En un documento conjunto, los ministros de Trabajo de las provincias de Buenos Aires, Tierra del Fuego, La Rioja, Santiago del Estero, Formosa y La Pampa rechazaron abiertamente la reforma laboral que plantean tanto el DNU 70 como la Ley Bases, que este martes obtuvo media sanción en la Cámara de Diputados, por considerar que colisionan con los derechos consagrados en la Constitución Nacional para los trabajadores.

El «Manifiesto» fue firmado por el ministro de Trabajo bonaerense, Walter Correa; el subsecretario de Trabajo de Formosa, Julio Ricardo Valdéz; la secretaria de Trabajo de Santiago del Estero, Julia Comán; la ministra de Trabajo y Empleo de Tierra del Fuego, Sonia Castiglione, el secretario de Trabajo y Promoción del Empleo de La Pampa, Marcelo Pedehontaá, y la secretaria de Trabajo de La Rioja, Myriam Espinosa.

Se trata de un documento previo al Encuentro Federal por el Trabajo que se realizará el próximo 6 de mayo en la Gobernación bonaerense, en la ciudad de La Plata, que busca reflotar el espíritu de lo que supo ser el Consejo Federal del Trabajo.

En el documento, las autoridades laborales advierten que las reformas previstas tanto en el capítulo «Trabajo» del DNU 70 como en el capítulo «Empleo Público» de la Ley Bases chocan con el artículo 14 bis de la carta magna nacional que establece los derechos y garantías laborales.

Allí se establece que el trabajador gozará de condiciones dignas y equitativas de labor, con jornada limitada, descanso y vacaciones pagados; retribución justa; salario mínimo vital móvil; igual remuneración por igual tarea. También se determina que estará protegido «contra el despido arbitrario» y que el empleado público «tendrá estabilidad».

También la Constitución garantiza a los gremios concertar convenios colectivos de trabajo, recurrir a la conciliación y al arbitraje, así como el derecho a huelga. Y además, fija que el Estado otorgará los beneficios de la seguridad social, que tendrá carácter de «integral e irrenunciable». 

Las seis provincias sostienen que las condiciones de vida de los trabajadores «se han visto deterioradas» desde que asumió el gobierno de Javier Milei y advierten que la desregulación avanzó en todas las áreas de la actividad económica pero «pone un único techo: a la recomposición salarial, a la Negociación Colectiva, a las Paritarias».

«A este escenario de inflación descontrolada, salarios congelados, parálisis deliberada de la actividad estatal se suma la paralización de la Obra Pública y el desguace sin criterio ni razón que pueda explicarlo, de innumerables organismos estatales con la consiguiente ola de despidos o cesantías que condenan a familias enteras a la desesperación y la indigencia», remarcan en el Manifiesto.

Apuntan también que las provincias se ven desfinanciadas por las decisiones del Ejecutivo Nacional y que están «al borde de poner en crisis su accionar básico, el pago de sueldos y la compra de insumos que permitan cumplir con funciones estatales impostergables». Rechazan la restitución del impuesto a las Ganancias por considerar que «consagra una injusticia que el propio Presidente había colaborado a eliminar con su voto cuando hace tan sólo 5 meses era diputado».

En otro orden, sostienen que tampoco están funcionando organismos diseñados a nivel nacional precisamente para hacer efectivas las garantías y derechos sociales contenidos en la Constitución, como el Consejo Federal del Trabajo, la Comisión del Salario Mínimo Vital y Móvil, la Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares.

«En este estado de situación, las carteras laborales provinciales firmantes nos comprometemos, en ejercicio de nuestras respectivas competencias, a trabajar coordinadamente a fin de evitar la sanción de toda norma que indique un avasallamiento de los derechos sociales y laborales reseñados que redunde en la satisfacción de las necesidades del pueblo trabajador, objetivo primario de la actividad política y de la función pública», cierran.

El «Manifiesto» es el documento previo al Encuentro Federal por el Trabajo que se realizará la próxima semana en La Plata y reunirá a las autoridades laborales de las seis provincias que se oponen a la Ley Bases, con el mismo espíritu que supo tener en años anteriores el Consejo Federal de Trabajo. También fueron invitadas a participar otras jurisdicciones como Río Negro y Chubut, pero todavía no confirmaron si se sumarán.

La jefa de Gabinete de la cartera laboral bonaerense, Cecilia Cecchini, explicó a Tiempo que «hay mucha preocupación por el avasallamiento que implica la ley Bases sobre los derechos laborales y sobre el empleo público» y más aún por el rol que ocupa hoy la secretaría de Trabajo a nivel nacional que «no tiene ningún tipo de iniciativa» ni frente a los conflictos en el sector público ni tampoco privado. Y remarcó que «todo el tiempo llegan a nuestros ministerios conflictos, suspensiones por falta de trabajo, vacaciones anticipadas, despidos, cierres».

En este marco, la funcionaria sostuvo que todos estos aspectos «hacen imperioso un compromiso de trabajo coordinado para evitar el avasallamiento de derechos sociales y laborales con los que todo trabajador cuenta o contaba a partir de esta media sanción».