En una ciudad donde escasean los espacios públicos y verdes, donde proliferan las torres vacías pero alquilar un departamento es una odisea y comprarlo casi una utopía, el gobierno de Jorge Macri pretende que esta semana que comienza se trate y apruebe la modificación del Código Urbanístico (CUR) que regirá las edificaciones en el distrito por los próximos cuatro años.
Organizaciones sociales y barriales denuncian que sus demandas no fueron tenidas en cuenta y que no hay planificación urbana ni ambiental. Que los cambios propuestos enmascaran un objetivo: continuar con los negocios inmobiliarios y las torres, en medio de una crisis habitacional que hace estragos y una Ciudad en la que no solo se mantiene la misma población desde hace décadas, sino que además su vicejefa de gobierno, Clara Muzzio, alertó que «mueren más personas de las que nacen». Si hay cada vez menos habitantes, ¿por qué la necesidad de más torres?
El 30 de julio Macri envió a la Legislatura su proyecto para modificar el CUR. “Nos guía un objetivo muy claro: respetar la identidad de cada barrio. No vamos a permitir más que en las zonas residenciales se construyan edificios que no cuiden la esencia de cada manzana y vamos a promover desarrollos solo en avenidas con la infraestructura adecuada”, destacó por entonces, en el afán de contrastar con el descontrol que generó el Código de 2018 impulsado por su antecesor y compañero de partido, Horacio Rodríguez Larreta.
Entre los “ajustes” que el oficialismo quiere incorporar se destaca un sistema de compensación para desarrolladores que construyan en el sur porteño: como «premio» se les otorgarán permisos para edificar la misma cantidad de metros en zonas más atractivas para desarrollos inmobiliarios, sobre avenidas. Esto es, más torres –de hasta 90 metros– para el norte.
El proyecto de ley N° 2120-J-2024 se debatió en comisiones durante las últimas semanas y la meta del oficialismo es que se trate en la sesión del jueves 26 para una aprobación en primera lectura. Quedarían pendientes hasta su sanción definitiva, una audiencia pública y la segunda votación. Proyectan que el tema esté cerrado antes de fin de año. No sin tensiones en el camino.
La voz de los barrios
“Desde un principio fuimos muy críticos de cómo se encaró este proceso, porque debió hacerse con un mayor nivel de planificación, de actualización del Plan Urbano Ambiental. Con este proyecto recogen algunos de los reclamos, como recuperación del pulmón de manzana y algunas bajas de alturas en barrios en emergencia, pero no abordan uno de los problemas más graves: el de los usos en barrios saturados. Hay que abordarlos uno por uno”, sostiene la legisladora Claudia Neira, de Unión por la Patria. Entre los barrios con situaciones más urgentes señala a Devoto, Parque Chas, Chacarita y Palermo.
“Como oposición teníamos dos opciones: decir ‘no’ y listo, o pedir que se trate artículo por artículo de cara a la sociedad. Pudimos ampliar algunos consensos con el radicalismo, con Confianza Pública, hubo sectores de la izquierda que trabajaron mucho. Distintos actores que coincidimos en la necesidad de discutir artículo por artículo. Y cuando discutís de cara a la gente con el Ejecutivo hay algunas cuestiones que no se sostienen. Lo que se va a terminar votando va a ser algo bastante incompleto. No estoy de acuerdo con que se trate el 26. Tenemos que darnos más tiempo. Porque cuando se discute a fondo, se puede mejorar”, propone en diálogo con Tiempo.
Durante el debate, Neira remarcó que “es sustancial incorporar la preocupación de los barrios más afectados, que no parecen estar entre las prioridades de esta propuesta”. Puso como ejemplos los casos de Constitución, donde vecinos y vecinas piden que el barrio sea declarado zona de desarrollo prioritario, y de Flores y Floresta, ocupados por grandes depósitos textiles, en los que se reclama un plan de reconversión. “Pero si hay una medida que muestra la falta de planificación de este código es el cambio de uso del suelo en un sector del Parque Olímpico, con el objetivo de instalar una cárcel para 700 detenidos. Sí, allí donde cientos de chicos y chicas llegan para practicar deporte”, cuestionó.
“Vamos a promover desarrollos solo en avenidas con la infraestructura adecuada“
Discrecionalidad y excepciones
El Observatorio por el Derecho a la Ciudad, con una mirada muy crítica sobre el proyecto de Macri, convocó el viernes a una protesta ante la Legislatura, cuando se preparaba la firma del despacho de la normativa. El referente del espacio, Jonatan Baldiviezo, denunció que “no es un código que aborde el problema habitacional, las necesidades de más espacios públicos o infraestructura verde. Tampoco la crisis climática, porque construir viviendas por construir va en contra del clima. Es un código netamente encarado para que los negocios inmobiliarios continúen”.
Sobre los cambios que propone el Ejecutivo, sostiene que tienen que ver con “enmascarar ese interés real”, a través de “cuestiones como proteger los barrios de casas bajas, un reclamo de estos años. Son como pequeñas concesiones que el GCBA plantea como eje, pero el eje es lo otro”. Además, advirtió que “por más que se baje un poco la altura con este nuevo código, la emergencia va a continuar porque se va a seguir en muchos casos con la vieja normativa. Las asambleas están diciendo que es una gran trampa: en los meses anteriores todos los que querían construir ya presentaron sus papeles”.
