En el marco de la incipiente recuperación de la construcción impulsada por la obra pública que se aceleró en el último trimestre, la noticia de la apertura de la importación de viviendas prefabricadas volvió a llenar de incertidumbre al sector. Funcionarios reconocen off the record la noticia que en febrero anticipó el portal Letra P: que la compra ya está acordada y que los detalles se ultimarán la semana que viene cuando Iván Kerr, titular de Desarrollo Urbano y Vivienda, llegue a China.

Las 15 mil casas llegarán a la Argentina en dos tandas de 7500 y serán destinadas para los planes de viviendas sociales. Pese a la confirmación oficial desde la UOCRA que conduce Gerardo Martínez señalan que la operación no se hará y que “el acuerdo está muerto”.

Desde el sindicato que conduce Martínez agregan que “En la mesa de seguimiento de la construcción Ricardo Delgado, que está con (Rogelio) Frigerio, descartó esa iniciativa frente a representantes del gremio y de la Cámara Argentina de la Construcción (CAC)”, sin embargo advierten: “Con estos tipos nunca se sabe”. Por lo tanto, desde la UOCRA señalan que “en caso de cerrarse el acuerdo estarían vulnerando un compromiso asumido ante el sector gremial y el empresario”

A diferencia de lo expresado por la UOCRA, los empresarios argentinos que se dedican a la construcción de casas prefabricadas dieron por cerrada la operación. En ese marco manifestaron su preocupación por el acuerdo que el Gobierno trabaja desde hace un año, que cerrará la semana que viene y que, tal como lo anticipó Letra P, será parte de los anuncios del Mauricio Macri cuando finalice su gira por China prevista para mayo.

En ese marco, el miércoles por la noche se llevó a cabo una reunión en la que participaron los empresarios y funcionarios de segunda línea del Gobierno Nacional. Allí con un poco de resignación los empresarios, conscientes de la imposibilidad de frenar la importación y de competir con los costos pidieron “que de alguna manera se los incluya en el negocio”.

Por su parte, la Federación Argentina de la Industria Maderera y Afines (FAIMA), a través de un comunicado expresó su “preocupación y la de sus 27 cámaras asociadas en todo el país por los trascendidos en referencia a la compra de casas chinas por parte del Gobierno Nacional en el marco de sus planes de vivienda, en detrimento de la consideración de opciones locales competitivas, como ser, el uso de madera en la construcción”.

La importación no sólo estaría a cargo de la Nación, sino que provincias como Misiones y Mendoza quieren seguir el mimo camino.

Otro de los gremios que ya se expresó al respecto fue la Unión Obrera Ladrillera, que conduce Luis Caceres, y que llevó una bandera con la inscripción “no a las casas chinas” a la última movilización de la CGT.