Si bien es una situación que lleva casi dos años, el gobierno porteño ignora el reclamo de las familias y se niega a quitarlo. En 2019, las calles Costa Brava y Letonia, uno de los accesos principales a la escuela La Banderita, ubicada en el Polo Mugica en las inmediaciones de la Villa 31, fue alambrado por el gobierno de la Ciudad. Las mismas calles limitan con el edificio de los tribunales de Comodoro Py, en el barrio de Retiro. Después de la inauguración de la escuela, a mediados de junio de 2019, el gobierno de la Ciudad, comenzó a instalar un cerco de alambre. Esas calles eran poco transitadas y se usaban como zona Vip para el estacionamiento de los funcionarios judiciales y empleados que trabajan en el lugar. Una vez inaugurada la escuela el panorama cambió por completo. La calle Letonia, paralela a Comodoro Py, fue apropiada definitivamente por los tribunales, desoyendo el reclamo de las familias ya que, hasta la fecha, tienen el paso prohibido por el lugar. Tal es así, que rápidamente Comodoro Py puso custodia privada para el ingreso a las inmediaciones y, con el aval del gobierno porteño, llevaron adelante la instalación de un cerco de alambre que separa a la escuela de los tribunales.
Entre la escuela primaria, el jardín de infantes y la secundaria existe una comunidad estudiantil de 1.773 alumnos. Según datos oficiales: 462 vacantes en el inicial; 891 primaria y el resto en secundaria. El hecho parece menor, pero genera varias complicaciones. Los micros escolares que llevan a los chicos a la escuela, no pueden estacionar en la puerta y tiene que dejarlos en la esquina, situación que se complica en una zona altamente transitada pero, sobre todo, los días de lluvia. Otro inconveniente es que ante algún accidente que ocurra dentro de la escuela, una ambulancia no puede acceder al lugar; ni los chicos pueden efectuar de manera correcta un plan de evacuación de originarse un incendio, cuya cerca también restringe el ingreso de los camiones cisterna en caso de producirse un siniestro.
Esta situación provoca, incluso, que los niños tengan que caminar unos 200 metros aproximadamente para arribar a la escuela y, además, como se deja constancia en la denuncia presentada por las familias: “que los niños que no cuentan con un familiar o conocido para que lo acompañe al establecimiento escolar del modo predicho, deba hacerlo en soledad, con los riesgos que ello implica”. Otro de los puntos graves que fue desoído por el gobierno porteño es que “quienes tienen limitaciones para movilizarse, sea por discapacidad permanente o temporaria, se encuentren imposibilitados de arribar al colegio”.
La jueza Patricia López Vergara, a cargo del Juzgado en lo Contencioso Administrativo y Tributario N°6 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, pidió en cuatro ocasiones distintas que el gobierno porteño adjunte documentación que demuestre si, de acuerdo a la normativa de seguridad vigente en las escuelas de la Ciudad, es posible colocar una cerca de alambre a la entrada de un edificio escolar. Ante la negativa constante de presentar esos documentos, las y los abogados que representan a las familias en este litigio dejan asentuada su postura, ya que, ese cerco representa un peligro para el conjunto de las y los estudiantes que asisten al lugar. “Desde el gobierno de la Ciudad dicen que los bomberos les dijeron que un autobomba puede ingresar al lugar, detrás del alambrado, ya que mide poco más de cinco metros y un camión cisterna tiene aproximadamente esas dimensiones, pero el tema no es si puede entrar o no un camión, sino además que al mismo tiempo se pueda realizar la evacuación de los niños, niñas y adolescentes; que puedan ingresar ambulancias del SAME y todo tipo de personal de auxilio y seguridad ante un siniestro”, argumenta en diálogo con Tiempo, Miriam Medina, abogada de Compromiso Ciudadano que representa a las familias en esta causa. “El gobierno de la Ciudad, de manera sistemática, se niega a responder estos planteos que son razonables. Es claro que no quieren hacerlos porque no pueden contestar de manera positiva a los mismos, ya que a simple vista se vislumbra que no es posible que al mismo tiempo se lleve adelante una evacuación en el lugar y que puedan ingresar los grupos de socorro”, agregó Medina.
Escuela en latente peligro
Los reclamos de las familias que decidieron judicializar el tema no carecen de motivos, al contrario. El polo Mugica fue una escuela inaugurada “a las corridas” en medio de un año electoral. Campaña electoral que permitió la reelección de Horacio Rodríguez Larreta como Jefe de Gobierno porteño. A los dos meses de inaugurada la escuela y, ante el primer diluvio que enfrentó, las aulas se inundaron, y en varias ocasiones hubo desprendimiento de cielo raso. Poco tiempo después, ocurrió otra inundación y en octubre de 2019, cuatro meses después de haber sido inaugurado el edificio, se prendió fuego un aula. En aquella ocasión, el fuego se inició por una falla eléctrica. Tras la seguidilla de problemas vinculados con fallas de infraestructura, el siniestro ocurrido, y la falta de respuesta por parte de las autoridades gubernamentales, la preocupación de las familias se acrecienta con el tiempo. El edificio del Polo Mugica cuenta con 21.700m2, de llegar a producirse un siniestro grande en el lugar, el proceso de evacuación tendría varios obstáculos en el camino.
