En dos días vence el plazo de suspensión por un año de la Resolución N° 246-MAGP-18 del Ministerio de Agroindustria de la Provincia de Buenos Aires, que autorizaba las aplicaciones de agrotóxicos –tanto aéreas como terrestres– «en los lotes contiguos al área urbana, zona residencial extraurbana, área de población dispersa, márgenes de cursos o cuerpos de agua, zonas de bombeo, establecimientos educativos, áreas de esparcimiento y reservas naturales que comprenderán la zona de amortiguamiento». Nombrada como la «Resolución del Veneno» por las organizaciones ambientales, la nueva administración del área, a cargo de Javier Rodríguez, ya adelantó que extenderá la suspensión y que convocará «a todos los sectores para consensuar una legislación que unifique criterios». Sin embargo, los proyectos de ley presentados el año pasado, tanto por Cambiemos como por Unidad Ciudadana, obligan a pensar que la normativa venidera no tomará en cuenta el reclamo de las asambleas y organizaciones de pueblos fumigados y que, como ocurrió hasta ahora, privilegiará los intereses de las corporaciones. En todo lo que afecte al agronegocio, no existe la grieta.
Aquella resolución, impulsada por el entonces ministro y exgerente de Monsanto, Leonardo Sarquís, fue suspendida a los pocos días de su entrada en vigencia por el repudio generalizado de organizaciones sociales, ambientales, educativas y de Derechos Humanos. También había sido inmediato el rechazo de la oposición: los legisladores de la bancada de Unidad Ciudadana presentaron un proyecto de declaración pidiendo que «se deje sin efecto dicha resolución, por cuanto la misma no establece presupuestos mínimos de distancia o superficie que permitan garantizar el resguardo de la vida y la salud humana». Incluso, el diputado Mariano Pinedo, uno de los firmantes, escribió en su Twitter: «Si vivís en un barrio lindero a un potrero o mandás a tus hijos a una escuela rural, te pueden fumigar hasta en la puerta. Eso dice la resolución de María Eugenia Vidal que acá pedimos se deje sin efecto».
Pero en mayo, es decir, apenas cuatro meses después, el mismo bloque presentó ante la Cámara de Diputados bonaerense el proyecto de ley D-562/19-20 «con el objeto de establecer un marco regulatorio para la aplicación de fitosanitarios en todo el territorio de la provincia de Buenos Aires» que, como había criticado, permite las fumigaciones con agrotóxicos –tanto aéreas como terrestres– «en lotes contiguos al área urbana, zona residencial extraurbana, área de población dispersa, márgenes de cursos o cuerpos de agua, zonas de bombeo, áreas de esparcimiento y reservas naturales». La propuesta, con estado parlamentario, ni siquiera establece una mínima distancia de protección para escuelas rurales, sólo aclara que en la zona de amortiguamiento «la aplicación de fitosanitarios deberá ajustarse a las previsiones de esta ley», apuntando a la presencia de un ingeniero agrónomo que «intervendrá como asesor técnico», además de las autorizaciones del Ministerio de Agroindustria y de la normativa municipal correspondiente.
«El bloque de Unidad Ciudadana presentó un proyecto para consolidar legislativamente la nefasta Resolución del Veneno, transcribiéndola por completo. Lo increíble es que se trata del mismo grupo de legisladores y legisladoras que la había repudiado. Además de la esquizofrenia jurídica, es una clara demostración de que en materia de extractivismo y agronegocio no hay grietas en el poder político», se queja Fernando Cabaleiro, referente de la ONG Naturaleza de Derechos.
Tiempo intentó comunicarse con el diputado provincial Lauro Grande, autor del proyecto de ley, pero a través de un vocero contestó que no haría declaraciones sobre este cambio de postura.
«Los que habitamos los territorios fumigados de la provincia de Buenos Aires estamos esperando un espacio de diálogo para construir un proyecto de ley de agrotóxicos que contemple nuestro punto de vista a favor de la salud, la vida y la biodiversidad. Hasta el momento sólo se han presentado proyectos a la medida de las cámaras que se benefician con la venta de biocidas», opina Cecilia Bieder, de Paren de Fumigar Necochea y Quequén.
Para reforzar sus dichos, los ambientalistas recuerdan el proyecto del exdiputado provincial por la cuarta sección electoral de Cambiemos, Oscar Sánchez, que a días de cumplir su mandato presentó un proyecto «con el objeto de proteger la salud humana, los recursos naturales y el medio ambiente». Sin embargo, la propuesta de Sánchez, un reconocido empresario agropecuario de Carlos Tejedor, permite las fumigaciones aéreas y terrestres en predios lindantes a centros urbanos y establece escasos 30 metros de distancia de protección para escuelas rurales y cursos de agua.
«Repudiamos a los diputados y diputadas bonaerenses –insiste Cabaleiro– que en vez de legislar para el pueblo, lo hacen para las corporaciones y, como en el caso de Sánchez, también para sus propios intereses». «
AGROECOLOGÍA
El Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación anunció la creación de la Dirección de Agroecología para generar alternativas al esquema de producción vigente. Aunque todavía no hubo una confirmación oficial, se especula que la nueva repartición estará a cargo del ingeniero agrónomo Eduardo Cerdá, quien se desempeñaba como presidente de la Red Nacional de Municipios y Comunidades que Fomentan la Agroecología (RENAMA) y que venía trabajando desde hace años el fomento de un modelo agrario más sustentable.
