Camila de Perú; Norma, de Ecuador; Fátima, de Guatemala; y Lucía y Susana, de Nicaragua, son cinco niñas sobrevivientes de violencia sexual y forzadas a la maternidad como consecuencia de esas violaciones. Por ellas, hace 5 años las organizaciones que integran el movimiento Son Niñas, No Madres -creado en 2016 por Planned Parenthood Global, Amnistía Internacional, el Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE) y el Consorcio Latinoamericano Contra el Aborto Inseguro (CLACAI)- presentaron un litigio internacional sin precedentes que busca la no repetición de estas situaciones de manera urgente. También participan el Centro de Derechos Reproductivos (CRR), Planned Parenthood Global (PPG), Mujeres Transformando el Mundo (MTM).
Buscan además generar cambios en las legislaciones de cada una de esas naciones que protejan las vidas y los deseos de otras niñas o adolescentes.
Con diversas estrategias y en alianza con lideresas sociales de todo el continente, el Movimiento interpela a la sociedad para que en Latinoamérica se garanticen políticas públicas y acciones que permitan reducir las cifras de una tortura: según datos del Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA), América Latina y el Caribe es la segunda región del mundo con las tasas más altas de partos de niñas menores de 15 años. En 2020, el 80 % de las agresiones sexuales tuvieron como víctimas a niñas de entre 10 y 14 años, y aproximadamente 5 de cada 100 niñas dentro de este grupo de edad dieron a luz.
Este movimiento regional reúne en la actualidad a decenas de organizaciones de toda la región que trabajan para asegurar que todas las niñas puedan crecer sanas, libres e informadas sobre su salud y su futuro. Las estrategias son muchas para sostener en la conversación publica las graves consecuencias de la violencia sexual y las maternidades forzadas en la vida de las niñas latinoamericanas.
Crearon un podcast, kit con herramientas sobre el tema, campañas en alianza con lideresas sociales de todo el continente y hoy, con motivo del quinto aniversario de la presentación judicial ante Naciones Unidas interpelan a la sociedad para que la Región garantice políticas públicas y acciones que permitan reducir las cifras de una tortura: según datos del Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA), América Latina y el Caribe es la segunda región del mundo con las tasas más altas de partos de niñas menores de 15 años.
En 2020, el 80 % de las agresiones sexuales tuvieron como víctimas a niñas de entre 10 y 14 años, y aproximadamente 5 de cada 100 niñas dentro de este grupo de edad dieron a luz.
Una lucha regional
Marianny Sánchez es directora de Comunicaciones para América Latina de Planned Parenthood Global, una de las organizaciones fundadoras del movimiento Son Niñas, No Madres. En diálogo con Tiempo Argentino, aseguro que buscan “generar conciencia y hacer que las personas conviertan su indignación en acción frente a la persistencia de las maternidades forzadas en niñas sobrevivientes de violencia sexual en América Latina”
En 2016, la organización a la que pertenece Marianny desarrollo la investigación Vidas Robadas, en la que mostraron el impacto de las maternidades forzadas en niñas sobrevivientes de violencia sexual de Nicaragua, de Guatemala, de Perú y de Ecuador. Ante tanta evidencia dolorosa, no solo por las consecuencias negativas en la salud física de las niñas sino también en su salud mental y social junto al resto de las organizaciones fundadoras impulsaron la Campaña que tuvo su hito central en el litigio estratégico de defensa de cinco niñas obligadas a ser mamás.
“Creemos que las decisiones tomadas por el comité tienen el impacto potencial de inspirar a la gente. No solo pueden impactar en las legislaciones de Guatemala, Ecuador y Nicaragua, sino de los más de 170 países que han suscrito el Pacto de Derechos Cívicos y Políticos «, cuenta. En 2023 el Comité de los Derechos del Niño de la ONU determinó que el Estado peruano era responsable de las múltiples vulneraciones que padeció Camila. El resto de las niñas aún esperan. En ese sentido Marianny apunta que la campaña busca generar transformaciones en sus países, para beneficio de niñas y mujeres. “La idea es que otras no tengan que pasar por situaciones semejantes a las que ellas pasaron” agrega.
El tiempo estipulado que toma el Comité de Derechos Humanos para emitir sus decisiones frente a los casos es de cinco años, que se cumplen en breve. Marianny reflexiona en torno a la importancia de esa presentación en la reparación de la trayectoria de vida de las niñas afectadas. “Para las adolescentes, para las mujeres y niñas que han llevado casos a Comités de Derechos Humanos de la ONU, las decisiones son un reconocimiento de las injusticias que sufrieron y un primer paso para recuperar su proyecto de vida” cuenta a Tiempo y agrega “también es el inicio de la reparación simbólica que incluye haber llevado su historia ante el comité es sumamente importante. Apuntamos a construir una América Latina en la cual ser niña no sea un sinónimo de crecer en riesgo ni de ser un ser humano en extrema condición de vulnerabilidad, sino que podamos avanzar hacia una región en la cual las niñas crezcan sanas, fuertes y que pueden realmente cumplir sus sueños.”
