Los humedales de la Argentina transitan días críticos. Pero el sector político no los tiene como prioridad, y por tercera vez en ocho años el proyecto de ley que los protege está por perder estado parlamentario. Mientras tanto, crisis climática, incendios intencionales, actividades extractivistas, negocios inmobiliarios y el agronegocio van lacerando los principales espacios ambientales con los que cuenta el país, defensas naturales clave ante la emergencia climática.

El epicentro es el Delta del Paraná. Carpinchos, tortugas, teros, sapos y serpientes huyeron, perdieron su hábitat o murieron calcinados con las quemas intencionales de 2020, que destruyeron más de 700.000 hectáreas: el equivalente a una Ciudad de Buenos Aires y media. Antiguos ceibos y timbós blancos ardieron casi por completo. Ellos figuran entre las 83 especies afectadas por los fuegos.

El dato fue uno de los hallazgos principales de una tarea científica realizada a pulmón, que será publicada en la revista especializada Biodiversity and Conservation. En plena cuarentena, biólogos y estudiantes de la Universidad Nacional del Litoral (UNL), la Universidad Autónoma de Entre Ríos, el Conicet y el Foro Ecologista de Paraná documentaron el desastre: se dirigieron a 17 humedales del Delta incendiados entre julio y septiembre de 2020, el año con más focos activos registrados en Argentina. Cuando llegaron, en medio de las llamas en algunos casos, o recién apareciendo las cenizas en otros, identificaron que, pasadas entre 24 y 196 horas, la vegetación se había reducido a la mitad. Y transcurridos cuatro meses, el 70% de los humedales relevados aún no habían tenido revegetación.

“Es llegar a un lugar que rebosa de mucha vida y de golpe se encuentra reducido a cenizas. Es muy triste”, grafica a Tiempo Andrés Attademo, doctor y docente en Ciencias Biológicas de la UNL. “Encontrar animales que no habían podido escapar de las llamas fue un panorama espantoso”.

Andrés aún recuerda las llamas, que alcanzaron los 4,20 metros de altura y quemaron el suelo a una profundidad de hasta doce centímetros. Rafael Lajmanovich, también de la UNL, destaca que fue el único trabajo científico que cuantificó el efecto de los incendios sobre la fauna y la flora de la región: “Nos autoconvocamos porque no podíamos entender cómo nadie hacía nada o salía a registrar lo que estaba pasando. Solo se veían reuniones de Zoom”. Aunque resalta que los “verdaderos héroes” fueron “los ambientalistas, bomberos y brigadistas que salían a apagar fuegos y rescatar fauna”, la tarea científica tampoco fue fácil: rigurosa metodología, muestreo a pie en zona de desastre y un año de análisis de los archivos del satélite Sentinel 2 de la Agencia Espacial Europea.

Un avance presentado en el II Encuentro Nacional de Restauración Ecológica advierte que entre 2020 y 2021 se quemaron más de 700 mil hectáreas solo en el Delta. Estos incendios –la mayoría para el rebrote de hierbas destinadas al ganado– son habituales en la región, pero no constituyen la única amenaza: los monocultivos transgénicos y los desarrollos inmobiliarios también destruyen humedales.

“Al incrementar el área de siembra en todo el litoral, también aumenta la cantidad de agroquímicos que se aplican”, explica Attademo, que se especializa en medir el impacto de estas sustancias tóxicas en anfibios locales. “Ellos son nuestros canarios en las minas”. Así como estas aves alertan sobre los peligros bajo tierra, los anfibios tienen “una piel muy sensible a cualquier cambio en el ambiente”. Analizándolos pueden percibir el grado de contaminación de la tierra. Pero en el último tiempo, a los fuegos y los contaminantes se agregó la bajante histórica del río Paraná.

Contrarreloj

Entre otros objetivos, los científicos que realizaron el trabajo sobre el Delta buscaron concientizar sobre la urgencia de la Ley de Humedales. Ya transcurrió más de un año del dictamen de la Comisión de Recursos Naturales y Conservación del Ambiente Humano de Diputados. Contrarreloj, más de 380 organizaciones reclaman que se lleve a cabo un plenario de las comisiones que faltan para que el proyecto llegue al recinto y reciba media sanción antes del 31 de diciembre. De lo contrario, perderá estado parlamentario y volverá a cero, tal como sucedió en 2013 y 2016.

