Los presos considerados de “máximo peligro” usarán desde este lunes uniformes color naranja para salir de su pabellón en las cárceles santafesinas. La ley, promovida por el Ejecutivo provincial y votada por la legislatura en diciembre pasado, empieza por los 60 reclusos que están catalogados como Nivel 1 y luego pasará con diferentes colores a los de los del 2 y 3. A nivel nacional, los presos de alto perfil ya usan uniformes desde principios de año, pero con otro régimen, ya que están todo el tiempo con esas vestimentas, una iniciativa que Patricia Bullrich había intentado en el gobierno de Fernando De La Rúa. En este contexto, Argentina retorna a un debate sobre la estigmatización de dicha medida que comenzó hace dos siglos a nivel mundial y que parecía saldada desde 1983 cuando se derogó en el país.
La secretaria de Asuntos Penales del Ministerio de Justicia y Seguridad de Santa Fe, Lucía Masneri, dio algunas precisiones este lunes en una conferencia de prensa en la que remarcó “que es un antes y un después en la seguridad carcelaria de Santa Fe. Esto viene no sólo a acomodar lo que desde un primer momento decíamos que estaba muy desprolijo, sino además a definir un criterio de seguridad, definitivo y por encima de otros criterios o estándares”.
La resolución 008/2024, publicada el 21 de agosto pasado, determina el uso de los “uniformes obligatorios color naranja” cada vez que el interno salga de su lugar de alojamiento, “sea un destino dentro o fuera de la Unidad Penitenciaria”, hasta que regrese a su pabellón y prohíbe que las visitas entren con prendas de esa tonalidad.
En ese sentido, la funcionaria del gobierno Maximiliano Pullaro agradeció “al Poder Legislativo, porque es una tranquilidad saber que estamos haciendo esto en el marco de nuestra nueva Ley de Ejecución N°14.243, que comenzó a regir en enero de este año, y que en su artículo 24 nos permite categorizar a los internos, y progresivamente ir colocando uniformes”.
Masneri indicó que “hoy se ponen en funcionamiento los uniformes para la primera tanda de internos que considerábamos más urgentes, es decir, los internos de alto perfil Nivel 1, aquellos que desde adentro intentan liderar las bandas narcocriminales, principalmente de la ciudad de Rosario y algunos de la ciudad de Santa Fe”.
La funcionaria habló sobre el color naranja –usado para los internos de la cárcel militar estadounidense en la Bahía de Guantánamo, Cuba– y resaltó que lo eligieron para “ver cuando no están donde deben estar, detectar automáticamente si no están parados al lado de un efectivo del Servicio Penitenciario, y con eso poder controlar no sólo cualquier circulación no permitida, sino cualquier intento de fuga”.
Los internos catalogados de Nivel 1 usarán uniformes anaranjados “en todo momento para salir de los pabellones, es decir, no recibirán ni visitas, ni audiencias virtuales o presenciales, ni consultas médicas, sin estos uniformes”, especificó la secretaria de Asuntos Penales para sumar que “tenemos 60 internos Nivel 1 y 72 uniformes, pero estamos considerando el crecimiento de nuestra población”.
Masneri expresó que “creemos que marcamos una diferencia y que nos adelantamos a lo que va a venir: iremos ampliando los colores conforme se vayan actualizando las otras categorías de internos de alto perfil. Este es el primer paso, porque era lo más urgente, pero nos quedan los internos Nivel 2 y Nivel 3. En todos los casos este año se realizarán las licitaciones pertinentes”.
El uniforme y la estigmatización
“En general la legislación internacional, y la nuestra, dice que la vestimenta del preso es un derecho, que tiene que ver con la dignidad. El preso tiene derecho a usar su propia ropa. Si no tiene, o no quiere, o está deteriorada, puede pedir que le den ropa. Y pueden darle un uniforme, pero si él lo pide. Esto de obligarlos a usar un uniforme es volver al traje a rayas, algo que se derogó hace muchas décadas en el país”, expresó en una entrevista a un medio nacional Matilde Bruera, profesora titular de la cátedra de Derecho Penal de la Universidad Nacional de Rosario y diputada provincial.
A principio de año, fuentes del Ministerio de Justicia y Seguridad provincial habían aclarado que este uniforme no tenía que ver con la estigmatización o humillación de los presos sino con una “correcta visualización” de los mismos.
Los uniformes para “marcar” a las personas privadas de la libertad fueron implementados por primera vez hace 200 años. En 1820, en la ciudad de Nueva York, cuando las autoridades penitenciarias de Auburn adoptaron la idea de vestirlos con trajes a rayas blancas y negras. En ese momento, se eligió también por alta visibilidad en caso de fuga pero también tenía otras implicancias simbólicas, ya que representaban las barras del enrejado de las celdas, lo que reforzada de confinamiento y castigo. En ese entonces y a diferencia de lo implementado en la provincia también se buscaba despersonalizarlos porque esa vestimenta era todo el tiempo.
