Pasó marzo, el mes de la memoria. Hubo un Foro Internacional de Derechos Humanos en la exEsma, una marcha multitudinaria el 24 de marzo que se multiplicó en las provincias, lecturas de documentos en la Plaza de Mayo y en otras plazas del país. Pero el reclamo histórico por el cumplimiento de las leyes reparatorias por las violaciones a los derechos humanos continúa. Sobrevivientes, expresos políticos, exiliados e hijos de ellos han conformado un movimiento autoconvocado desde el cual reclaman no solo por la lentitud de los procesos administrativos que gestiona la Secretaría de Derechos Humanos. También piden la modificación de la ley de pensiones y la cobertura de una obra social que les permita hacer frente al grave deterioro en su salud, consecuencia directa del accionar represivo del estado genocida.

Las reparaciones que faltan

A través de uno de sus miembros, el movimiento autoconvocado hizo un pedido de informe de Acceso a la Información Pública al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Como resultado, obtuvo la siguiente información oficial: al 31 de diciembre de 2022 existían 24.674 expedientes de reparación económica pendientes de resolución. En contraste, los expedientes que fueron resueltos entre el 1 de enero de 2022 y el 31 de diciembre de 2022 fueron 1.752, es decir, solo un 13,5 %. De continuar con la misma modalidad, harían falta más de 14 años para resolver su totalidad, sin contar los expedientes que puedan iniciarse por fuera de los ya existentes.

Mientras tanto, según expresó un comunicado del Movimiento, cientos de expresos políticos “se nos van muriendo sin la reparación”. En diálogo con Tiempo, Antonio “Ramón” Beviglia, expreso político del movimiento autoconvocado, asegura que “estamos peleando también por la mayoría de los compañeros que están más pobres y que no han cobrado, más allá de que algunos de nosotros algunas cosas tampoco nos han pagado, pero hay quienes están en la extrema pobreza”.

Una reforma para la ley de pensiones

Además de la resolución de los expedientes, los expresos y expresas políticas reclaman desde hace años la reforma de la ley 26.913 de pensiones. Según explicaron, piden la modificación del artículo 5 de la ley 26.913, que es la ley de pensión vigente. Aseguran que esa norma tiene una grave contradicción puesto que “nos pagan la pensión según categoría D, mientras que las indemnizaciones se abonan con la categoría A”, afirmaron en un comunicado. La modificación del artículo 5 busca llevar las pensiones de la categoría D a la A, la cual incluye la Obra Social PAMI. Esto no es una cuestión menor ya que con la actual categoría otorgada ninguno de los titulares de esta pensión tiene derecho a obra social.

“Para empezar, cuando nos pensionaron nos quitaron un derecho adquirido, (al ser una categoría D) cobramos muchísimo menos, es equivalente al salario de alguien que recién entra a trabajar en el estado, sin antigüedad. Con el agravante de que no tenemos obra social y acá hago un paréntesis porque tenemos muchas compañeras y compañeros enfermos con cáncer, que tienen que hacerse una prótesis, hay que tener en cuenta que algunos salimos mejor parados que otros, hay compañeros que producto de los tormentos y las condiciones de vida en las prisiones, han quedado muy dañados no solo psicológicamente sino físicamente”, expresa Beviglia.

“Cuando vino la democracia la mayoría no tuvimos durante años aportes jubilatorios, era muy difícil trabajar en relación de dependencia, por eso muchos no se han podido jubilar. El único ingreso que algunos tienen es la pensión y la mayoría de los que pedimos leyes reparatorias tenemos de 70 años para arriba”, explica.

Un bono que no cotiza

Aquellos que alcanzan la resolución del expediente y perciben la indemnización, a menos que se trate de la ley Hijos, reciben como pago bonos de consolidación de deuda pública. Solo puede cobrarse el total de la reparación económica vencido el plazo de vencimiento del bono. Quienes no pueden esperar para cobrar el dinero –por razones de necesidad o porque se tratade personas mayores- deben cambiarlos al precio que cotiza en el mercado, lo que significacobrar un monto menor. Con los bonos anteriores, la depreciación llegó a un 40% de depreciación. El default y reestructuración de la deuda externa, redujo sensiblemente el valor de las reparaciones, las que sufrieron una enorme erosión

El 5 de septiembre del 2022 el Estado generó la serie décima de Bonos de Consolidación de la Deuda Externa, con fecha de emisión desde el 2 de mayo de 2022 y vencimiento el 2 de Mayo de 2029 con la cual se abonan ahora las indemnizaciones. Al respecto, el abogado Carlos Aurelio Bozzi explicó a la prensa que “toda reparación obtenida después de la fecha de emisión de estos bonos deberá ajustarse a esta normativa realmente perjudicial para el afectado que deberá, ineludiblemente, negociar su reparación con una depreciación importante”.

Asimismo, el abogado manifestó que “los beneficiarios actuales superan los 70 años de edad, lo que hace sumamente difícil para este segmento esperar el vencimiento de los bonos. En el fondo, una reparación justa, se convierte en un verdadero dolor de cabeza para el beneficiario, más aun teniendo en cuenta, que siendo esta serie de bonos totalmente nueva no tiene cotización alguna en el mercado. Con lo cual, nadie sabe cuánto percibirá», aseguró.

En igual sentido, Beviglia expresó que “el pago que le están haciendo a las compañeras y compañeros es con un bono basura, antes corrían los intereses cada cuatro meses, el problema es que ahora sacaron un bono nuevo cuyos intereses comienzan a correr a partir del 2026 y vencen en 2029. Nos llegó una denuncia de una compañera de Corrientes que tiene 92 años, ella cobró en bonos pero al no tener intereses carece de todo tipo de valor. Antes, si cobraban en bonos y necesitaban con urgencia la plata, los podían vender y obtener aunque sea el 20 o el 30 % del valor de la indemnización, ahora nada”, explica.

La dificultad de la prueba contra el terrorismo

Con el avance de los juicios por lesa humanidad en el país, muchas personas que nunca habían brindado su testimonio contaron por primera vez lo que padecieron en los ´70 a manos del estado terrorista, es por eso que muchas de las actuaciones de reparación se iniciaron o se inician de forma reciente. Pero las complejidades para su acceso no solo tienen que ver con lo reseñado en los apartados anteriores, además existen otros obstáculos.

“Hay miles de compañeros del sector campesino como los obreros de la caña en Tucumán o las Ligas Agrarias en Corrientes y Chaco que eran detenidos, desaparecidos, torturados y después los largaban a los tres o cuatro meses. La dictadura iba a los pueblitos, por ejemplo en Tucumán, y allanaba una casa en el medio del campo, a esa misma casa la utilizaba como centro de tortura delante de toda la familia. Eso no constaba en ningún juzgado, operaban clandestinamente y no hay nada, ni siquiera en la comisaría, para demostrar lo que les pasó. A estas compañeras y compañeros se les complica mucho la cuestión de la reparación”, asegura Beviglia.

“Los encarcelados, los exiliados es gente que estuvo al frente de la lucha por las libertades públicas y políticas y no hay ningún reconocimiento explícito de esto, nos golpea mucho la situación porque la lucha por la reparación económica va acompañada también de la lucha por un reconocimiento del Estado, de un respeto. Para nosotros, en el fondo, es un negacionismo”, afirma Beviglia. “Hay dos tipos de negacionismo, el que sabe que tiene que hacer las cosas para que se haga Justicia y no las hace y está el que plantea, como el sinvergüenza de (Mauricio) Macri, que se va a terminar el curro de los derechos humanos”, concluye.