Para Marianny las redes de apoyo nacionales e internacionales son fundamentales para sostener el proceso de espera de las niñas denunciantes. “Sobre todo para acompañar a las sobrevivientes en todo su tránsito, desde la búsqueda de justicia en sus países, luego presentar sus casos ante el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas y acompañarlas durante esta larga espera por las decisiones, el rol que han jugado las organizaciones colitigantes de la escala nacional acompañando jurídicamente y psicosocialmente a cada una de las sobrevivientes en este proceso es central”
La vocera de Niñas No Madre cree que la decisión de las cortes internacionales puede ayudar a “construir una jurisprudencia regional progresista que ponga las necesidades de las niñas en el centro que ayude a garantizarles un presente y futuro libre de violencias recuperando su proyecto de vida, que es lo que todas merecen”
La realidad nacional
En Argentina existen dos políticas públicas que sostienen la prevención del embarazo en niñas y adolescentes: el Plan Nacional de Prevención del Embarazo No Intencional en la Adolescencia (ENIA) y la Educación Sexual Integral. Mariana Isasi es jefa de Oficina de UNFPA Argentina, el Fondo de Población de las Naciones Unidas creado en 1969 y que tiene como objetivo la promoción del derecho de las personas a una vida saludable y con igualdad de oportunidades.
En diálogo con Tiempo, Isasi reflexionó sobre la realidad argentina, a la que menciona como un “faro en la reducción del embarazo no intencional en la adolescencia”. Según datos oficiales, entre 2013 y 2022 los nacimientos de adolescentes de entre 10 y 19 años bajaron de 117.386 a 43.210. Para ella “estos resultados tienen que ver con la exitosa implementación del Plan Enia, el abordaje y prevención del abuso sexual, de la implementación continua de la educación sexual integral, de los recursos humanos y dispositivos territoriales capacitados y financiados, de las asesorías y consejerías en salud sexual y en la provisión de métodos anticonceptivos”
En ese sentido, la jefa de UNFPA asegura que “es clave fortalecer y profundizar las políticas públicas existentes en los territorios donde las brechas son más amplias” Pese a los avances, cada 8 horas una niña de menos de 15 años tiene un bebé en Argentina. “Todavía hay trabajo por hacer” agrega.
En marzo la ola de despidos en el Estado Nacional impactó en el Plan Enia. La gestión de Javier Milei desvinculó a más de 600 trabajadorxs del programa. Ante la presión mediática que puso en debate el desmantelamiento de esta política, el Ministerio de Salud de Nación informó que, efectivamente, se había decidido finalizar 619 contrataciones a consultores por 1.150 millones de pesos” . El argumento central fue que había un “uso político y discrecional” de estas contrataciones en favor de las provincias. “Si las provincias quieren seguir con las contrataciones mencionadas, podrán hacerlo bajo su propia evaluación y solvencia” culminó el comunicado oficial.
Recientemente la Comisión de Acción Social y Salud de la Cámara de Diputados convocó a referentes vinculados a la salud sexual y reproductiva a una reunión informativa acerca del Plan ENIA. Para Isasi, esto es “en sí mismo, importante”. Para ella, la convocatoria, permitió “visibilizar y jerarquizar una de las políticas públicas más exitosas del país y reconocida a nivel regional, en la que trabajamos desde sus inicios”. El Plan Enia, agrega Isasi, “redujo en un 60% la tasa de fecundidad adolescente. Esto ha sido posible también porque el Plan contó con un sistema de monitoreo y evaluación robusto que permite mostrar con claridad el enorme impacto que tuvo estos años en las 12 provincias en las que se estuvo implementando”
UNFPA tiene un acuerdo con el Ministerio de Salud de la Nación desde el inicio del Plan. En esta gestión fue extendido y cuenta Isasi que se acordó “poner el foco en la promoción de los métodos anticonceptivos de larga duración en las adolescentes en 5 provincias”. El proyecto 2024 incluye las líneas de fortalecimiento de servicios, comunicación, capacitación, monitoreo y evaluación, abogacía y diálogo político.
Isasi remarcó que una de las prioridades es ayudar a las provincias a acceder a insumos de salud sexual y reproductiva de alta calidad y al menor costo posible. “En un contexto de fuertes restricciones presupuestarias, colaborar en hacer a los estados más eficientes es urgente para seguir garantizando derechos” reflexionó.
El Plan Enia incluye a sectores provinciales, regionales, comunitarios y educativos que de manera articulada generan una red de asistencia directa, capacitaciones, campañas de difusión, y monitoreo que protege los derechos de niños, niñas y adolescentes. En particular, los derechos de niñas y jóvenes que transitan embarazos no intencionales.
Se trata de una red que se sostiene con muchas manos, principalmente manos trabajadoras.
Las ventajas de prevenir
Desde UNFPA realizaron el estudio “Consecuencias del embarazo no intencional en la adolescencia «el cual estimó que solo el 38% de las mujeres que tienen un hijo o hija en la adolescencia terminan la escuela secundaria, mientras que el 55% de quienes se convierten en madres en edad adulta completan su educación. Para Mariana Isasi, jefa de Oficina de UNFPA Argentina, “invertir en la prevención para los Estados es más conveniente que afrontar los gastos que implica la atención sanitaria de estas situaciones”.
El embarazo en la adolescencia y la maternidad temprana producen costos socioeconómicos que ascienden 568 millones de dólares. Isasi agregó que “el embarazo y parto no intencional tiene consecuencias directas para las niñas y adolescentes, en tanto presenta mayores riesgos de salud y de mortalidad materna, mayor probabilidad de abandono escolar; así como una inserción laboral más precaria.” En ese sentido agregó que “los ingresos generados por las mujeres podrían aumentar hasta 0,14% del PBI con más inversión en prevención”.
