Un fuerte recorte en el gasto público de 36,4% en términos reales fue la clave para que el gobierno obtuviera, por segundo mes consecutivo, un superávit fiscal. De acuerdo al informe oficial de la Secretaría de Hacienda, el balance primario dio un saldo positivo de $ 1.232.525 millones. Si se descuentan los intereses pagados en el período ($ 894.412 millones), el resultado financiero también fue positivo en $ 338.112 millones.

De esa manera, en el primer bimestre del año el superávit neto acumulado es de $ 856.520 millones. El ministro de Economía, Luis Caputo, celebró el resultado en sus redes sociales con un emoji de la bandera argentina y arrobando al presidente Javier Milei, para contarle el balance favorable de su gestión.

Para el gobierno es un dato ampliamente auspicioso porque le prometió al Fondo Monetario Internacional que en el primer trimestre obtendría un superávit primario (antes del pago de intereses) de $ 962.000 millones. Aun cuando marzo diera negativo, la meta está casi asegurada.

Sin embargo, una mirada un poco más profunda de los números deja un saldo diferente. Por de pronto, una vez que se hace el ajuste por inflación, los ingresos totales de febrero se redujeron 6,3% interanual. Aun cuando la composición de los impuestos que recauda el gobierno es distinta (bajó Ganancias y se disparó el impuesto PAIS, que fue generalizado a casi todas las importaciones de bienes y servicios), la caída es un llamado de atención si se considera que la recaudación tributaria siempre está vinculada a la actividad económica. Entre los que más cayeron están los aportes y contribuciones a la seguridad social, que se redujeron 22% a la par de los salarios de los trabajadores registrados.

Para el Centro de Economía Política Argentina (CEPA), “el superávit no es producto de un incremento en la recaudación sino de un brutal derrumbe del gasto. Este es explicado por la caída de todas las partidas presupuestarias, la mayoría con reducciones reales de dos dígitos”.

Según el informe fiscal publicado por ese centro, “de cada 100 pesos de ajuste en febrero, 35 pesos correspondieron a recortes en jubilaciones, siendo el principal factor explicativo de la reducción real del gasto. Le siguen en importancia los gastos de capital, que aportaron el 23,7% del ajuste total, y los subsidios económicos, principalmente energéticos (por la falta de transferencias a Cammesa), que impactaron en la suba de tarifas tanto de transporte como de gas y luz”.

El CEPA también consignó que las transferencias a provincias se redujeron 85% en términos reales, principalmente por la eliminación del Fondo de Incentivo Docente y del Fondo de Fortalecimiento Fiscal de la Provincia de Buenos Aires. En gastos de capital, la disminución real fue todavía mayor, de 88%, “con una ejecución prácticamente nula debido a la decisión de paralizar la obra pública. La inversión en infraestructura fue mínima, alcanzando niveles no vistos desde febrero de 2017”.

Superávit fiscal: qué pasará con Cammesa y los pagos a las provincias

Aun cuando resulte novedoso obtener dos meses consecutivos de superávit financiero en una economía habituada al déficit fiscal, la posibilidad de sostener en el tiempo esa racha es una incógnita. El Ejecutivo necesita una relación fluida con las provincias para poder destrabar proyectos clave en el Parlamento, como la Ley Bases (que debió ser retirada de Diputados por falta de consenso) y el DNU, cuya validez fue rechazada por el Senado. Por eso será difícil que el ajuste en las transferencias a esas jurisdicciones (que el mes pasado sólo recibieron $ 19.606 millones por fuera de la coparticipación) se pueda mantener.

Además de la cuestión política, hay otras vinculadas a la gestión; por ejemplo, la situación de Cammesa, la empresa que coordina la oferta y demanda entre generadoras y distribuidoras de electricidad. La compañía informó que ante la falta de giros por parte de la Secretaría de Hacienda “no es posible cubrir en tiempo y forma la totalidad de las diferencias entre lo recaudado a los agentes demandantes y los montos que efectivamente habrá que abonar a los agentes acreedores del Mercado Eléctrico Mayorista”.

Por esa razón la Secretaría de Energía dispuso el lunes, a través de la resolución 34/2024, que Cammesa deberá otorgar preferencia al pago a las empresas transportadoras de electricidad. La norma es una admisión de que la frazada es demasiado corta para cubrir a todos los actores del sistema y que la táctica del “pagadiós” para maquillar las cuentas fiscales no podrá sostenerse por mucho más.