El plenario de comisiones que se desarrolló en la jornada de hoy concedió la palabra a representantes de las denominadas organizaciones vivas. Allí pudieron emitir su opinión sobre el decreto 70/23 y el proyecto de ley ómnibus diferentes líderes de cámaras empresarias, organizaciones ambientalistas, feministas y de derechos humanos.
Pero también hubo lugar para representaciones sindicales. En particular hicieron uso de la palabra el titular de la CGT Héctor Daer, el de la CTA Autónoma Hugo “Cachorro” Godoy, el secretario general de la Federación Sindical de Profesionales de la Salud (FESPROSA), Jorge Yacowsky y la secretaria general de la Asociación Gremial Docente (AGD) de la UBA Ileana Celotto. También estuvo el secretario general de la CTA de los Trabajadores y diputado nacional Hugo Yasky aunque prefirió no hacer uso de la palabra.
En todos los casos los representantes sindicales llamaron a los legisladores y legisladoras a rechazar en forma integral tanto el DNU como la ley ómnibus a la vez que ratificaron su participación en el paro nacional con movilización al Congreso Nacional el próximo miércoles 24 de enero.
Voces sindicales: Héctor Daer (CGT)
El titular de la CGT, Héctor Daer, comenzó desautorizando los fundamentos de la ley ómnibus en tanto, señaló, “se fundamenta en falacias planteando como que la Argentina es un aquelarre para declarar la emergencia en todos los aspectos”. Para Daer, el propósito indisimulable es el de establecer “un punto de partida para fundamentar la delegación de facultades por cuatro años”.
Para Daer el proyecto “plantea la privatización de la totalidad de las empresas publicas derogando y dejando de lado el patrimonio estratégico que representa la capacidad de la Argentina en términos de desarrollo que hoy se quiere enajenar”. A la vez criticó el intento de derogar la fórmula previsional que, aclaró, “es verdad que esta fórmula va desde atrás pero garantiza una actualización, lo que no podemos hacer es dejar una mala fórmula para dar lugar a la discrecionalidad del ajuste”.
El titular de la CGT criticó también, entre otros puntos, las desregulaciones en el sector ictícola, la política de desfinanciamiento de la cultura, la desregulación del sistema de salud y la reforma electoral que, aseguró, vulnera los “derechos de las minorías”. Además la emprendió contra el artículo de la ley que busca ratificar por esa vía el DNU 70/23. Allí señaló que “el capítulo IV no ataca privilegios, ataca derechos individuales y colectivos” y, continuó, “limita la acción sindical en el momento de mayor desigualdad de nuestro país y, por supuesto, debilita los sindicatos”.
Al finalizar, Daer llamó a los diputados y diputadas a actuar en “un momento clave para nuestro país y consolidar la institucionalidad democrática”. Para Daer, “cuando se propone todo para debatir es porque no se quiere debatir nada. Por eso hay que votar por no a la ley ómnibus y hay que suprimir la vigencia del DNU en la comisión o en el plenario y en cada una de las cámaras”. Para eso, señaló, “el 24 vamos a venir a apoyarlos para que tomen la valentía de decirle que no a la ley ómnibus y no al DNU”.
Hugo «Cachorro» Godoy (CTA-A)
En el mismo sentido se pronunció el titular de la CTA Autónoma, Hugo “Cachorro” Godoy. El dirigente destacó que “la absoluta mayoría de las presentaciones aquí hechas desde los más diversos sectores sociales, culturales científicos están poniendo en cuestión este proyecto de ley ómnibus y también el DNU. Ambos proyectos tienen el más grave de los delitos que nuestra constitución nacional condena: la suma del poder público como infame traición a la patria”. Para Godoy “este aspecto está claramente expresado como voluntad en el DNU que salió primero y explícitamente en el proyecto de ley”.
El titular de la CTA Autónoma señaló que “si bien entendemos que es una iniciativa positiva convocar a los diversos sectores es evidente que un debate de esta profundidad y naturaleza es muy difícil que se sintetice y se pueda resolver en una jornada con exposiciones de tamaña profundidad en apenas siete minutos”.
Por eso, sintetizó, “recordamos que no hay libertad si no hay igualdad, no hay libertad si no hay democracia y no hay libertad si no hay soberanía del pueblo y soberanía de la nación. Ambos (el decreto y el proyecto de ley) arrasan con los conceptos de democracia, igualdad, soberanía y queda la palabra libertad solamente como una expresión. Una libertad para unas pocas empresas y poderes trasnacionales que van a poder arrasar con los derechos de nuestro pueblo”.
