciendo la planta docente. La única forma de defender la educación pública en la Ciudad es que Acuña se vaya».
«En una primera etapa, Acuña salió a defender su decisión –repasa el titular de UTE Eduardo López–. Luego de movilizaciones multitudinarias, el gobierno de Larreta inició una segunda etapa del conflicto: el engaño, que consistía en mostrarse dialoguista en los gestos pero seguir adelante con la Resolución 4055, que cerraba las escuelas. El engaño tampoco les resultó. El jefe de Gobierno no podía hacer sus puestas en escena de diálogo barrial sin que los vecinos le recriminaran el cierre de las escuelas. Es por eso que debieron ir lisa y llanamente a la derogación de la 4055».
Desde otro espacio, sin embargo, advierten que «este triunfo debe mantenernos en alerta, porque no necesariamente los planes del gobierno están derrotados. El proyecto de la ministra es reducir la educación pública e ir incrementando la privatización», asegura la legisladora Laura Marrone (Izquierda Socialista-FIT).
La Resolución 1169/19, que derogó la polémica 4055, pospone las intenciones del gobierno hasta el año próximo. «La nueva resolución deja latente la medida, presentándola como reforma para 2020, montando mesas de ‘diálogo’. Es decir, el gobierno va a insistir en su línea de ajuste», considera Amanda Martin, secretaria adjunta del gremio Ademys. Un dato a tener en cuenta: la nueva resolución ministerial no menciona el decreto 1990/97 que invocó originalmente y que permite cerrar cursos y grados por matrícula. «Esto puede ser un recurso al que pueden apelar para descargar su responsabilidad como Estado en la docencia», sugiere Martin.
Desde febrero y hasta el mes de julio de este año, las subsecretarías de Coordinación Pedagógica y Equidad Educativa, junto a la de Carrera Docente y Formación Técnico Profesional, y a la de Planeamiento e Innovación Educativa, serán las encargadas de establecer el cronograma de reuniones para conformar la mesa de trabajo que buscará elaborar los planes de estudios de los comerciales nocturnos. En diálogo con Tiempo, Carlos Betancur, rector de la Escuela de Comercio N° 26 «Enrique de Vedia», señala con preocupación que «el gobierno no aclara a quiénes van a convocar a la mesa de trabajo. Yo espero que también estemos en esa mesa los involucrados directamente, es decir, la gente que está trabajando en los nocturnos».
En el mismo sentido, Manuel Becerra, docente en los niveles medio y terciario y autor de la web de debate educativo Fue la Pluma, alerta que «vamos a tener que ser muy activos en las comisiones que se creen para pensar nuevas propuestas para las escuelas afectadas. No le podemos dar ni un centímetro de confianza al gobierno. Y desde el sistema educativo tenemos muchas mejores ideas que las del Ejecutivo».
Una de las inquietudes pasa por saber cómo piensa el gobierno encuadrar a las escuelas nocturnas, ya que los secundarios comerciales de cuatro años no están contemplados en la Ley Nacional de Educación y se sostienen por el Decreto N° 853/74 y la Resolución N° 1780/02. Una opción sería transformarlas en escuelas secundarias comunes de cinco años, lo que podría traer complicaciones para sostener la cursada, ya que una de las motivaciones para los alumnos que asisten a las nocturnas –que trabajan y estudian– es que tienen un año menos de cursada que los demás colegios. «
ESTRATEGIA
Una fuente de la Jefatura de Gobierno admitió a este diario que «había que descomprimir la situación cuanto antes en un año electoral». Desde el Ejecutivo especulan con que Larreta sea reelecto y volver a arremeter con la Resolución 4055, ahora como un proyecto para que apruebe la mayoría oficialista en la Legislatura, como se hizo con la UniCABA.
