Los diputados del oficialismo de Jujuy impulsan en la Legislatura provincial un proyecto para hacer consulta popular para determinar si la Justicia debe liberar o dejar presa a la dirigente de la Tupac Amaru, Milagro Sala, detenida desde enero pasado. La propuesta, un escándalo que sigue la línea argumental del Presidente Mauricio Macri y que confirma el carácter de presa política de la diputada del Parlasur, fue presentada por los diputados de Primero Jujuy, la coalición que reune al Frente Renovador y Cambiemos con la que Gerardo Morales alcanzó la gobernación. Es la confesión de la falta de independencia del Poder Judicial jujeño y del desprecio por los Derechos Humanos, señalaron diputados nacionales del Frente para la Victoria (FPV).
¿Usted cree que que Milagro Sala, LIBRE, amenazará a testigos, entorpecerá e impedirá que la justicia la investigue por hechos de corrupción?, es la pregunta que el proyecto propone para que el Ejecutivo provincial realice en un referendum para que los ciudadanos jujeños que votaron en las elecciones presidenciales pasadas voten por si o por no. Pero por si quedaran dudas de la intención de someter el proceso judicial a escrutinio de la opinión pública y política, aclaran: En caso de votar por el SI, se entenderá que el elector está de acuerdo con la continuidad de la prisión preventiva.
El insólito proyecto confirma el carácter político de la detención de Sala. Hasta ahora desde lo formal, pese a que sabíamos que era falso, el argumento que utilizaba el gobierno, tanto (Mauricio) Macri, la canciller (Susana) Malcorra y Morales es que la detención de Milagro era un tema del poder judicial. Pero de repente, dan vuelta el argumento, y lo hace el poder legislativo facultando al Ejecutivo, dijo Elizabeth Gómez Alcorta, del equipo de abogados de la líder de la Tupac.
Desde el Comité por la Libertad de Milagro Sala repudiaron el proyecto y aseguraron que lo enviarán de inmediato a todos los organismos internacionales para dar a conocer la violación del Estado de Derecho en la provincia administrada por el contador Morales. Los diputados nacionales del Frente para la Victoria (FPV), repudiaron el intento de pseudoconsulta popular que consideraron un intento de linchamiento de la dirigente.
El proyecto de ley firmado por 16 legisladores de la alianza gobernante es la confesión de la falta de independencia del Poder Judicial jujeño, y del desprecio por los Derechos Humanos y las garantías consagradas desde el Preámbulo de la Constitución Nacional, que mandan ‘afianzar la justicia’. No hay que ser un experto jurista para saber que no corresponde al Poder Legislativo juzgar a las personas, dijeron en un comunicado los diputados del bloque que encabeza Héctor Recalde.
En ese camino, los legisladores subrayaron que la iniciativa va en clara línea con lo expresado por el ingeniero Macri, quien justificó la detención de Sala en que ‘la mayoría cree que cometió delitos’.
Por su parte, el integrante del Comité, Anibal Ibarra, señaló que la propuesta es escandalosa y demuestra el carácter político de la privación de la libertad de Milagro Sala. En un estado de Derecho no se define la libertad o detención de las personas ni por encuestas, ni por lo que opina la gente ni por un referéndum.
Dejar de lado las leyes, las resoluciones de organismos internacionales para tener como rehén a Milagro Sala muestra el carácter autoritario del gobierno de Morales y tanto o más grave es la complicidad del gobierno nacional, completó.
El proyecto de consulta popular por la libertad de Sala lleva la firma del diputado del Bloque Primero Jujuy, Marcelo Nasif, que responde al vicegobernador Carlos Haquim, del Frente Renovador, y el titular del bloque de la UCR, Alberto Bernis junto con otros 14 legisladores de ese espacio. Los fundamentos del proyecto como mínimo ignoran la Constitución Nacional, el sistema internacional y la división de poderes del sistema republicano. E incluso falsean con cinismo la historia: le recriminan a la ONU, la CIDH y Amnesty -todas organizaciones a las que se acudió en busca de justicia durante la dictadura cívico militar- haber estado ausente durante los golpes de estado y cuando la represión produjo el apagón de General San Martín.
¿Dónde estaban la ONU, CIDH y AMNESTY INTERNACIONAL en aquellas épocas? No obstante ello, con sorpresiva premura vienen a opinar intentando dar cátedras de derecho internacional sobre la situación procesal de la nombrada, dicen los diputados con ignorancia y grandilocuencia.
«Es un escándalo. Es una vulneración absoluta del Estado de Derecho y del Estado Democrático de Derecho y hay que condenarlo. Esto merece un repudio general del Estado nacional y de todos los organismos internacionales. No tenemos registro en los estados contemporáneos un hecho de estas características, señaló el abogado Eduardo Tavani, del Comité por la Libertad de Milagro Sala.
