La mejora tarifaria del gas tiene patas cortas. La Presidencia de la Nación decidió que se aplicarán los aumentos tal cual estaban pautados, y a lo sumo los consumos de gas en el invierno se pagarán en cuotas, más intereses. Es muy poco lo que se concedió. Pero el gobierno intenta utilizarlo para dar idea de su «sensibilidad» ante los reclamos, aunque cuando llegue la hora de pagar, seguramente esta estrategia se derrumbará. Si no se diluye antes, puesto que el pago en cuotas no alcanza, hasta ahora, ni a las pymes ni al comercio.
Mauricio Macri ha enfocado sus críticas al elevado consumo energético, y utiliza el aumento de tarifas como un abanderado del medio ambiente. No es una tesitura nueva, la viene usando desde julio de 2016: «Si estás en tu casa en remera y en patas, es porque estás consumiendo energía de más». Parece sólo una distracción, pero creo que esta postura es preocupante, porque si la solución al problema energético es subir tarifas hasta que la gente deje de consumir, el costo social será enorme.
Es también una manera de soslayar que el gobierno no pudo aumentar la producción de hidrocarburos para mejorar el desequilibrio energético. Más aún, durante la gestión macrista la industria de refinación de crudo redujo su producción en un 7%, una caída significativa.
La cerrada defensa del tarifazo parte de la necesidad de reducir los subsidios, y de esa forma el déficit fiscal que lleva a mayor endeudamiento.
El ministro Nicolás Dujovne abona también esta tesitura. En un reportaje que le hicieron esta semana sostuvo que como hay un componente de gasto social que está legislado, han «dado un paso para que (el cambio en la fórmula de ajuste de las jubilaciones y otras asignaciones) no siga en un sendero explosivo». Refiriéndose a los subsidios económicos, a los salarios del sector público, al gasto en universidades y al gasto destinado a infraestructura, explicó que cuando uno empieza a mirar, no hay muchos otros lugares en donde atacar el problema fiscal del Gobierno nacional.
Pero si se estudian con cuidado las cuentas públicas, se verá que el gobierno no administra correctamente sus erogaciones.
Tomando los gastos del primer trimestre de 2018 de la cuenta ahorro-inversión del sector público nacional, se observa una reducción de subsidios económicos (por tarifas) de $7.305 millones (una caída del 20%). Sin embargo, ese ahorro se diluyó en el aumento de los gastos de funcionamiento del Estado (excluidos salarios), que subieron $7.918 millones, con un incremento interanual del 40 por ciento. Si bien se ha propuesto el achique de estructura de los ministerios, y la reducción de personal, el dispendio en los gastos generales es cada vez mayor. Es decir, el gran esfuerzo de quienes vienen soportando los aumentos de todos los servicios públicos ha servido de poco, debido a que la gestión macrista ha gastado en exceso.
En verdad, la proclamada reducción del déficit primario en el primer trimestre de este año (unos $ 10.303 millones) se ha producido gracias a la reducción de los gastos en capital (inversión pública) por $ 11.891 millones. Con el agravante que esta fuerte baja de la inversión posee un impacto negativo en la economía. De todas formas, esta reducción del déficit primario es un enfoque parcial, puesto que hay que agregarle el pago por intereses de la deuda, que se ha duplicado y ha crecido en $ 31.229 millones. De esa forma, el déficit total subió un 30%, cuestión que los funcionarios ni siquiera mencionan.
El peso de las tarifas de los servicios públicos en el bolsillo del consumidor aumenta con cada tarifazo, dejando una menor proporción del presupuesto familiar para el resto de los gastos. Si a este resultado le agregamos que los salarios están creciendo por debajo de la inflación, el efecto es preocupante.
Varios datos abonan la dificultad de los hogares para mantener sus niveles de consumo.
El Indec acaba de informar que la cantidad de puestos de trabajo creció un 1,4% durante 2017, unos 304 mil puestos más. Pero el problema es la calidad de ese trabajo creado. Cerca de la mitad de los nuevos puestos, 148 mil, pertenecen a no asalariados (cuentapropistas), y es el ítem que más creció en el año (+3,1 powr ciento). Le siguen en orden de importancia los asalariados no registrados, con el 1,3% (60 mil puestos) y los asalariados registrados, con un aumento del 0,9% (menos que el crecimiento vegetativo de la población), unos 95 mil puestos más. Los que tienden a crecer, entonces, son los puestos flexibilizados.
Por otro lado, la inflación sigue erosionando los ingresos de los consumidores, y parece que no cederá en los meses venideros, a pesar de las esperanzas de los funcionarios macristas. El índice de precios mayoristas (IPIM) conocido esta semana, abona esta idea de la dificultad en lograr la desinflación. En marzo arrojó un aumento del 1,9%, y acumula en el año un alza del 11,8 por ciento. Sin duda estos aumentos mayoristas (impulsados por las tarifas y el dólar) presionarán a los precios minoristas en los meses siguientes.
Ante los contundentes datos de la inflación, la meta gubernamental del 15% para todo el año se torna prácticamente incumplible. Hasta el FMI está previendo una inflación del 19,2% para el 2018. No obstante, el gobierno persiste en la meta inflacionaria, pues es el principal ariete para tratar de encapsular las paritarias y lograr que los salarios crezcan bastante por debajo de la inflación. Esta metodología es elogiada por el jefe de la misión para Argentina del FMI, Roberto Cardarelli: «que muchas paritarias importantes se hayan cerrado en 15% ayudará a contener las presiones inflacionarias en el futuro», comentó. Para luego realizar una observación más amplia de la política de Cambiemos: «este proceso no ha terminado, pero la parte más pesada ya se ha producido. Junto con los aumentos relativamente contenidos en los salarios y las tasas de interés aún positivas, esto debería crear las condiciones para que la inflación siga cayendo en el futuro». Idéntica visión a la del gobierno: pasamos lo peor y lo que viene es lo mejor, un mensaje de una posverdad prodigiosa.
En este entorno, no resulta sorpresivo que el consumo se debilite. La encuesta de supermercados del Indec informa que para el primer bimestre del año, las ventas a precios constantes (comparables a las cantidades vendidas) cayeron un 0,9% respecto de igual período de 2016. Cabe considerar que la base de comparación es baja, ya que este último período las ventas cayeron un 9,7% respecto del primer bimestre de 2016.
Otro dato significativo es que la calificadora de riesgo Fitch Ratings le bajó la calificación a la firma alimenticia Molinos (de AA a A+) por «la caída sostenida en el consumo, incluyendo el segmento de alimentos usualmente más resiliente, y las ventas en supermercados continúan impactando en la generación de fondos de Molinos».
Las exposiciones de los representantes del gobierno en la reunión de primavera del FMI y del Banco Mundial, realizada en Washington, irradian optimismo, sostienen que la economía está mejorando, y festejan que se está sobrecumpliendo la meta de reducción del déficit fiscal.
A partir de las distintas declaraciones de funcionarios vernáculos y extranjeros, pareciera que estos dan por naturalizado que al gobierno le va bien porque está logrando que a la gente le vaya peor, soportando los costos del ajuste. Una conclusión un tanto descarnada, pero que ilustra una situación social que se complica cada vez más. «