Tras la caída del DNU 690, telcos impulsan cambios regulatorios

Las empresas de las telecomunicaciones festejaron este jueves la decisión del gobierno nacional de derogar el decreto de necesidad y urgencia (DNU) 690 que regulaba la actividad desde agosto de 2020 y aprovecharon para reclamar reformas regulatorias adicionales que defendieron como el paso previo a la generación de condiciones para invertir en el país.

Telefónica de Argentina, uno de los grandes operadores con la marca Movistar, saludó el DNU 302/24 y lo consideró el paso inicial de un camino que conduciría hacia “el crecimiento y desarrollo del sector”.

De cara a futuro, la empresa declaró su interés en que el gobierno de La Libertad Avanza propicie “un plan de reformas regulatorias que actualice las reglas a la realidad de la dinámica de la tecnología y de la conectividad” y se puso a disposición “para contribuir en la construcción” de ese posible programa.

La posición es compartida por sus competidoras Claro, del holding mexicano América Móvil, y la más importante de las tres, Telecom, sociedad clave del Grupo Clarín.

Los lobistas de las empresas vienen predicando esos cambios regulatorios con paciente dedicación en todos los foros del sector y ante funcionarios. Los objetivos son claros: van a presionar por reformas tributarias y por cambios en la orientación de las políticas de asignación de espectro, en el marco de una menor preponderancia del Estado en los negocios del sector.

Como les pasó a evangelizadores de otros sectores de la economía, los enviados de los operadores también tuvieron inconvenientes para dialogar con la administración de Javier Milei, pero el DNU 302 indica que las cosas empiezan a cambiar y que podrían venir meses interesantes para el sector.

Además, la experiencia reciente demuestra que el gobierno nacional llevó el concepto de la colaboración al extremo de permitir que sectores del empresariado participen directamente de la redacción de leyes y decretos, por lo que son grandes las posibilidades de plasmar la agenda sectorial en proyectos concretos.

El futuro de los precios

El DNU 690 plasmó la política del gobierno del Frente de Todos en el primer tramo de la pandemia de Covid-19. Declaraba a la telefonía móvil y a Internet como servicios públicos en competencia, congelaba tarifas y atribuía la facultad de controlarlas al Enacom, y obligaba a las empresas a ofrecer un servicio a los sectores más vulnerables de la sociedad.

La medida complicó a las cooperativas y a las pymes. Las grandes fueron beneficiadas por fallos judiciales que suspendieron el DNU y les permitieron aumentar sus precios al público.

En el contexto de crisis generalizada, con alta inflación y conflictividad social por los despidos, especialmente en el Estado, el final del DNU 690 tuvo una repercusión más bien relativa, pero las consecuencias podrían ser duras para el bolsillo de la población.

Eso advirtió el diputado de Unión por la Patria, Pablo Carro, titular de la Comisión de Comunicaciones e Informática de la Cámara baja, que consideró que se puede configurar un aumento de los servicios similar al que ejecutaron las empresas de medicina prepaga.

Las empresas por ahora analizan los números y hablan de atrasos muy importantes, pero no sueltan datos sobre los aumentos que se vendrían concretamente a partir de las próximas facturas.

En el IPC de marzo, el rubro Comunicaciones fue el más inflacionario con un 15,9%. Su tendencia acompaña el ritmo de la inflación general y desde el 1 de diciembre el sector acumuló una suba de precios del 81,3% contra un alza general del 89,8 por ciento. «