Que lluevan casi 350 milímetros en 4 horas suena imposible de contrarrestar para cualquier distrito en cualquier circunstancia, sin embargo el temporal trágico de Bahía Blanca demostró algunas certezas: que ya sea para prevenir, mitigar o reconstruir, se necesita más Estado y más ciencia. Dos entes denostado por la actual gestión nacional embanderada en el mote de La Libertad Avanza.
Paula Zapperi es Doctora en Geografía, investigadora del CONICET y trabaja en la UNS de Bahía Blanca. Se especializa en Hidrografía Urbana y estudia las inundaciones en esa ciudad. Ya en su tesis doctoral de 2012 anticipaba lo que pasó en Bahía Blanca, describía su ubicación y la importancia de cauces de agua de la zona, resaltando que la localidad se encuentra emplazada en la cuenca inferior del arroyo Napostá cuyo curso la atraviesa en su interior: «En el sector norte se erigen áreas parquizadas en torno a su cauce y aguas abajo se han efectuado obras de entubado», especialmente en lo que respecta al Canal Maldonado.
Y advertía: «el aumento de ocurrencia de tormentas de verano de los últimos años expone a la ciudad a precipitaciones intensas por lo que el mantenimiento y mejoramiento del sistema de desagües pluviales es fundamental para evitar los inconvenientes generados por los anegamientos».
El ataque a las ciencias y las universidades
Eventos como el del viernes pasado demuestra la importancia de escuchar más a los trabajos científicos que los estudian y los alertan. Sin embargo, a comienzos de este año, el Gobierno nacional emitió la Resolución 10/2025, avanzando (una vez más) sobre el sector científico y universitario. Apoyado en los medios afines de siempre, vendió la medida como un ajuste hacia «piqueteros» aludiendo a la disolución de supuestos convenios con ese tipo de asociaciones, que en realidad son ínfimos, casi inexistentes, en el mapa científico nacional. Lo que sí existen son numerosos fondos y alianzas con organizaciones nacionales e internacionales, instituciones del sector y otras jurisdicciones, que se van a perder a causa de la flamante decisión del Ejecutivo: cortan las investigaciones que no estén «al servicio del crecimiento económico y desarrollo estratégico del país».
«Resulta imperioso que la evaluación de los programas se realice verificando su correlato con el Plan Estratégico definido para el 2024-2025, el cual tiene su eje en la redefinición y reorientación de las estructuras institucionales y sistemas de evaluación relacionados con la gestión del conocimiento y la promoción de la ciencia y la tecnología, con una política orientada a la generación de conocimiento y el desarrollo de tecnologías al servicio del crecimiento económico y desarrollo estratégico del país, con asiento en las temáticas de agroindustria, energía y minería, economía del conocimiento y la innovación y salud», plantea la Resolución 10 de la Jefatura de Ministros, liderada por Guillermo Francos, a cargo de la Secretaría de Ciencia.
Y continúa: «Que, en este sentido, corresponderá dar por finalizados aquellos programas cuyos objetos no encuentren asidero en el citado Plan Estratégico. Que las medidas que se adopten deberán realizarse procurando soluciones que reduzcan las contingencias presentes y futuras para el ESTADO NACIONAL y en definitiva de todos los argentinos, minimizando los riesgos y costos a su mínima expresión«.
En ese marco, aceptarán solo las que estén desarrolladas en un valor mayor al 30% de ejecución. El resto entrará «en revisión» o directamente se cerrará. Siempre y cuando no sean los temas de interés del gobierno. El cambio climático y las ciencias sociales, son de los temas considerados «no estratégicos».
Según el gobierno, ajustarán $ 1867 millones destinados a investigación en 70 programas sociales. Desde el organismo explicaron a medios amigos que esos programas «no cumplen con el grado de pertinencia y aporte efectivo al desarrollo» del área. En algunos casos hasta se exigirá la devolución del dinero destinado.
La Federación de Docentes Universitarios (FEDUN), la de Sindicatos Universitarios de América del Sur (FESIDUAS) y la Federación Latinoamericana de Trabajadores Científicos (FEDLATCI) expresaron que la resolución «plantea la eliminación de las investigaciones científicas relacionadas con las ciencias sociales, el medio ambiente y el calentamiento global entre otras, lo que representa un ataque directo al avance del conocimiento y un grave retroceso en las políticas públicas orientadas al desarrollo sostenible y la soberanía científica nacional. Esta medida refleja una postura negacionista que desconoce la importancia estratégica de la ciencia y la tecnología para abordar los desafíos globales y locales».
