Los subsidios a las tarifas de servicios públicos se redujeron casi 20% en términos reales, como producto de la segmentación de usuarios y de los incrementos autorizados a las empresas prestadoras. El cálculo fue hecho por el Instituto Interdisciplinario de Economía Política (IIEP) que depende de la Universidad de Buenos Aires.
De acuerdo a los números elaborados por el IIEP, entre enero y abril de este año el gobierno nacional destinó $ 854.676 millones para subsidiar los servicios de gas, electricidad, transporte y agua. La cifra supera ampliamente los $ 520.198 millones destinados a esos rubros en el mismo período de 2022. Sin embargo, si se descuenta la inflación transcurrida, se verifica una reducción en términos reales del 19,8 por ciento.
El dato se enmarca en la decisión del gobierno de contener el déficit fiscal, uno de los objetivos planteados por el equipo económico. Se trata no sólo de una resolución propia, sino de una de las exigencias planteadas por el Fondo Monetario Internacional (FMI) en el marco del programa de facilidades extendidas suscripto el año pasado.
En ocasión de la última revisión del acuerdo, en marzo del año pasado, el memorándum enviado por el gobierno al directorio del FMI señalaba que uno de los objetivos para 2023 era reducir el déficit fiscal a no más de 1,9% del PBI. Entre otras herramientas, las autoridades se comprometieron a “mejorar la orientación de los subsidios a la energía, el transporte y el agua (al menos en 0,6% del PBI)”.
El ejemplo de Cammesa
Según el reporte del Observatorio de Tarifas del IIEP, la caída se explica “por una reducción real en energía del 25% interanual y en agua del 26,9% interanual. El rubro transporte aumentó los subsidios reales en 1,9% interanual”.
“De esta forma, los subsidios acumulan $ 3492 billones en los últimos doce meses a moneda de abril de 2023. Esto implica una caída real del 22% respecto a igual período anterior y del 25% respecto al pico observado en junio (acumulados entre julio de 2021 y junio de 2022)”, agrega el texto.
La caída se verifica principalmente en el área de energía, la que se lleva casi tres cuartas partes del total de subsidios. Un ejemplo claro lo ofrece Cammesa, la compañía que opera el sistema eléctrico mayorista de todo el país, fija los precios y regula las transacciones entre generadores y distribuidores de electricidad. Las partidas destinadas a esa firma para cubrir la parte de la tarifa que los usuarios dejan de abonar sumaron en el primer cuatrimestre de este año $ 332.222 millones, cayeron 54,6% luego de descontar la inflación y fueron menores, incluso en términos nominales, al período enero-abril de 2022.
También desaparecieron varias partidas destinadas al gas, entre ellas la famosa resolución 46 creada durante el macrismo para estimular la producción. Muchas de ellas fueron reemplazadas por el nuevo plan Gas.Ar. Aún así, la suba de todas esas partidas fue de apenas 14,4% en términos nominales.
A contramano de ese rumbo, se verificaron incrementos sustantivos en dos rubros. Uno de ellos fueron las transferencias a Enarsa, que llegaron a $ 282.517 millones. Según el trabajo, se trata de un incremento de “260,5% interanual real, mayormente explicado por la compra anticipada de barcos de GNL”, lo que permite suponer que en los próximos meses, con las importaciones ya pagadas, habrá una fuerte caída en esas partidas.
Transporte
La otra excepción fue el Fondo Fiduciario del Sistema de Infraestructura del Transporte, que recibió 56,9% más, en términos reales. Desde allí se efectúan los pagos a las empresas de autotransporte de pasajeros para subsidiar los viajes, principalmente en Buenos Aires y alrededores. Sin embargo, en los últimos meses el Ministerio de Transporte dispuso un aumento del 40% en el área metropolitana y una actualización mensual hasta junio según la inflación, lo que también bajaría los aportes del Estado para ese fin.
La tendencia a la baja en el global destinado a subsidios podría profundizarse con los nuevos cuadros tarifarios de electricidad dispuestos desde este mes. La quita de subsidios para los sectores catalogados como N1 (mayores ingresos) significará un incremento en la boleta final cercano al 90%.
En esa categoría, que abarca a alrededor del 30 por ciento del universo total, se encuentran los hogares con ingresos mensuales superiores a 3,5 canastas básicas totales (unos 670 mil pesos, a valores de abril pasado), pero también otros que están por debajo de esa cifra y que por diferentes motivos no cumplimentaron el trámite para mantener los subsidios. Por esa razón, el gobierno decidió mantener abierto el registro donde se realizan las solicitudes. «
El Fondo Monetario estira la discusión
La discusión por la renegociación del acuerdo con el FMI se sigue estirando. Las negociaciones se desarrollan de manera virtual y por ahora no hay fecha para un viaje de alguna de las partes en el que se sellen las modificaciones. «El foco de las discusiones es fortalecer el programa teniendo en cuenta el impacto de la sequía», dijo Julie Kozack, portavoz de la entidad.
Si bien la vocera aludió a la «quinta revisión» del programa vigente, en el Ministerio de Economía insisten en que será una reforma integral. Entre otras cosas, apuestan a que entren a tallar nuevas variables, como el monto de las exportaciones (rubro en el que la sequía hizo mella), para determinar los pagos a realizar.
La reducción de ingresos de divisas por el fenómeno climático es de entre 13 mil y 20 mil millones de dólares, según diversas estimaciones. El gobierno quiere rearmar sus reservas de divisas y busca que el FMI adelante todos los desembolsos previstos para 2023, que suman unos U$S 10.800 millones. El monto no alcanza a compensar los daños de la sequía. Por eso no parece que las dificultades para precisar ese perjuicio sean la causa de la demora.