Por eso, finalizó, “nos oponemos de plano” a ambas iniciativas y señaló a los legisladores “que no pueden delegar funciones ni renunciar al mandato que les ha entregado nuestro pueblo para que en este congreso se debatan en profundidad todas las cuestiones que hacen a la vida de un pueblo”.
Además dijo que “representamos a los trabajadores estatales desde ATE que hoy cumple 99 años y que se ha caracterizado en este casi siglo no solamente por defender los derechos específicos de los trabajadores estatales sino por defender el derechos de un pueblo a que un Estado sea soberano y que garantice los bienes comunes y se enorgullezca de tener empresas estatales. Tanto el DNU como el proyecto de ley ómnibus quieren arrasar, privatizar, regalar y entregar la soberanía de más de 41 empresas del Estado que son de patrimonio público”. Por eso, señaló, “les exigimos a diputados y senadores a que impidan este latrocinio”.
Salud y Educación
Desde el sector de la salud, el titular de la FESPROSA, Jorge Yakowsky señaló que “no hay salud pública si no es pública”. Para Yakowsky “el DNU y la ley ómnibus son un corpus indivisible y reaccionario. Profundamente subversivo de los valores que cimentaron 40 años de democracia”. Es que, continuó, “la liquidación del derecho de huelga y protesta y su criminalización conforman una reforma constitucional de hecho que instala en la Argentina una autocracia policial con el objetivo de terminar la tarea de la dictadura genocida. Pedimos en nombre del campo sanitario el rechazo del DNU”.
Más puntualmente, sobre el sector sanitario, el dirigente de los profesionales de la salud destacó que “solo 5 de los 46 millones de argentinos están cubiertos por prepagas. 20 millones son de Cobertura Pública Exclusiva y el 70% de ellos son pobres. Con las medidas económicas serán aún más. ¿Qué dice el DNU de la situación sanitaria? Nada. El 80% de la financiación del sistema pública de la salud está a cargo de las provincias y el 15% de los municipios. Con el presupuesto congelado ¿cuál será el destino de los sistemas público de salud?”, se preguntó.
Para el dirigente, “las grandes empresas serán las beneficiarias de la desregulación del sistema de obras sociales con la afiliación de los altos salarios”.
A la vez, desde el sector educativo, Ileana Celotto dirigente de AGD UBA, destacó el “fallido” en la redacción de la ley ómnibus que en el subtítulo dedicado al sector dice “universidades privadas”. “Demuestra la meta de este gobierno hacia nuestras universidades nacionales”, denunció.
Para Celotto la ley “habla de ingreso irrestricto pero habilita el exámen de ingreso. Establece la gratuidad del grado pero habilita el arancelamiento de extranjeros sin residencia y abre la puerta al arancelamiento”. Además destacó la situación de los trabajadores universitarios: “un docente universitario en marzo va a cobrar $191.354, un tercio de la línea de pobreza prevista.
Celotto señaló que “después del golpazo del gobierno de Macri no hubo 2019, solo hubo FMI y canje de deuda por educación”. Por eso, continuó, “exigimos paritarias ya con cláusula gatillo mensual sobre un 100% de aumento”. La dirigente explicó que, con el congelamiento presupuestario “va a ser imposible funcionar. No hay ni para el gas, ni la luz ni la limpieza. Sin presupuesto no hay educación pública, solo va a haber educación superior para los sectores pudientes”.
Es que, explicó, “sin estudiantes no hay universidad. En este cuadro social hiperinflacionario, sin becas y sin comedores no habrá estudiantes. La ley considera la cantidad de egresados para asignar presupuesto. De esa forma tendrán más fondos las universidades con población de mejores recursos, realmente un resultado elitista”.
Además puntualizó el camino de la privatización: “esta ley habilita convenios para obtener recursos complementarios. Eso es entregar al mejor postor, a empresas nacional o extranjeros, la producción de conocimiento”. Para Celotto “la producción universitaria debe estar al servicio de las necesidades populares y no de intereses privados”. Finalmente la dirigente de la UBA denunció que “por el DNU, la docencia de jardines, primaria, secundaria y de universidades estaría afectada a la esencialidad. Es un atropello a la autonomía, la cogobierno y al derecho de huelga de todo trabajador. Lo rechazamos de plano”.
Por eso finalizó llamando “a esta cámara a no ser cómplice de esta ley ni del DNU que nos hace retroceder en la Argentina anterior a la reforma del ’18. Fui parte del estudiantado que en la dictadura quemó las chequeras del arancel. Estoy segura que con nuestro estudiantes defenderemos de nuevo la universidad estatal pública gratuita y laica. Llamamos el próximo 24 a parar y movilizarse porque esta ofensiva la pararemos la clase obrera ocupada y desocupada y las cacerolas en las calles”.
