El cierre de la Agencia Télam tiene tanta carga simbólica como material y social. Javier Milei materializa en esta decisión una línea de gestión que pretende disciplinar a todos los trabajadores de los medios públicos pero también al sistema de medios en general. Télam es una de las principales arterias informativas de un país que tiene muchos problemas de circulación.
La concentración económica, la centralización geográfica de la producción, la dependencia de otras actividades económicas (petróleo, telecomunicaciones, obra pública, energía, finanzas, etc.), la erosión de las grandes plataformas digitales y la tradición gubernamentalista de gestión en medios estatales, afectan la calidad, diversidad y profesionalidad de las noticias, informaciones y contenidos que llegan a todo el país. Télam, al igual que Radio Nacional y algunas empresas privadas, como Cadena 3 o el Grupo Clarín, tiene una extensión y capilaridad territorial que permite la construcción de agendas realmente federales.
La decisión de Milei marca desconocimiento y línea política. Desconocimiento porque el cese productivo de Télam afecta a la cadena de valor periodística, incluso a la privada. Los más de 800 clientes que tiene la agencia están lejos de ser medios bolcheviques, guevaristas, socialistas o comunistas. Los grandes conglomerados mediáticos locales e internacionales contratan los servicios de la agencia porque les provee de una materia prima fundamental para su negocio: información federal generada por periodistas en territorios a los cuales no pueden llegar. Ni hablar de las fotografías. Creer que esta función la puede cumplir Twitter dice mucho sobre el rol y tipo de periodismo que esperan Milei, Adorni y compañía.
Télam también facilita el acceso (abierto y gratuito, algo no menor) a una audiencia nacional e internacional que utiliza su sitio web (pese a no ser su principal servicio) para acceder a noticias de todo el país. Cualquier periodista o profesional que haya publicado en la Agencia conoce de su llegada nacional y de la gran utilidad que esta capilaridad tiene para la circulación de contenidos. La decisión de Milei también bloquea este derecho al acceso a la información. Y lo que es peor, eliminó la posibilidad de acceder a un gran acervo o archivo de contenidos que pertenecen a la sociedad en su conjunto y no al gobierno de turno. Porque, como diría el presidente, lo pagamos con nuestros impuestos.
La línea política marcada es la del desprestigio por el periodismo estatal. Télam es la segunda agencia más grande de habla hispana y la más grande de América Latina. En nuestro continente existen otras agencias estatales e incluso España cuenta con la propia. Corregir los supuestos defectos en el funcionamiento de la agencia –que carga con el reiterado, histórico y poco problematizado sesgo gubernamentalista-, aggiornar su estructura y servicios así como también equilibrar económicamente su funcionamiento (con aumento en el precio de los servicios, por ejemplo) hubiera implicado el reconocimiento del lugar del Estado como garante de la libertad de expresión y el acceso a la información. Pero para Milei, Adorni y compañía, esto es absolutamente irrelevante.
No hay que negarle al gobierno la lógica despreocupación por la libertad de expresión y la viabilidad de la actividad periodística ya que estas son esenciales para el sostenimiento y desarrollo de una sociedad democrática. Otro valor que no parece estar en el decálogo de gestión oficial.
El periodismo es considerado un bien común por la UNESCO, la Unión Europea y las principales potencias mundiales. Este tipo de bienes son entendidos como aquellos productos o servicios esenciales para la vida social —como la educación, la construcción de calles, el alumbrado público, las plazas- y que deben estar disponibles para todos los ciudadanos sin excepción. Dado que, en muchos casos, resulta poco rentable la producción de estos bienes, los Estados cumplen un rol fundamental en el sostenimiento y la viabilidad de estas actividades (con financiamiento y regulación).
Concebir al periodismo como un bien común implica entender el papel fundamental que cumple en el sostenimiento de una sociedad civil democrática por donde circula información fidedigna, generada profesionalmente y lo más independiente posible de poderes políticos y económicos. En estas sociedades democráticas, el periodismo articula agendas de debate público en las que los ciudadanos se involucran de manera abierta y libre. Las sociedades democráticas necesitan, hoy más que nunca, un sistema de medios capaz de generar noticias, agendas y opiniones diversas, independientes, fiables y viables.
Télam es fundamental en este entramado como también lo son otras organizaciones productoras de noticias en el ámbito público y privado. La contaminación informativa, la creciente circulación de campañas de desinformación (algunas de ellas impulsadas desde la propia oficina presidencial) y el viraje del modelo de negocio mediático a la búsqueda del clic tiene en el periodismo profesional un verdadero antídoto.
El ideario mileísta no encuentra en la democracia un pilar del funcionamiento social moderno. Del mismo modo, la vitalidad de un sistema circulatorio (de información, noticias, opiniones, ideas) que oxigene el debate público para robustecer a las instituciones que sostienen al sistema democrático es puesta a prueba. Intentar cerrar Télam es, como se dijo en las líneas de apertura, atentar contra una de las principales arterias de este sistema. «
