Un empleado de la Dirección Nacional de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Justicia, con más de 30 años de servicio y cerca de jubilarse, sufrió un infarto y falleció este martes en su lugar de trabajo. Ocurrió en el marco de una oleada de despidos en la cartera que conduce Mariano Cúneo Libarona. Personal que estaba presente denunció que no funcionó el desfibrilador con el que se podría haber intentado salvar su vida.

“Entendemos que ese achique tan fuerte dentro del Estado trae situaciones de angustia muy fuertes dentro de los trabajadores. Sumado a las angustias cotidianas, puede ser letal. Si bien él sufría una afección cardiaca, había situaciones de achicamiento que lo afectaron. Hubo medidas violentas, la gente estuvo altamente angustiada porque se pidió el currículum de todo el personal y se dijo que se iba a reducir el 50%. Eso lógicamente generó un impacto en las familias y en las personas”, planteó Rubén López, delegado de ATE en el Ministerio de Justicia.

A ese panorama se sumó –según denunciaron trabajadores- el no funcionamiento de los dos desfibriladores que quedaban en la sede de Sarmiento 329, donde se produjo el fallecimiento. “Trabajan más de 700 personas entre dos edificios. Había un área protegida con una ambulancia y la asistencia era muy rápida, pero hace tiempo que no estaba y a eso se le suma el deterioro de elementos de reanimación. No solo quedaron menos, sino que los dos que se probaron hoy no funcionaban, según comentó la gente en el lugar. Nos parece grave”.

López consideró que esa falencia se dio “en el marco del deterioro general de cuestiones edilicias, salariales, emocionales, de falta de políticas públicas. Hay una situación de falta de contención de los trabajadores. Porque hay un grado de violencia en las medidas a tomar y no se mide el impacto”. Un comunicado de ATE Capital aclaró que si bien no se pudieron usar los desfibriladores “por falta de mantenimiento”, sí hubo rápida respuesta del SAME. Pero el trabajador “no pudo ser reanimado”.

Días atrás, durante una asamblea de trabajadores y trabajadoras por reclamos salariales en el Hospital Garrahan, se dio a conocer que un empleado se había quitado la vida “ante su acuciante situación económica”.

“Una catarata de despidos”

“La situación es crítica y dramática. Se anunció una catarata de despidos, 1.200 en menos de dos meses. Ya empezó a salir una tanda de alrededor de 80-90 despidos en diferentes áreas: Secretaría de Derechos Humanos, Registro de Propiedad Automotor, Acceso a la Justicia, Secretaría de Política Anticriminal. La mayor parte son de Registro de Propiedad Automotor”, detalló el delegado de ATE, en diálogo con Tiempo.

Las asambleas en el sector vienen votando medidas de reclamo con concentraciones y movilizaciones. El jueves de esta semana habrá otra, que podría confluir en Plaza de Mayo (y coincide además con otros reclamos, como la jornada de protesta del Conicet pautada para ese día).

Gran parte del conflicto tiene que ver con las contrataciones a trasvés de la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (ACARA), un ente cooperador que a partir de legislación de la década de 1980 permite contratar personal para el Ministerio de Justicia. “Vamos a seguir cerrando registros, como prometimos, pero queremos encarar una reforma de fondo del sistema”, dijo en julio Cúneo Libarona, apuntando directamente contra el mecanismo de Acara.

“Siempre se planteó como la ‘caja negra’. En realidad tiene que ver con acuerdos políticos que existieron desde que el sistema se creó, no tiene que ver con los trabajadores. Hoy Acara es parte de un sistema registral que fue copiado de otros lugares del mundo y las modificaciones que se están haciendo no garantizan seguridad”, advirtió López. “Sin Sistema registral no hay Ministerio de Justicia” y “Sin trabajadores del Estado no hay seguridad jurídica” fueron algunos de los lemas que eligió ATE durante su reclamo a lo largo de este año.

“De cinco mil trabajadores que somos, quieren que queden dos mil. De los 2.800 de Acara van a despedir 1.500, y 1.300 van a pasar a una contratación fraudulenta con merma de salario por debajo de la línea de la pobreza, con pérdida de antigüedad y todos los derechos laborales de los cuales gozamos hoy. Los despidos empezaron el viernes y son masivos”, lamentó una trabajadora contratada a través de Acara. “Es una situación muy triste para la gente que trabaja y para la que se queda sin Ministerio, sin sus funciones, porque va a quedar reducido a un lugar de lobby para el Poder Judicial y va a costar mucho reconstruirlo”, sostuvo un abogado que frecuenta el área.

López, delegado de ATE, aclaró que los despidos no sólo tienen que ver con Acara y que afectan a distintas áreas. “Si bien se da en medio de los despidos en general en el Estado, hay ensañamiento con el Ministerio de Justicia, con desmantelamiento de áreas. Hay un crecimiento de la trata de personas y desmantelan el programa de trata. Echan a la gente más valiosa en el programa de protección de testigos. Todo esto está desapareciendo y va a terminar en un crecimiento del delito. Porque cuando el Estado se retira entran otras organizaciones y eso nos hace vivir peor”.

Repudio al desmantelamiento en la Secretaría de Derechos Humanos