Baldiviezo apunta también contra la “discrecionalidad que está pidiendo el Ejecutivo a la Legislatura”, en relación a las facultades que tendría para decidir sobre excepciones a la nueva normativa. “La primera gestión del PRO usaba las interpretaciones para aprobar excepciones. Eso generaba inseguridad jurídica porque íbamos a la Justicia y se frenaba. Con Larreta quisieron darle seguridad jurídica y surgieron los convenios urbanísticos: las excepciones pasaron del Ejecutivo a la Legislatura. Ahora Jorge Macri quiere lo peor de ambas cosas: que las excepciones vuelvan al Ejecutivo pero legalizadas por la Legislatura, por delegación de facultades”. El titular del Observatorio apunta que eso mismo hizo el mandatario en Vicente López.
Igual que la oposición parlamentaria, esta organización planteó que “falta discusión democrática. No se puede aceptar que tenga menos debate que el código anterior”. Y preparan una acción judicial.
Para Ana Bas, del colectivo Basta de Demoler, el nuevo CUR propuesto “insiste con el enrase: que se pueda construir hasta la altura máxima de una manzana, aunque esa edificación haya sido única o una excepción o un ilícito, vuelve con el englobamiento de parcelas apto para construir torres de perímetro libre y la muy peligrosa introducción de la Transferencia de la Capacidad Adicional sin control de la Legislatura”.
En los hechos, todo esto “permite consolidar las alturas sobre Libertador con el daño que ya producen, o avanzar sobre Cabildo que no tiene ese perfil, por ejemplo. Esto aumenta la carga sobre los servicios esenciales, tema del que no se agrega nada. No hay una planificación urbana que incluya protección ambiental, movilidad, servicios básicos, escuela, plaza. Sólo se habla de alturas y posibles metros a construir, incluso donde hay manifiesta saturación”. «
Insólito: quieren prohibir los balcones
La legisladora Claudia Neira, integrante de la comisión de Planeamiento Urbano de la Legislatura, criticó que en lugar de dar lugar a las demandas de los barrios el proyecto oficial “incorpora su agenda y algunas reformas insólitas en zonas de baja densidad como la prohibición de balcones. ¿No hay acaso medidas alternativas para sostener estos espacios que hacen a nuestra calidad de vida?”. En el marco del debate su par Maru Bielli había cuestionado que “si antes las torres eran la excepción, ahora van a ser la regla. Lo cierto es que otra vez estamos ante un modelo de ciudad que no pone en el centro a porteños y porteñas”.
“Este proyecto no aborda uno de los problemas más graves: el de los usos en barrios saturados“
El patrimonio arquitectónico y urbanístico de CABA, siempre en riesgo
El proyecto del gobierno de Jorge Macri tiene un anexo sobre un tema que siempre genera polémica: los inmuebles con valor patrimonial. La normativa propuesta apunta a la conservación y revalorización del patrimonio urbano mediante la catalogación de 4.354 inmuebles con valor arquitectónico. El tema no está saldado, ante una gestión que responde a la misma línea política que sus antecesoras, que no acataron las medidas de preservación de ese patrimonio ni los reclamos por vía judicial.
“Cuando en el año 2010 se quiso voltear la Ley 2.548, que dice que el Ejecutivo tiene que hacer un catálogo de los bienes patrimoniales públicos y privados anteriores a 1941, Basta de Demoler pidió un amparo que se otorgó. Desde entonces y hasta mayo de este año, que la Cámara de Apelaciones lo rechazó por enésima vez, el Ejecutivo no cumplió con la manda judicial”, alertó Ana Bas, referente de Basta de Demoler. “Ahora presentan más de 4.000 inmuebles para que sean protegidos como corresponde. Falta aún que presenten el análisis de los 140.000 que existen. Han pasado más de 13 años de negligencia de los funcionarios del Gobierno”.
Entre las obras patrimoniales que hoy no se encuentran debidamente protegidas en CABA, Bas citó como ejemplos el inmueble de Solís 1835 (“art Nouveau con excepcionales cerámicos en la fachada”) y la Casa Anda del arquitecto Virginio Colombo, en Entre Ríos 1081. También la propiedad de Arenales al 1600 de los arquitectos Eduardo María Lanús y Pablo Hary, y el célebre Tattersal de Palermo.
La Casa Anda fue noticia a mediados de año, cuando la legisladora de La Libertad Avanza María del Pilar Ramírez presentó un proyecto para descatalogarla del “nivel de protección cautelar” que le otorga el actual Código Urbanístico. Con el argumento de que hay peligro de derrumbe, propuso esa medida previa a la demolición. Espacios como la Junta de Estudios Históricos de San Cristóbal venían reclamando hace años sobre la situación de este inmueble. Sin negar los riesgos edilicios, proponen que se busquen alternativas a la demolición y se evalúe la posibilidad de darle un sentido comunitario.
