Sobrevivientes y testigos de la ESMA nucleados en la Asociación Víctor Basterra, repudiaron enérgicamente la presunta reunión entre los diputados nacionales de La Libertad Avanza Beltrán Benedit, Lourdes Arrieta, Alida Ferreyra, Guillermo Montenegro y María Fernanda Araujo, todos del bloque de La Libertad Avanza (LLA), y los genocidas de la ESMA condenados y presos en la cárcel de Ezeiza, entre los que se destacan Alfredo Astiz (alias “Cuervo o Gonzalo”), Carlos Suárez Mason (alias “ el hijo de Sam”) y Raúl Guglialminetti (alias “Mayor Guastavino), AntonioPernías (alias “Rata o Trueno”, y Adolfo Donda (alias “Gerónimo” o “Palito”).
La reunión, según el portal La Política on Line habría sido organizada por el entrerriano Benedit el 11 de Julio en el Penal de Ezeiza bajo la excusa de visitarlos en su condición de ex combatientes de Malvinas, aunque se trata de condenados por delitos de lesa humanidad imprescriptibles, como asesinatos, torturas, desaparición forzada y robo de bebés, entre otros. Astíz, de hecho, “estuvo en Malvinas pero se rindió en Georgias del Sur el 26 de abril de 1982 sin disparar un solo tiro”, recuerda la nota de LPO.
En el comunicado de repudio, los y las sobrevivientes advierten: “En un hecho inédito en más de 40 años de Democracia, representantes elegidos por el voto popular, visitan a genocidas condenados por haber cometido todo tipo de delitos (secuestros,desapariciones, torturas, violaciones, asesinatos, robo de bebés, apropiación de bienes, etc), imprescriptibles por ser de lesa humanidad. Así como en los noventa, la actual Vicepresidenta de la Nación organizaba tours para visitar a (Jorge Rafael) Videla, preso en su domicilio, hoy, algunos integrantes de su lista de diputados visitan en la cárcel a los peores genocidas, con el objeto de llevarles apoyo y definir estrategias para su liberación”.
Los integrantes de la Asociación Víctor Basterra hacen finalmente un llamamiento “a toda la dirigencia política, gremial, estudiantil, de Organismos de Derechos Humanos, y a todos los argentinos de bien, a repudiar firmemente este brutal ataque a las políticas de Memoria, Verdad y Justicia, que busca la impunidad para quienes fueron el brazo ejecutor de la Dictadura” y concluyen: “Ratificamos nuestro compromiso con el Nunca Más y reafirmamos que el mejor lugar para un genocida es la cárcel”.
Los ex militares fueron condenados a prisión perpetua por delitos de lesa humanidad y por tal motivo la justicia les rechazó cada solicitud de domiciliaria aunque superen los 70 años de edad. Desde la asunción de Javier Milei, se sucedieron distintos gestos oficiales contradictorios con los consensos logrados en 1984 a partir del Nunca Más, del que en septiembre se cumplen 40 años.
Además de la reivindicación explícita de la vicepresidenta de la Nación, Victoria Villarruel, se retomaron los desfiles militares con presencia de investigados por torturas en Malvinas, se desarticularon las áreas de la secretaría de Derechos Humanos ligadas a las políticas de Memoria, Verdad y Justicia, se debilitaron las herramientas para la búsqueda de los niños (hoy adultos) apropiados durante la dictadura y se multiplicaron los pedidos de domiciliaria para los genocidas en los tribunales.