A raíz de esta Resolución, el bloque de Unión por la Patria denunció penalmente a Francos por «abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público». Incluye un pedido de “no innovar” con la medida del Gobierno.
Advertencias y obras necesarias en Bahía
El periodista de La Nueva, Juan Florín, publicó en las últimas horas que el ingeniero hidráulico Luis Ferraz advertía mucho tiempo atrás que Bahía Blanca era una ciudad vulnerable y que ya en las enormes lluvias de abril de 1980 que afectaron a Azul y Olavarría, Bahía se había salvado por apenas 50 kilómetros porque esa lluvia no cayó sobre la vertiente sur de las sierras.
Mencionó las terribles inundaciones de 1933 y 1944 en el sudoeste bonaerense, con varios muertos: «junto a la de 1884, las últimas grandes en Bahía, pero en ese caso, con 160 milímetros de lluvia, el Napostá alcanzó un caudal de al menos 500 m3 de agua por segundo, obligando a la construcción del canal Maldonado. Y más acá en el tiempo, el 28 de febrero de 2001, 200 milímetros se descargaron sobre la cuenca alta del río Sauce Grande, generando un impresionante torrente de agua que fue a parar al dique Paso de las Piedras».
Es decir, había antecedentes. Y la UNS y la UTN hace tiempo vienen alertando sobre esto: «ya en los 80 el ingeniero Ferraz tenía evaluadas las zonas que se iban a inundar con una lluvia de 200 milímetros. Otros especialistas, como el ingeniero Jorge Luque, señalaron que en una lluvia de 300 milímetros, como la que sacudió a La Plata en 2013, iba a generar inundaciones en toda la ciudad, salvo en la zona alta, es decir, algo muy similar a lo que pasó ahora».
¿Los efectos de una catástrofe de este tipo se podrían haber morigerado? «Se trata de obras muy grandes que son para concretar ante eventos excepcionales, obras que ningún gobierno quiere encarar. Además de mantener en impecable estado el canal Maldonado, el cauce del arroyo Napostá y el entubado, una medida muy necesaria sería reemplazar el antiguo puente ferroviario que está (si es que aún quedó en pie) sobre el canal Maldonado, a la altura de calle Don Bosco, porque eso reduce mucho la capacidad de evacuación del agua hacia el mar. Pero también hay obras más importantes. Principalmente una: la construcción de un dique a la altura del Puente Canessa, que sirva para embalsar el agua del arroyo Napostá, regulando sus crecidas y, al mismo tiempo, generando un lago para uso turístico y agua destinada a la industria».
Apuntó que de las tres obras que históricamente se recomendaron para evitar inundaciones: canal Maldonado, profundización del Napostá y dique en Canessa, sólo esta última no se concretó: «repasemos, el canal puede absorber 260 m3 por segundo, el entubado 40 m3/s como máximo y una lluvia de 200 mm aporta 500 m/s, es decir, las defensas no alcanzan ni por asomo. Imaginate con una lluvia como esta última, que fue bastante mayor».
Capital Humano
Más allá de que en las últimas horas salió en sus redes a intentar proclamar una ayuda para Bahía Blanca (¿habrán destinado a esta ciudad los alimentos a punto de vencerse y las frazadas que tenían amontonadas en los depósitos y que debían haber entregado a los comedores y movimientos sociales?), hay un Ministerio nacional que no se está destacando por su presencia: el de Capital Humano, de Sandra Pettovello.
El 5 de marzo, hace tan solo 72 horas, la ministra y su par de Justicia, Mariano Cuneo Libarona, firmaron el decreto 151/2025 en el que avanzaron con el despido de 2.000 trabajadores de la extinta cartera de Desarrollo Social.
Entre las áreas derogadas (Artículo 14. Anexo 8), se encontraba la Dirección Nacional de Asistencia en Situaciones de Emergencia Social, dependencia que se encontraba bajo la órbita de la Subsecretaría de Políticas Sociales y que podría haber colaborado en la asistencia a los damnificados por el temporal.
Allí también se enmarcaba la Dirección de Emergencias, que tenía a su cargo las coordinaciones de Asistencia Crítica, la de Asistencia Institucional y la de Asistencia Social Directa.
En su decisión de disolver la Dirección Nacional de Emergencias, Capital Humano echó o puso a disponibilidad a sus 485 empleados. Esta Dirección tenía como objetivo brindar asistencia frente a catástrofes con el envío de insumos y profesionales para la contención de las personas damnificadas.
