En enero, el titular del sindicato de pilotos, Pablo Biró, declaró que, de avanzar las políticas oficiales para el sector, Aerolíneas desaparecería. «El tema es cuándo y a qué velocidad”, alertó.

El gobierno, incapaz de hilvanar los acuerdos para sostener la privatización de Aerolíneas Argentinas, se vio obligado a sustraerla de la Ley Bases.

Sin embargo, la ofensiva contra la compañía tomó una nueva forma. A partir del decreto 599/24 publicado esta semana, el gobierno dispuso la desregulación completa del mercado aerocomercial y sus derivados terrestres, así como la derogación casi completa del código aerocomercial.

El nudo del decreto, que profundiza los ejes del DNU 70/23, pasa por eliminar los pisos tarifarios y desregular por completo el acceso a rutas aéreas, aeropuertos y la asociación entre privados. En estas condiciones, la aerolínea de bandera no tendrá capacidad para competir con nuevas empresas que accedan al mercado de cabotaje.

La decisión, en un principio, implicará un incremento en la oferta de vuelos a destinos turísticos con precios más accesibles para la población. Algo que, a priori, garantiza la simpatía de parte del electorado. El portavoz del presidente, Manuel Adorni, planteó que “la desregulación del mercado aéreo va a generar nuevas rutas a precios más accesibles».

Ocurre que la lógica de una aerolínea de bandera en un país con las dimensiones que tiene la Argentina no es la de generar rentabilidad sino la de garantizar la conectividad. Por eso, el sistema tarifario de la compañía parte de generar un sistema a través del cual los destinos rentables subsidian a los destinos que resultan deficitarios.

La ausencia de regulación implica desconocer el carácter de servicio público del sector aerocomercial y, en términos estratégicos, condenar al aislamiento a provincias y municipios coartando el desarrollo a las economías regionales.

Pero el decreto va más a fondo. Habilita acuerdos bilaterales que implican el acceso irrestricto a los cielos argentinos para monopolios aeronáuticos que podrán elegir las rutas internas que ofrecerán.

Las nuevas condiciones que impone la competencia, además, presionan sobre el cumplimiento de los convenios laborales como ya ocurre en Flybondi, que montó un sindicato propio para avalar la vulneración de derechos laborales del sector, precarizando el empleo.

El decreto habilita a pequeñas compañías a ofrecer a rutas entre destinos con una simplificación de trámites dando lugar a un flujo de vuelos con escaso control. Así, por un lado, se compromete la seguridad aérea y, por el otro, resulta terreno fértil para el transporte ilegal de personas y mercancías.

Rechazo sindical

Los sindicatos rechazaron la decisión y ratificaron que el objetivo es desmantelar la compañía de bandera. Pablo Biró, de APLA, señaló que “es una continuidad de la desregulación que forma parte del DNU 70/23 y que sigue vigente. Esto no funciona en ningún lugar del mundo. En los lugares donde se aplicó dejó a los países desconectados y a merced de la especulación”. El mecanismo, adelantó, permite que “los monopolios entren fuerte, hagan dumping y rompan la competencia. Regalan los pasajes hasta que hacen quebrar a todos y después disparan los precios”.

Ricardo Cirielli, líder del sindicato de técnicos APTA, coincidió en que “Aerolineas juega un rol social y turístico. Su objetivo es unir y comunicar. Lo que no quieren es que Aerolíneas vuele. Ninguna compañía va a volar a La Rioja, La Pampa o Santiago del Estero, van a ir a Bariloche, Córdoba e Iguazú”.

Para Biró, además, “la ‘automatización de trámites’, en realidad, es una transferencia de la responsabilidad. Es como pasó con la compañía del Chapecoense que cumplía con los papeles pero era una gran mentira. Si transferís el control a sellos de goma pasan esas cosas”.