El presidente de Brasil, Michel Temer, autorizó el viernes por decreto el uso de 10.240 militares y policías en Río de Janeiro hasta fin de año debido a la ola de violencia y criminalidad que golpea a la ciudad más conocida del país y que sufre una grave crisis financiera.

La participación de las Fuerzas Armadas en operaciones de orden público en Río de Janeiro fue autorizada en un decreto firmado por el presidente Temer, y publicado en una edición extraordinaria del Diario Oficial.

La ayuda del gobierno federal a la gobernación de Río de Janeiro para garantizar la seguridad prevé un refuerzo de 8.500 miembros de las Fuerzas Armadas; de 620 de la Fuerza Nacional de Seguridad (cuerpo de élite integrado por agentes de todo el país) y de 380 de la Policía Federal de Carreteras.

Otros 740 agentes de la Policía Federal de Carreteras se sumarán a las operaciones pero en las fronteras del país, con la misión de combatir la entrada de drogas y de armas dirigidas a los grupos criminales que actúan en Río. Los militares también reforzarán, cuando sea necesario, el trabajo de los policías de Río de Janeiro, explicó el ministro de Defensa, Raúl Jungmann, en rueda de prensa, citado por la agencia Efe.

«Los militares no participarán en ocupaciones de favelas, como en anteriores ocasiones. Serán usados como último recurso siempre y cuando sea necesario. Pero no descartamos que también ayuden a patrullar las calles», dijo el ministro.

Pese a que el decreto que sorprendió el viernes a los brasileños sólo autoriza el uso de los militares hasta diciembre de 2017 por limitaciones fiscales, el ministro de Justicia, Torquato Jardim, aclaró que la operación se extenderá hasta diciembre de 2018.

«Es un compromiso claro del Gobierno que va hasta el último día del mandato de Temer», indicó. 

Jungmann dijo que las intervenciones de las Fuerzas Armadas en Río estarán pautadas por trabajos de inteligencia previos y serán sorpresivas para tener más efectividad, por lo que no será anunciado en qué momento los militares saldrán a la calle para sus operaciones puntuales.

«Vamos a repetir la fórmula que usamos en los Juegos Olímpicos (que Río organizó el año pasado) y que tuvo tantos resultados. Todas las fuerzas de seguridad actuarán de forma integrada a partir de datos de inteligencia», dijo Jungmann. En lo que va de este año, Río reportó la muerte de más de 90 policías en enfrentamientos y ataques. «Tenemos 800 comunidades (favelas) que viven en estado de excepción», había dicho Jungmann el jueves. 

La intervención militar fue solicitada por el propio gobernador de Río de Janeiro, Luiz Fernando Pezao. La escalada de violencia de los últimos meses en Río coincide con la grave crisis económica que obligó al gobernador a declarar el estado de calamidad financiera (quiebra) por carecer de recursos para cumplir las obligaciones del Gobierno.

Los recortes afectaron los extras destinados a los policías para que aumentaran sus horas de trabajo y la contratación de nuevos agentes, lo que ha reducido el efectivo policial de Río de Janeiro en cerca de 3.800 hombres en los últimos dos años.