“Es una pena que esta ley no se trate, considerando que el 20% de todo nuestro territorio nacional está conformado por estos ecosistemas”, subraya Attademo. Veintitrés de ellos son sitios Ramsar de importancia internacional. Su capacidad para retener dióxido de carbono los vuelve estratégicos para mitigar la crisis climática, que genera eventos extremos cada vez más frecuentes e intensos. Aunque su destrucción no es una particularidad local (hay un 85% menos desde la Revolución Industrial), en la Argentina viven bajo una constante amenaza.

Agrotóxicos y megaproyectos ganaderos, arroceros y forestales asedian los Esteros del Iberá, uno de los diez humedales más grandes del mundo. Emilio Spataro, licenciado en Gestión Ambiental e integrante de la Red Nacional de Humedales, describe una postal icónica del extractivismo: el hogar del yacaré y el oso hormiguero ahora está lleno de vacas pastando en terraplenes. El monocultivo de arroz ocupa poca superficie, pero consume mucha agua y agrotóxicos. En los ’90, empresas de José Aranda, directivo de Clarín, y el magnate George Soros desplazaron a pequeños productores locales y concentraron más del 50% de la producción de arroz en Corrientes.

Bañados del Río Dulce y Laguna de Mar Chiquita es un humedal de un millón de hectáreas en Córdoba. Su nombre no debe confundir: es el mayor lago salado de Sudamérica y el quinto a nivel mundial. Por los riesgos que enfrenta a causa de las represas, los desmontes y la contaminación, este año se anunció la creación del Parque Nacional Ansenuza. “Si este humedal se destruyera, estamos perdiendo uno de los grandes centros de captación de carbono de la región”, alerta Hernán Casañas, director ejecutivo de Aves Argentinas. Y destaca la gran cantidad de especies de aves migratorias que llegan del hemisferio norte, como chorlos y playeros.

La especulación inmobiliaria es otra enemiga de estos reservorios ecológicos. En CABA, la Legislatura votó el jueves la creación del barrio de IRSA de 71 hectáreas con torres de lujo de hasta 145 metros, en la zona de los humedales de Costanera Sur. Los barrios privados no solo se edifican rellenando humedales, también se apropian de ríos y lagunas. El barrio náutico Nuevo Quilmes se edificó en 2009 elevando terrenos silvestres que amortiguaban inundaciones. Hay casos famosos, como el Country Abril de Hudson, Berazategui, que se quedó con la mitad de la laguna de la reserva Pereyra Iraola y terminó expulsando a carpinchos y gansos. O la “guerra” reciente contra esos roedores en Nordelta, la “Miami bonaerense” construida sobre enormes humedales. «

De norte a sur del país

El caso del magnate inglés Joe Lewis, amigo de Mauricio Macri, es paradigmático: compró cerca de 14 mil hectáreas en El Bolsón, Río Negro. Además de instalar centros de convenciones, atracciones turísticas, hipódromo y canchas, se apropió del Lago Escondido y bloqueó el acceso al agua.

En Catamarca, la cañería de una minera otorga agua a pueblos originarios de los humedales altoandinos. Si la norteamericana Livent necesita más agua para extraer litio del Salar del Hombre Muerto, se corta el chorro. El dato lo aporta Evelyn Vallejos, gestora ambiental de las comunidades afectadas. Desde 1997, la empresa saca 380 mil litros de agua dulce por hora y ya secó once kilómetros de la vega del río Trapiche. Ahora,  denuncia Vallejos, Livent va por la vega del Hombre Muerto, lugar de descanso y alimento de “los flamencos rosados más lindos”. El boom del litio, además, trajo la “mentira de la ‘energía verde’: dicen combatir el cambio climático, pero destruyen salares, sus reguladores naturales. Sin vegas y bofedales, no hay alimento para animales ni agua para cultivos”.

LAS CLAVES DEL PROYECTO

Por tercera vez en 8 años, el proyecto de ley que protege los humedales está por perder estado parlamentario. A continuación, algunos de sus puntos más importantes.

Crea el Inventario Nacional de Humedales.

Instituye el Consejo Consultivo de Humedales, con participación de los ministerios implicados, el Consejo Federal del Medio Ambiente, el Consejo Hídrico Federal, el sistema científico y comunidades indígenas.

Destina no menos del 0,3% del presupuesto total a un Fondo Nacional de Humedales.

Garantiza el derecho a la consulta y consentimiento libre, previo e informado a los pueblos originarios.

Prohíbe liberar sustancias tóxicas (incluye fumigaciones aéreas y terrestres).

Establece áreas naturales protegidas.