Las aguas bajan turbias. No las detienen los bosques nativos ni la barrera natural de los humedales, arrasados unos y otros por la expansión de la frontera agrícola, eje del único modelo productivo que impulsa como un credo el gobierno nacional. Pero tampoco encuentran dique en la gestión de prevención y/o mitigación que este debería desplegar ante catástrofes que ya son recurrentes. Al mismo tiempo que un informe del propio Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable le apunta al descontrol del avance agroindustrial como causa principal de las inundaciones, el área que debe remediar el efecto devastador de estos fenómenos está virtualmente paralizada.

El programa «Acciones de Protección Civil, Prevención de Emergencias y Alerta Temprana a Desastres» del Ministerio de Seguridad tiene un presupuesto de 1463 millones de pesos. Es el más importante de la cartera que comanda Patricia Bullrich: reúne poco menos de un tercio de los 4857 millones que tiene asignados en 2017. Entre las tareas de la Secretaría de Protección Civil y Abordaje Integral de Emergencias y Catástrofes está la de implementar acciones «tendientes a prevenir, evitar, disminuir o mitigar los efectos de los desastres naturales o aquellos causados por el hombre», coordinando «el empleo de los recursos humanos y materiales del Estado Nacional en las etapas de mitigación, respuesta y reconstrucción», en el marco del Sistema Nacional para la Gestión Integral del Riesgo y la Protección Civil (SINAGIR). Sin embargo, y a pesar de las recurrentes inundaciones que en lo que va del año ya afectaron a once provincias, el programa que debe paliar estas calamidades solo llevaba ejecutados al día 20 de abril unos 37.410.000 pesos, apenas el 2,56% de su presupuesto.

El coronel (R) Emilio Renda, licenciado en Estrategia y Organización y veterano de decenas de catástrofes –desde la inundación de Santa Fe en 2003, durante la gobernación de Reutemann, hasta la erupción del Puyehue en 2011–, lidera la Secretaría que coordina la asistencia a damnificados por los anegamientos en todo el país, y días atrás acompañó al presidente Mauricio Macri a Tucumán. Recorrieron las zonas inundadas y analizaron las obras necesarias para prevenirlas. El grupo de trabajo del SINAGIR, que incluye a funcionarios de Recursos Hídricos, Vialidad Nacional y Agroindustria y cuyo objetivo primordial es reducir el impacto de las inundaciones en poblaciones de la llamada «zona núcleo» (sudeste cordobés, centro y sur de Santa Fe, norte bonaerense y La Pampa), se reunió dos veces este año. En septiembre prevé presentar un Plan Nacional de Reducción de Riesgos de Desastres.

De momento, las actividades del área, amén de la fuerte subejecución presupuestaria, se centran en la asistencia a evacuados, que suman varios miles en lo que va del año. Y las eventuales políticas de prevención naufragan frente a la apuesta a un modelo agrícola, abiertamente patrocinado por el gobierno pero también objetado por documentos oficiales. El extenso Informe del Estado del Ambiente presentado el jueves por la cartera que conduce Sergio Bergman da cuenta del progresivo deterioro de los humedales, que sirven como amortiguadores para las inundaciones, y concluye que la principal causa es «la conversión o el drenaje para el desarrollo de la agricultura». Andrés Napoli, director ejecutivo de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales, celebró la presentación del informe pero señaló como principal déficit de la gestión Cambiemos “la ausencia de un actor institucional que lidere la agenda ambiental», en referencia a las tensiones insolubles entre los ministerios de Ambiente, Agroindustria y Energía y Minería.

Con motivo del Día de la Tierra, celebrado ayer, la organización ecologista Greenpeace renovó su reclamo al gobierno de una política ambiental que proteja los bosques nativos, señalando la responsabilidad del modelo agropecuario en el proceso de deforestación (2 millones de hectáreas menos desde 2014), principal causa de los anegamientos. «Desde el comienzo de 2017 somos testigos, mes a mes, de las inundaciones en nuestro país –sostuvo Hernán Giardini, coordinador de la campaña de bosques de Greenpeace–. Una hectárea con bosques absorbe diez veces más precipitaciones que una hectárea con soja. Más desmontes es sinónimo de más inundaciones”.

La Nación ya se comprometió con los gobernadores a invertir $ 1000 millones para obras de prevención de inundaciones en la zona núcleo, y anunció otros $ 1500 millones para reconstruir la castigada Comodoro Rivadavia. Pero el germen de la catástrofe está en su propio dogma agroexportador. Aún no respondió al pedido de $ 600 millones que le hizo el gobierno tucumano. En paralelo, asignó $ 1000 millones al programa de «Estímulo Agrícola del Plan Belgrano», subsidios para productores de soja de esa provincia y otras nueve del norte argentino, casi todas afectadas por crecidas, pero a cuyos rindes se apuesta este año para apuntalar un modelo que no tiene plan B. «

Menos catástrofes y más armas

La subejecución del programa destinado a prevenir desastres contrasta fuertemente con las erogaciones que viene realizando el Ministerio de Seguridad en otras áreas, como la de «Acciones Inherentes a la Tecnología, Equipamiento y Logística de la Seguridad», que en tres meses y medio ya comprometió 592,5 millones de pesos para equipar a las distintas fuerzas de seguridad, el 75% de un total de 793,3 millones asignados. Parte de esos fondos se destinaron a comprar equipamiento antidisturbios, con la mira puesta en la represión de protestas y piquetes. El martes pasado, el relanzamiento de la Policía Federal le permitió a la ministra Bullrich mostrar los flamantes pertrechos. Los miembros del GEOF lucieron sus nuevas ametralladoras Minimi Saw M249 belgas y cámaras GoPro en los cascos. También hubo drones para filmaciones y seguimientos, un blindado antidisturbios con tronera lanzagases y hasta trajes anti-radiación para la brigada de Riesgos Especiales.