Sin infraestructura hidráulica a nivel nacional
Desde la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN) enfatizan que a la falta de previsión climática en el desarrollo de políticas públicas se le suman decisiones gubernamentales orientadas a la subejecución presupuestaria y la reducción de áreas del Estado claves para el abordaje de emergencias.
Por ejemplo, con la ejecución del proyecto “Apoyo para la Expansión de Obras de Adaptación a Extremos Climáticos” —enmarcado, en el Presupuesto nacional, dentro del programa de «Desarrollo de la Infraestructura Hidráulica», dependiente de la Secretaría de Obras Públicas— cayó de $37.155 millones en 2023 a apenas $46,6 millones en 2024: una reducción del 99,96% en términos reales.
“Esta caída responde a dos factores principales: por un lado, el recorte en el presupuesto vigente del proyecto, que pasó de $37.307 millones a $24.989 millones; y por otro, a la decisión política de ejecutar solo el 0,2% de su presupuesto”, denuncian.
“Las inundaciones en Bahía Blanca constituyen una tragedia que nos obliga a abordar con urgencia la necesidad de adaptarnos al cambio climático para evitar nuevas pérdidas y daños. Esta situación subraya la importancia de que Argentina implemente políticas integrales de acción climática, que contemplen una estrategia nacional de alerta temprana y protocolos que contemplen la salud y el cambio climático; y sostenga un presupuesto adecuado para paliar los daños y las pérdidas que sufre la población con este tipo de eventos, especialmente los grupos más vulnerables”, indican desde la organización ambiental.
Hacerle frente (y adaptarse) al cambio climático
Desde FARN subrayan que actualmente convivimos con impactos del cambio climático que ya son irreversibles, como los cambios en los patrones de precipitaciones o los cambios extremos de temperaturas: «cuando hablamos de pérdidas y daños ya llegamos tarde. El objetivo para prevenir y reducir los impactos de estos fenómenos debe ser la adaptación».
Entre las amenazas climáticas identificadas y reportadas por Argentina en su Primer Reporte Bienal ante la Convención de Naciones Unidas sobre Cambio Climático, se espera un incremento en la frecuencia e intensidad de lluvias torrenciales así como un aumento en el nivel del mar que afectará tanto a la costa argentina como al Río de la Plata: «de acuerdo al reporte, esto podría generar inundaciones permanentes en algunas zonas de nuestro país, sobre todo en la costa sur de la provincia de Buenos Aires».
Remarcan que lo sucedido en Bahía Blanca es una muestra más de cómo el cambio climático está alterando el patrón de los fenómenos climáticos: «la infraestructura de la ciudad no estuvo preparada para manejar los niveles de agua que cayeron en un corto período de tiempo, desbordando la capacidad de drenaje. Esto puso en evidencia la falta de una planificación urbana adecuada, así como de planes de respuesta rápida ante eventos climáticos extremos».
Negar la existencia del cambio climático y sus impactos impide llevar adelante políticas públicas orientadas a prevenir y reducir los daños que vimos durante este fin de semana. Y las advertencias desde la ciencia climática vienen incrementándose hace décadas: «la planificación urbana debe adaptarse a las nuevas realidades climáticas, mejorando los sistemas de drenaje y rediseñando las infraestructuras para resistir eventos climáticos extremos. Además, se debe avanzar en políticas de prevención y en la construcción de una conciencia colectiva sobre la necesidad de un desarrollo más sostenible y resiliente ante los cambios que ya estamos experimentando».
Más obra pública, más Estado
Ante el reclamo de la intendencia y la gobernación, el Gobierno nacional anunció el envío de 10.000 millones de pesos para tareas de «reconstrucción». La pregunta es: si hay plata, ¿no debería el Ejecutivo tomar nota de tragedias como la de Bahía e invertir en obra pública en todo el país en lugar de ufanarse de no hacerlas? Es necesario reconstruir rutas, pero mientras el Estado nacional sigue cobrando el impuesto al combustible, del cual casi un tercio debe ir a Vialidad Nacional para obras viales, en 2024 apenas transfirió menos de la mitad de lo que corresponde. No invertir en infraestructura es sinónimo de perder vidas.
Por las dudas, desde Nación ya advirtieron que «el plan de para reconstruir la ciudad (en referencia a Bahía Blanca) es un tema que tiene que ver con el municipio y con la provincia».
En FARN completan: “la reconstrucción de las comunidades afectadas es solo el primer paso. Es necesario, para reducir la vulnerabilidad del territorio ante las amenazas climáticas ya identificadas y evitar futuros desastres, implementar en su totalidad el Plan Nacional de Adaptación y construir resiliencia en las ciudades”.
