La suspensión de las clases a partir del 16 de marzo fue una de las primeras medidas que adoptó el gobierno nacional con el propósito de disminuir el flujo de personas en el marco de la pandemia de CoVid19. Días después se dictaría la cuarentena total que, con sus flexibilizaciones, todavía rige hasta al menos el 10 de mayo. La suspensión del ciclo lectivo, de todas maneras, no implicó el cese del dictado de clases que, en muchísimos casos y en todos los niveles, derivó en la continuidad del vínculo pedagógico bajo formato virtual.
Con todo, y más allá del creciente debate y rechazo a la modalidad por sus evidentes déficit pedagógicos así como por la latente vulneración de derechos laborales sobre los trabajadores de la educación, un nuevo dato que se conoció el lunes pone blanco sobre negro acerca de la viabilidad y el alcance real de ese formato de enseñanza en las actuales condiciones. Según una encuesta realizada por el Sindicato Argentino de Docentes Privados de la Argentina (SADOP), el 63% de los docentes privados no tiene PC propia.
Por ese motivo, según el análisis del gremio, los educadores privados, no disponen plenamente de la que se ha transformado en su herramienta laboral principal. Es que, según el estudio, los y las educadores “deben usar la computadora familiar y repartir su uso diario”.
El dato surge de un primer cruce de datos del relevamiento del cual también surge que “el 51% de las y los docentes privados tienen más de tres cursos a cargo”.
Otro efecto del teletrabajo que aparece destacado en el documento y que también se verifica en otros estudios que reflejan el impacto del «home office» en otras actividades, es el incremento de las horas de trabajo: “el 47 por ciento trabaja más horas de las habituales durante la actual pandemia producto de responder las demandas de cada alumno y padre en cualquier horario”.
Por eso, “el 44% de las y los maestros asegura no lograr desconectarse del trabajo en su casa”.
Las trabajadores de escuelas e institutos privados, además, sufren la cuarentena en forma agravada puesto que, al tratarse de empresas privadas, se ven atravesadas por decisiones particulares motivadas por el afán de lucro de sus dueños.
De este modo emergen denuncias por reducciones de cargos (fusiones de cursos), descuentos salariales unilaterales y hasta cierres amparados en una supuesta mora en los pagos de los aranceles por parte de las familias.
Con todo, y más allá del creciente debate y rechazo a la modalidad por sus evidentes déficit pedagógicos así como por la latente vulneración de derechos laborales sobre los trabajadores de la educación, un nuevo dato que se conoció el lunes pone blanco sobre negro acerca de la viabilidad y el alcance real de ese formato de enseñanza en las actuales condiciones. Según una encuesta realizada por el Sindicato Argentino de Docentes Privados de la Argentina (SADOP), el 63% de los docentes privados no tiene PC propia.
Por ese motivo, según el análisis del gremio, los educadores privados, no disponen plenamente de la que se ha transformado en su herramienta laboral principal. Es que, según el estudio, los y las educadores “deben usar la computadora familiar y repartir su uso diario”.
El dato surge de un primer cruce de datos del relevamiento del cual también surge que “el 51% de las y los docentes privados tienen más de tres cursos a cargo”.
Otro efecto del teletrabajo que aparece destacado en el documento y que también se verifica en otros estudios que reflejan el impacto del «home office» en otras actividades, es el incremento de las horas de trabajo: “el 47 por ciento trabaja más horas de las habituales durante la actual pandemia producto de responder las demandas de cada alumno y padre en cualquier horario”.
Por eso, “el 44% de las y los maestros asegura no lograr desconectarse del trabajo en su casa”.
Las trabajadores de escuelas e institutos privados, además, sufren la cuarentena en forma agravada puesto que, al tratarse de empresas privadas, se ven atravesadas por decisiones particulares motivadas por el afán de lucro de sus dueños.
De este modo emergen denuncias por reducciones de cargos (fusiones de cursos), descuentos salariales unilaterales y hasta cierres amparados en una supuesta mora en los pagos de los aranceles por parte de las familias.
