En la Jujuy de Gerardo Morales hace tiempo parece regir otro tipo de Justicia. Últimamente la criminalización de la protesta se posó sobre ciudadanos y ciudadanas que comentaban supuestas infidelidades. Chismes. Dos lo hicieron en sus redes, los apresaron hace casi dos meses, y recién hoy los liberaron. Mientras tanto, pesa el pedido de detención sobre una arquitectura, con un aliciente aún peor: su comentario lo hizo en un grupo de WhatsApp, de manera totalmente privada.
La pesadilla de los jujeños Nahuel Morandini y Roque Villegas, que duró 54 días de cárcel y continúa con investigaciones penales, comenzó con un posteo en las redes sociales. Nahuel, ingeniero ambiental y docente universitario, publicó en la red social X: “Hace ya varios años que en Jujuy se hace el carnaval de los tekis (una estafa en la que caen los turistas). Pero este año no se hace. Y todo parece que es porque uno de los tekis le enseña a tocar la quena a la mujer del ex gobernador. Imposible aburrirse en kukuy”.
Su mensaje aludía al exgobernador Gerardo Morales y su exesposa, Tulia Snopek. Roque posteó en su Facebook un mensaje sobre lo mismo, con fotos de la mujer y la niña, insinuando que en realidad la niña nació como producto de la relación paralela de la mujer con un músico del grupo folklórico Los Tekis.
El 4 de enero de 2024, ambos fueron detenidos por la justicia de Jujuy y trasladados con prisión preventiva en la Unidad Penal N° 1. A Nahuel lo abordaron dos policías de civil que pidieron entrar a su domicilio con engaños. Según supo la familia, tanto Nahuel como Roque y sus familiares fueron objeto de espionaje antes y después de las detenciones. Incluso, mientras se sustenta la investigación penal, se encuentran impedidos de mencionar al exgobernador y a su entorno en los medios de comunicación. Se les impuso un bozal jurídico.
Desde ese momento, las familias de ambos, que se conocieron en los tribunales –como se conocieron también Nahuel y Roque- decidieron conformar una multisectorial que fue crucial para romper el cerco mediático, el bozal jurídico y visibilizar este avasallamiento a las libertades y derechos de ambos.
Junto a sindicatos, organizaciones sociales y de derechos humanos, así como diputadas y diputados como Natalia Morales, del Frente de Izquierda, llevaron el reclamo hasta el Congreso y a las esferas internacionales. A 54 días, el esfuerzo dio sus frutos: este lunes se les otorgó la libertad.
Celda de castigo
“Para nosotros fueron 54 días de lucha incansable para que esto tome estado público porque sabemos que la causa no tiene ninguna argumentación jurídica sostenible, es absolutamente irracional y arbitraria, todo lo que lo que intentaron hacer forzando el Código Penal y lo que aún intentan”, dice a Tiempo Lucía Castro Olivera, pareja de Nahuel Morandini desde las puertas del Tribunal que acaba de declarar la libertad.
“Han sido días de de estar todo el tiempo pensando ¿qué más podemos hacer? Sabíamos que lo único que podía torcer el rumbo de este juicio era la difusión masiva de este escándalo”, asegura.
Lucía cuenta que Nahuel, junto a sus estudiantes y colegas, logró armar un laboratorio y que trabaja incansablemente junto a las comunidades originarias y campesinas por el resguardo de la biodiversidad, que es muy comprometido con su trabajo, que ama la literatura y escribe poesía. Dice que es un padre presente, cariñoso, que es de origen campesino y que no sabe lo que puede haber sido para él estos casi dos meses de encierro.
“Para una persona como él, que está permanentemente moviéndose al campo, viajando a la universidad, fueron de golpe 60 días de un muro de silencio”, expresa. Según denunciaron las familias, los primeros 3 días de Nahuel y Roque fueron en una celda de castigo, desnudos y comiendo con las manos. Una situación de tortura que fue denunciada por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) ante el ámbito internacional.
Perdió la libertad y el trabajo
“No había ni motivo, no había razón para que ellos estén detenidos, no nos gustó cómo obró la Justicia sobre de ellos, perjudicaron mucho psicológicamente a la familia de los dos, y ahora que les dieron la libertad, espero que no haya más causa, que no les quede prontuario, que quede limpio porque no hicieron nada malo: no mataron, no asesinaron, no hicieron nada” dice a Tiempo Norma Vega, hermana de Roque Villegas.
