El pasado miércoles el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, brindó el primer informe de gestión en la Cámara de Diputados, donde realizó una férrea defensa del gobierno y negó, entre otras cuestiones, que los jubilados y las jubiladas hayan perdido contra la inflación en estos meses de gobierno de Javier Milei. Un discurso que no sorprende. Mientras ello ocurría, lo más importante sucedía afuera del Congreso, donde las fuerzas de seguridad reprimieron otra vez a los jubilados que reclamaban por el aumento de sus haberes.

En ese marco, el bloque al que pertenezco, Unión por la Patria, se retiró del recinto. No era aceptable avanzar haciendo de cuenta que en la calle no pasaba nada. Ante ello, el presidente de la Cámara decidió levantar la sesión.

Resulta incomprensible que una manifestación tan pacífica, como la que realizan los jubilados todos los miércoles, haya derivado en la represión que se ha podido observar. Sólo se entiende partiendo de la base de que el ajuste no funciona si no hay represión y si no se debilita la capacidad de resistencia de quienes lo sufren.

La lógica del gobierno es la de disciplinar desde el inicio y no permitir ningún tipo de reacción. Sin embargo, en esta oportunidad en la marcha hubo más concurrencia que la semana pasada; y la semana que viene, cuando se trate el veto en la Cámara, seguramente habrá más todavía. Muchas organizaciones están convocando a que se respete lo que aprobaron ambas Cámaras y no prevalezca el veto.

Respecto a la evolución de la economía, los datos de recaudación dan cuenta de las tendencias que cabe esperar. En los ocho primeros meses del año, comparando contra el anterior, la recaudación fiscal en moneda constante (quitando el efecto de la inflación) cayó $ 7,8 billones, pese a que el Impuesto PAIS subió $ 3,6 billones y los derechos de exportación $ 1,3 billones, producto de la buena cosecha. Todos los demás tributos que tienen que ver con la actividad económica mostraron disminuciones: IVA ($ 2,74 billones), Ganancias ($ 2,6 billones), Contribuciones patronales ($ 1,9 billones), Aportes personales a la seguridad social ($ 1,6 billones). Bienes Personales, en tanto, registró una caída de $ 1,5 billones. En septiembre se agregará a este cuadro el efecto de la reducción de diez puntos del Impuesto PAIS.

Ante el deterioro de los ingresos fiscales, producto de la recesión y de las políticas impositivas, es de esperar que se profundice la denominada motosierra, achicando el gasto, para que no se dañe el objetivo del superávit fiscal que tiene este gobierno.

En las redes sociales el ministro de Economía, Luis Caputo, hizo alusión a “cosas que ya están pasando y se van a exponenciar en los próximos meses”. Entre ellas: “los salarios van a recuperar” y “la pobreza va a bajar”. Más allá de algún dato puntual que pueda publicarse, el poder adquisitivo de los salarios no ha dejado de caer, y la pobreza no ha parado de aumentar.

En el mejor de los casos, y con las heterogeneidades de las paritarias de cada rama de actividad, sólo los salarios privados tendrán alguna chance de ajustarse en función de la inflación. Para los trabajadores del sector público no se proyectan aumentos de acá a fin de año, mientras que los no registrados estarán a expensas de lo que decida el “libre mercado”. Es decir, no se avizora una mejora en el poder adquisitivo del salario. Es otra forma de ver el mentado cambio de precios relativos de la economía del que se jacta el gobierno.

Las principales centrales empresarias no dejan de hablar de caída de la actividad y de cierre de empresas, aunque igual apoyan las políticas del gobierno. Una explicación radica en que, además de las cuestiones ideológicas, hay sectores que tienen expectativas de que efectivamente se siga ajustando el gasto y que ello lleve a que el gobierno baje o elimine impuestos.

Si se abre la importación de bienes que se fabrican en el país para que supuestamente bajen los precios internos, lo más seguro es que cierren empresas que producen en el país. Esta situación ya la vivimos.

¿Cómo puede recuperarse la economía, tal como sostienen los funcionarios del gobierno, si no hay un mercado interno demandante? ¿Cómo puede haber un mercado interno demandante si no hay una recuperación de los ingresos? ¿Y cómo puede haber recuperación de los ingresos con estas políticas?

Más allá de los discursos, en la práctica van a seguir recortando subsidios, obra pública y otras partidas. Por eso ya anuncian el veto de la ley para incrementar los fondos para las universidades. Es el recorte de todo aquello que signifique un Estado tratando de hacer viables determinadas actividades o protegiendo a determinados sectores de la sociedad.

La economía bimonetaria

El documento que elaboró Cristina Fernández de Kirchner deja expuestas las inconsistencias del presidente para justificar sus grandes objetivos de destruir al Estado desde adentro y hacer el ajuste más grande de la historia universal. Cristina afirma que el “ultra libertario” Javier Milei no sólo interviene y controla sino que decide tres de los cuatro precios fundamentales de la economía: el del dólar, el del dinero (mediante la fijación de una tasa de interés real ultra negativa) y el del trabajo (al fijar tope para los acuerdos salariales). Sólo se ha liberado el precio de los bienes y servicios (con excepción de las tarifas de servicios públicos).

El texto se centra en la descripción de las implicancias de una economía bimonetaria como lo es la argentina, las distintas “corridas cambiarias” que se han dado en la historia reciente, y la importancia del endeudamiento externo en los desequilibrios de la economía. Cristina sostiene que dado que nuestro país es hoy más caro en dólares que los países desarrollados, la tasa de inflación del 3% o 4% mensual, que “quieren hacernos creer que es un éxito, es una verdadera tragedia social al producirse en el marco de una profunda recesión económica”.

En lo fundamental, el documento de Cristina es un gran aporte para la sociedad, ya que recupera al debate de fondo el tema de los dos modelos: dos posturas que no son conciliables, sino opuestas. Una sostiene que hay que eliminar el Estado, que la Justicia social es un robo, y que Al Capone es un héroe, y la otra propone un Estado activo, solidario, regulando la economía y fomentando los distintos sectores económicos, con equidad social y, como expresó Cristina, que construya “una nueva estatalidad más vinculada a la comunidad y su organización a través de la participación de sus diferentes estamentos”.

Desde mi perspectiva, es vital incorporar, entre los ingredientes fundamentales del análisis de la economía, cómo impactan la concentración económica y la puja distributiva. Este último concepto, de hecho, está muy emparentado al cambio de precios relativos que impulsa este gobierno, ajustando salarios y jubilaciones y favoreciendo las ganancias de las grandes empresas. Como sostuvo el presidente Javier Milei recientemente en la UIA: “vinimos a achicar el Estado para agrandar el bolsillo a ustedes”.  «