La «opción militar» para Venezuela que el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que considera como una posibilidad, fue respondida ayer con dureza por el gobierno de Nicolás Maduro en un comunicado en que señala que «la temeraria amenaza del presidente Donald Trump pretende arrastrar a América Latina y el Caribe a un conflicto que alteraría permanentemente la estabilidad, la paz y la seguridad de nuestra región». El rechazo llegó también desde varios gobiernos regionales, aun los enfrentados con Venezuela, y dio lugar a una tibia y ambigua declaración del Mercosur, difundida por la Cancillería argentina, aunque el bloque es presidido hoy por Brasil.
La oposición venezolana nucleada en la MUD eligió en cambio el silencio, en días en que la Asamblea Nacional Constituyente, que rechazan, sesionó activamente dictando varias resoluciones, entre ellas adelantar las elecciones de gobernador a octubre y la ratificación del presidente en su cargo.
Las declaraciones de Trump en una conferencia de prensa el viernes desde New Jersey llegaron horas después de que el gobierno de Maduro intentara un llamado a entablar relaciones «de altura, igualdad y cooperación» con Washington sobre la base «del respeto mutuo». Según la Casa Blanca, este llamado fue rechazado por Trump «hasta que se restablezca la democracia en Venezuela».
Desde su club de golf en Bedminster, donde está de vacaciones, Trump dijo tener «muchas opciones para Venezuela, incluyendo una posible opción militar». Además observó que su país tiene «tropas en todo el mundo en lugares muy lejanos, Venezuela no está muy lejos y la gente está sufriendo y se está muriendo».
Ante esto, Maduro reclamó que «las organizaciones internacionales y foros multilaterales de la región y del mundo reafirmen la vigencia de las normas del derecho internacional y pongan freno a la más agresiva acción del imperio estadounidense contra el pueblo venezolano en más de 100 años».
«Ahora sabe el mundo: quienes estaban contra Maduro solo buscaban la intervención militar del imperio», declaró el presidente boliviano, Evo Morales, tras la amenaza de Trump. Otros mandatarios o representantes de gobiernos se hicieron eco. Los cancilleres de Chile y Brasil rechazaron una posible intervención militar de EE UU. También los gobiernos de Perú y Colombia. Pese a este gesto, todos mantienen una activa campaña contra Maduro y la ANC, lo cual quedó plasmado en la Declaración de Lima rubricada por 12 países el pasado 8 de agosto, en la que decretan la «ruptura del orden democrático» en Venezuela, y por la que el jueves Perú expulsó al embajador venezolano de su territorio.
Hasta el expresidente mexicano, Vicente Fox, le dijo a Trump por Twitter que «solo un imbécil libraría una guerra contra un vecino».
Hasta ayer, el gobierno argentino no había hecho declaraciones. «El silencio de Mauricio Macri y (el canciller) Jorge Faurie sobre la amenaza militar de Trump a Venezuela hace mucho ruido. ¿Estarán pensando acompañar la aventura?», se preguntó el diputado vicepresidente 1º de la comisión de Relaciones Internacionales del Congreso, Guillermo Carmona. En su lugar, la Cancillería difundió un ambiguo comunicado que dice que «el Mercosur rechaza el uso de la fuerza para establecer el orden democrático», aunque se dedica a criticar la ANC y a recordar que el organismo le aplicó a Venezuela la suspensión establecida en el Protocolo de Ushuaia. No alude directamente a la amenaza belicista del estadounidense, aunque sostiene que «el repudio a la violencia y a cualquier opción que implique el uso de la fuerza es insoslayable y constituye la base fundamental de la convivencia democrática, tanto en el plano interno como en las relaciones internacionales».
El silencio fue también local, por lo menos en lo que refiere a los principales dirigentes de la opositora Mesa de Unidad Democrática (MUD). Hasta el cierre de esta edición, Henrique Capriles, Julio Borges, y los detenidos Leopoldo López y Antonio Ledezma o sus voceros, entre otros, no habían emitido declaración alguna sobre el tema. Tampoco María Corina Machado y Henry Ramos Allup, que ya no son parte de la Mesa. La estrategia de este sector opositor ha sido buscar la presión internacional para forzar el final del gobierno madurista con apoyo del gobierno de los Estados Unidos y es posible que manifestarse en contra de su principal aliado pudiera entorpecer sus objetivos.
Como poder plenipotenciario, según el artículo 349 de la Constitución Bolivariana, la ANC sesiona desde el viernes de la semana pasada en el salón del extinto Senado, en el mismo edificio donde funciona la Asamblea Nacional, de mayoría opositora. El viernes ratificó en sus cargos al presidente Maduro y a los miembros del Consejo Nacional Electoral, y ayer resolvió adelantar a octubre las elecciones regionales previstas para el 10 de diciembre, lo que supone descomprimir el agitado escenario político venezolano gracias a la movilización electoralista, para la cual casi todos los partidos políticos presentaron candidatos para participar por el puesto de gobernador en los 23 estados federales, con excepción de Vente Venezuela (Machado) y Alianza Bravo Pueblo (Ledezma).
«En virtud de que los procesos electorales, y que el último que llevamos a cabo el 30 de julio no solamente fue un bálsamo, sino que le puso coto a una ola de violencia que sumió al país en el dolor, en la tristeza y en la incertidumbre, en vista de eso, proponemos que las elecciones regionales sean adelantadas para el mes de octubre», expresó Earle Herrera, uno de los tres autores del proyecto aprobado por la ANC. Efectivamente, tras la elección del 30 de julio y pese a denuncias por fraude, aún no fundamentadas, la violencia en las calles se redujo considerablemente. El único incidente violento se produjo el domingo, cuando un grupo paramilitar asaltó la sede de la 41 Brigada Blindada de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), Fuerte Paramacay, en el estado de Carabobo, cuyos autores intelectuales fueron detenidos el viernes, según informó el Ministerio de Defensa. «
