Los juicios de lesa humanidad continúan en todo el país a pesar de las políticas negacionista del gobierno nacional que apuntaron desde diciembre de 2023 a desfinanciar y suprimir las dependencias del Ejecutivo que sostenían las políticas de Memoria, Verdad y Justicia.
Según un informe estadístico difundido por la Procuraduría de Crímenes de Lesa Humanidad (Proculesa), desde 2006, cuando se reanudaron los procesos judiciales por violaciones a los Derechos Humanos cometidas por el Terrorismo de Estado, fueron condenadas 1197 personas y 199 resultaron absueltas en el marco de las 340 sentencias dictadas en el país.
Desde el comienzo del gobierno de Javier Milei, se desmontaron y debilitaron áreas de investigación como los Equipos de Relevamiento y Análisis (ERyA) del Ministerio de Defensa, la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad (Conadi) –que trabaja para recuperación de la identidad de los niños y niñas nacidas en cautiverio durante la última dictadura— y se redujo el personal y el presupuesto de áreas de investigación en la Secretaría de Derechos Humanos.
No obstante, las investigaciones por crímenes de lesa humanidad persisten en el Poder Judicial por el impulso del Ministerio Público Fiscal y las querellas que representan a las víctimas.
En ese sentido, el relevamiento de Proculesa, al cual tuvo acceso Tiempo Argentino, consigna que 502 personas fueron imputadas y otras 27 aguardan la resolución de sus situaciones procesales tras haber sido indagadas.
Los datos de Proculesa, un organismo dependiente de la Procuración General de la Nación que se encuentra anualmente dirigido por la fiscal general Ángeles Ramos, dio a conocer esta información en vísperas de conmemorarse el 49°aniversario del golpe de Estado del 24 de marzo de 1976.
En ese sentido, se recuerda que en la actualidad se llevan a cabo 14 juicios orales y públicos en distintas jurisdicciones federales, en las cuales se tramitan además otras 63 causas y existen otras 258 que están en la etapa de instrucción.
En porcentajes, de las 675 causas que se instruyeron por crímenes de lesa humanidad, el 51% (340) se encuentran con sentencia firme; un 38% (258) están en la etapa de instrucción; un 9% (63) están elevadas a la etapa del debate y un restante 2% (14) están pendientes de juicio oral.
Entre los juicios que se están realizando se destacan causas como “El Villazo”, en Rosario; la Masacre del Pabellón Siete en Capital Federal; Zona V, en Bahía Blanca; Comisaría Octava y Comisaría Quinta en La Plata; La Huerta y Subzona III en Mar del Plata y “D2” en Mendoza.
En la fase de instrucción, se encuentran procesadas por delitos de lesa humanidad unas 401 personas, mientras que 118 resultaron sobreseídas y otras 158 se vieron beneficiadas con la falta de mérito en las causas en las cuales estuvieron imputadas. Estos datos comprueban las garantías legales que existen para las personas que están acusadas en este tipo de procesos que se siguen en Argentina en función de la anulación en 2003 de las leyes de impunidad y los indultos presidenciales de Carlos Menem.
En cuanto a los imputados por estos crímenes perpetrados en los tiempos del terrorismo de Estado, el informe señala que 615 se encuentran detenidos y 1489 siguen los procesos en libertad. En tanto, otros 33 están imputados.
En ese sentido, el informe indica que desde 2016, la cantidad de personas en libertad acusadas por delitos de lesa de lesa humanidad “empieza a superar —y se aleja año a año— a la de las personas sujetas a una medida de coerción”.
Al respecto, se remarca que, “de las 615 personas privadas de su libertad, 498 gozan del beneficio del arresto domiciliario, 61 transitan su detención en unidades penitenciarias y otras 56 se encuentran alojadas” en la unidad carcelaria de Campo de Mayo.
En cuanto a los delitos sexuales cometidos en el contexto de la aplicación del plan sistemático de exterminio cometido por el terrorismo de Estado, Proculesa reportó que en el país se dictaron, desde 2006, “338 sentencias, de las cuales 58, un 17%, abordaron delitos de violencia sexual”.
En consecuencia, de las 1197 personas condenadas, 170 recibieron penas por haber ejercido violencia sexual contras sus víctimas en los centros clandestinos de detención ilegal.
En ese sentido, se recordó que la primera sentencia por delitos de violencia sexual cometidos en el contexto de crímenes contra la humanidad se dictó en 2010 por el TOF de Mar del Plata, en el caso de la prisión perpetua que recibió el exsuboficial de la Fuerza Aérea Gregorio Molina.
En los años que siguieron, los tribunales dictaron sentencias que incluyeron delitos de violencia sexual. Sólo en 2023 hubo seis sentencias en ese sentido, cifra que constituyó el pico en los registros anuales en este tipo de crímenes.
Proculesa afirma que el procesamiento de estos delitos es posible por las instrucciones que tienen los integrantes del Ministerio Público de “adoptar las acciones necesarias para requerir su investigación y sanción de forma autónoma, sin subsumirlos en otras figuras delictivas, como por ejemplo la de aplicación de tormentos”.
