“La penalización del aborto es insalubre Señoras y Señores. Y la legalización es una deuda de la democracia”, sentencia Soledad Deza sobre el final de su exposición durante las plenarias informativas de Diputados dentro del debate por la ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo que presentó el poder Ejecutivo.

Deza es abogada feminista, profesora de Feminismos Jurídicos en la Facultad de Derecho en la Universidad Nacional de Tucumán, integra la Fundación MujeresxMujeres y forma parte de la Campaña Nacional por el Derecho al aborto legal, seguro y gratuito. Además, fue la abogada del caso Belén

-¿Qué analizaste del proyecto que presentó el ejecutivo?

-El proyecto lo recibí con enorme alegría, en primer lugar, porque se presentó como una promesa de Campaña pero es un respaldo a la demanda feminista. Que lo haya presentado el poder Ejecutivo muestra que hay una voluntad política de despenalizar y legalizar el aborto y que esa voluntad forma parte del proyecto político de un gobierno.

-Se presentó junto al programa de los Mil días, ¿Qué te pareció ese proyecto?

-Me pareció una excelente decisión porque una de las excusas más frecuentes que escuchamos de quienes no acuerdan con la legalización del aborto es que consideran equivocadamente que de obtener la aprobación de este proyecto sería casi una obligación. Presentar las dos opciones cristaliza la autonomía en términos de libertad sexual, es importante porque el Estado va a acompañar la decisión de continuar el embarazo y la mujer va a contar con el apoyo y la compañía estatal para interrumpirlo. Ambas opciones tienen que estar disponibles para cualquier mujer.

-¿Por qué se cuestiona desde la Campaña el artículo que habla de objeción de conciencia?

-El proyecto de la Campaña no la contempla por el uso político que se le da a esa herramienta, que en definitiva se la viene usando más como una herramienta de agresión más que defensa. Y ha generado que muchas provincias retiren de la oferta sanitaria la interrupción legal del embarazo. En lo personal, considero que la regulación que propone el artículo 10 está bien porque prevé, por un lado la necesidad de que se mantenga la objeción de conciencia en el ámbito público y recoge la obligación de derivar. Una obligación que tiene todo profesional de la salud que no va a brindar atención sanitaria. El problema es que la objeción de conciencia es que no hay ningún tipo de control, ni estatal ni institucional. En este caso, sí prevé para aquellos que usen la objeción de conciencia para obstruir la salud, una demanda penal, por lo que supone va a demandar un esfuerzo titánico por parte del Estado para que la objeción no se transforme en los hechos en una indisponibilidad de la interrupción del embarazo.

-¿Cómo deberían ser los canales correctos cuando una mujer se enfrenta a la objeción de conciencia?

-Hoy por hoy no está regulada y es un gran problema, con lo cual el fantasma no debe ser la ley, debe ser la mala praxis que se hace a propósito de la objeción de conciencia. Cualquier profesional de la salud que no va a garantizar el derecho a recibir la atención sanitaria, tiene la obligación de conseguir el profesional que sí garantice la práctica. Sí es importante aclarar que eso es ley desde 2009, una de las desinformaciones de quienes están en contra es que dicen que «ahora van a tener la obligación de derivar», pero en realidad la obligación la tienen desde 2009.

-¿Qué significa esta aprobación?

-Me parece que saca del clóset sanitario el derecho de decidir abortar, que es una espada de Damocles sobre sobre las mujeres que no se encuadran en el inciso 2 del artículo 86. El hecho de aprobar la ley abre las puertas a un sistema de salud empático a quienes no están en condiciones de gestar, parir y cuidar. Al menos en las catorce semanas, el Estado les abre las puertas para que no estén expuestas a la clandestinidad.

-Durante las exposiciones se habló de la penalización que tampoco está en el proyecto de la Campaña.

-Como feminista quisiera que ninguna mujer que decide abortar se vea expuesta a la amenaza de cárcel. Como abogada, no puedo dejar de reconocer que si no hubiera pena habría aborto libre. En ese sentido, lo que hace el proyecto es disminuir la pena del artículo 88, que prevé de uno a cuatro años y que incluye la cárcel efectiva. En este caso, se platean penas de tres meses a un año, excarcelable.

-Hay un plazo de diez días desde que realiza la consulta

-El Estado lo prevé para que se garantice la interrupción, no es como la de Uruguay. Dentro de los diez días el profesional tiene que asegurar la práctica, en la Campaña era de cinco, además es un plazo de máxima, no de mínima. A mí me parece que ese plazo debería aclararse en la reglamentación de que es corrido y que siempre debe tener presente que si la consulta de IVE es de una edad gestacional donde el plazo puede afectar como límite para el acceso, la obligación de no maleficencia le va imponer de acortar ese plazo, porque no puede jugar en contra de la autonomía de las mujeres.

-¿Qué viste en las exposiciones en Diputados?

-Creo que el debate está agotado, es medio un deja vu. Sí me parece que hay una ética diferente en quienes reclamamos el reconocimiento de un derecho, hay una exposición que es de argumentos veraces y razones genuinas, mientras que no noto la misma ética en quienes quieren conservar el status quo de la criminalización, hacen decir cosas a los tratados internacionales que no existe, se escudan en la creencia, hay muy poca ética en los sectores que pugnan para que la política siga entrelazada a la soberanía sexual de las mujeres.

-Creés que se va a aprobar la ley

-Es un panorama diferente, hoy la mayoría de los diputados y diputadas del oficialismo se pronunciaron públicamente a favor de la ley, lo cual muestra que estar del lado de la criminalización es quedar del lado del medioevo. En Senadores siempre prima la vieja política y eso quedó demostrado en 2018. Yo espero que estos aires de “volver mejores” se exprese este año con aires más democráticos y con votos de cara a la gente, a las presas por aborto, a las mujeres criminalizadas por aborto y a las más de tres mil mujeres muertas desde la democracia hasta ahora. El Congreso está para eso, para garantizar hechos democráticos, para arrodillarnos están las iglesias.