En Argentina el traje a rayas con bandas negras y amarillas se impuso en 1924 en la Penitenciaría Nacional que estaba en el barrio porteño de Palermo y después se sumó a la cárcel del Fin del Mundo de Ushuaia a donde se mandaban a los condenados más peligrosos e indomables.
Roberto Pettinato (padre), director general de Institutos Penales de la Nación Argentina entre 1947 y 1953, fue quien estableció en 1947, gobierno de Perón, el cierre de la cárcel del fin del mundo y, consecuentemente, el fin del traje a rayas en todas las cárceles argentinas por considerarlo estigmatizante.
Otra medida que tomó fue la alfabetización de los detenidos y la reinserción de los liberados en la sociedad. En uno de sus discursos, el presidente Juan Domingo Perón dijo que esos trajes atentaban “contra los propósitos de humanización y contra la dignidad humana”.
Los uniformes no se erradicaron completamente sino que con los cambios en las políticas penales, empezaron a ser reemplazados por los monocromáticos, aunque no fue usado el naranja, y en 1983, con el regreso de la democracia, se dejaron de usar en todo el país.
La vuelta del traje que buscaba Bullrich
Pasaron 41 años desde la derogación de esa medida y el gobierno nacional fue el primero en implementar los uniformes en enero pasado, algo que la actual ministra de Seguridad, Patricia Bullrich había intentado en el 2000 a través del Programa de Tratamiento de Máxima Seguridad cuando era la secretaria de Política Criminal y Penitenciaria del Ministerio de Justicia de la Nación –gobierno de De la Rúa–. “Lo que queremos es cambiar el ambiente actual de las cárceles. Y para que este tipo de internos baje su nivel de agresividad, es necesario controlarlos muy de cerca”, había dicho hace 24 años Bullrich cuando diversas organizaciones de derechos humanos y especialistas en política penitenciaria habían cuestionado la idea de uniformizar a los presos como en los siglos anteriores. Esta medida quedó trunca debido a que el presidente De la Rúa abandonó el cargo en helicóptero.
A nivel nacional y desde enero funciona el nuevo Sistema de Integridad de Gestión de Personas Privadas de Libertad de Alto Riesgo (Sigpplar), impulsado por Bullrich. “Es inhumano porque no nos permitan abrazar a nuestras mujeres e hijos, nos robaron todas nuestras pertenencias, no soportamos cumplir condena en estas condiciones”, fue la denuncia que hizo un detenido en nombre de los otros 14 con los que comparte el pabellón C del Módulo VI del Complejo Penitenciario Federal 1 de Ezeiza y que fue publicada en el diario Tiempo Argentino.
En esa nota del 27 de julio los abogados pedían que el gobierno abriera una mesa de diálogo para prevenir posibles conflictos debido a que los reclusos ya llevaban dos semanas en huelga de hambre. “Nos tienen encerrados 20 horas al día y fuimos despojados de las ropas que vestimos. Nos dieron mamelucos y alpargatas”, insistían.
En una entrevista al programa radial Feos, Sucios y Malos que dio el mes pasado el penalista Leonel Iesari, quien representa a las líneas más altas de la banda Los Monos que están en cárceles federales, también se refirió al tema y sostuvo que presentaron habeas corpus colectivo en contra no sólo del uniforme sino también del endurecimiento de las condiciones de detención al considerarlas inhumanas, los cuales algunos fueron rechazados y otros la Justicia Federal aún no se ha expedido.
Iesari representa a Carlos Damián “Toro” Escobar, uno de los jefes de la barra brava de Newell’s, y a Jonatan “Gordo” Brezik que están en la cárcel de Ezeiza. También a Ariel Máximo “Guille” Cantero y el sobrino de éste, Luciano Uriel, que se encuentran en Marcos Paz. El abogado explicó que con este nuevo régimen no sólo fueron acotadas las visitas de familiares y las comunicaciones con sus familiares sino que también a partir de las entregas de los uniformes, les sacaron todo efecto personal. Para dar un ejemplo contó que no les dieron ropa de abrigo suficiente.
“En el penal de Marcos Paz, donde al menos nos hicieron lugar a que ingresen algunas remeras y shorts blancos. En Ezeiza todavía siguen bajo el mismo régimen, con restricción de alimentos, las comunicaciones de 5 a 20 minutos semanales con sus familias. No hubo ningún tipo de cambio. Además, me preocupa que los penitenciarios le sustraigan sus pertenencias personales de manera ilegítima, que mis defendidos denominan que es parte «del verdugueo» que están sufriendo”, ejemplificó en referencia a que luego de la entrega de los uniformes, el personal del Servicio Penitenciario Federal (SPF) les incautó no sólo la vestimenta personal sino también otros elementos como radio, utensilios de cocina e higiene.
Si bien el uso de uniformes naranjas en nuestra provincia es sólo cuando tengan que salir de su pabellón, la medida no está exenta de debate sobre la incógnita de su eficacia y su aporte para dar respuesta a la crisis carcelaria que abogados defensores junto a diferentes organismos estatales y de derechos humanos vienen denunciando desde hace más de una década.