La prisión de su hermano, dice Norma, fue evidentemente injusta. Cuenta que estará esperándolo en la puerta del penal, que quiere llevarlo al médico porque tiene problemas del corazón, que en la Unidad Penal Roque perdió peso pero que también perdió trabajo. “Él es independiente, hizo un curso de sublimaciones y empezó en la pandemia con un emprendimiento de barbijos que vendía en todos lados y de ahí fue creciendo, empezó a sublimar de remeras, en carnaval perdió de trabajar y también ahora, con las mochilas, tendría que estar trabajando, él tenía sus clientes y ahora es empezar de cero”, manifiesta y agrega: “lo que le hicieron a mi hermano no se lo deseo a nadie”.
Orden de detención por un mensaje de Whatsapp
Las detenciones e investigaciones irregulares que tienen por objeto criminalizar a personas que opinaron acerca de la vida personal del exgobernador Morales no se terminan en Nahuel y Roque.
A partir del peritaje del celular de Nahuel, y del análisis de una conversación privada en un grupo de Whatsapp que integran 11 amigos, de forma reciente transcendió que se inició un causa penal en contra de una arquitecta amiga de Nahuel, Lucía González.
Según se informó, pesa sobre ella una orden de detención de fecha 26 de enero, firmada por el juez Pablo Pullen Llermanos, el mismo que dictó la preventiva de los ahora liberados. Cabe mencionar que los tres están acusados de delitos que, sumados como pidió el fiscal, los podrían dejar en prisión hasta ocho años: lesiones psicológicas (a Snopek) y afectación a la identidad de una menor (la hija de Snopek y Morales, de dos años).
“La situación del caso de la arquitecta es peor porque efectivamente ni siquiera se expresó en redes sociales ni públicamente sino que se empieza a investigar en los grupos de WhatsApp o sea en el plano personal de Morandini, y eso es inaceptable”, detalla a Tiempo la diputada provincial Natalia Morales del Frente de Izquierda y parte de la multisectorial que acompaña la causa.
“A ella le avisan de situaciones irregulares alrededor de su domicilio, camionetas sin patentes, personas no identificadas que preguntan por ella, y ante esa situación hace una presentación judicial y toma conocimiento”, expresa Morales. Según transcendió, la arquitecta Lucía González no se encuentra en la provincia. En el diario La Nación denunció: “Me acusan por algo que se habló en un grupo de WhatsApp de once personas. Yo hablo de un chisme, lo digo claramente, es un chisme que escuché en la verdulería. No hice absolutamente nada más”.
Al respecto, Morales asevera: “La situación es muy grave, efectivamente en Jujuy se meten en tu vida personal, a tu whatsapp que está en el plano personal, para incriminarte y podés terminar detenido.
Un ejemplo más de criminalización
“No fue regalo de nadie esta libertad, tuvo que ver con una coordinadora nacional conformada por los familiares, amigos, organizaciones sociales y sindicales de todo el país y diputados que desde el primer momento de la detención venimos denunciando”, dice a Tiempo Morales.
La diputada señala que para obtener esta liberación hubo que romper un cerco mediático: “con ninguno de los dos hay riesgo de fuga o ni tampoco posibilidad de que obstruyan el desarrollo de la causa, incluso por voluntad propia se pusieron a disposición y entregaron sus celulares”, señala.
Morales expresa que la medida de detención tuvo como fin el amedrentamiento y disciplinamiento de los jujeños. “Se ha denunciado no solo las detenciones de forma ilegal, sino también situaciones de infiltración y espionaje previo en sus entornos”, detalla. La diputada resalta la situación de tortura que vivieron durante la detención así como el hecho de que en casi dos meses, fueron objeto de cambio de celda continuo: al menos 6 veces fueron trasladados.
Señala que existen en Jujuy múltiples casos vinculados a la criminalización de la protesta social desde el estallido social del año 2023, en muchos de los cuales el fiscal Rondón, que solicitó la preventiva de Nahuel y Roque, se encuentra involucrado: “Él es quien lleva adelante una causa de imputaciones contra quienes estuvimos en Purmamarca en año apsado, donde hubo una feroz represión y allí estoy imputada también con hermanos y hermanas de comunidades indígenas. Allí hubo represión y detenciones y el Ministerio Público de la Acusación tiene causas abiertas en contra de integrante de las comunidades indígenas y dirigentes de organizaciones sociales».
