El Corredor Litoral a lo largo de sus 3.400 km. de extensión –abarcando los ríos Paraná, Paraguay y Uruguay– integra una de las reservas de agua más importantes del planeta, que permite, entre otros usos, interconectar puertos de Argentina, Brasil, Bolivia, Paraguay y Uruguay. Vía navegable esta que, de poder articularse con el Canal Magdalena, permitirá la conexión de aquellos embarcaderos con los del Rio de la Plata y una salida directa al mar sin necesidad de recalar en el puerto de Montevideo.
Así, aquellos muelles son utilizados en el transporte granario, de aceites, fertilizantes, combustibles, mineral de hierro, tierras raras y otras mercancías que integran la producción exportable argentina. Sin embargo, el mencionado cauce, además del comercio lícito también ha sido, y es, utilizado para el despliegue silente, silenciado, de maniobras delictivas de contrabando, trata de personas, narcotráfico y comercio de armas (relacionados con el Primeiro Comando da Capital y el Comado Vermelho brasileños).
En este punto, debemos tener presente que: el Corredor Litoral ha sido designado con la engañosa denominación de Hidrovia. Un vocablo acuñado en la neoliberal década de los 80, con el propósito de ocultar la ubicación geográfica e importancia geopolítica de ese territorio a la vez de invisibilizar la operatoria de las empresas transnacionales (ETN) que operan y controlan las márgenes y lecho de nuestros ríos.
Enclave militar extranjero
Esa región estratégica, en el curso de los años ha sido escenario de disputas relacionadas con la libre navegación, intervenciones militares y los derechos soberanos sobre esas aguas. Específicamente: enfrentamientos como la batalla de la Vuelta de Obligado; la revancha de Punta Quebracho o la guerra de la Triple Alianza (generados al ritmo de las ambiciones imperiales británicas) han evidenciado la apetencia externa por controlar el ingreso y egreso de mercaderías por esos afluentes.
En tal devenir, ya en nuestros tiempos, es dable observar un renovado interés externo, encaminado a disponer sobre los recursos naturales, el corredor de humedales y la Hidrovía. Entonces, una vez más, “funcionarios argentinos” –para el caso, de la Administración General de Puertos– alineados con dichas apetencias, suscribieron un “Memorándum” (MOU) con los representantes estadounidenses Adriel McConnell y el embajador Marc Stanley (7 de marzo de 2024) habilitando la instalación de una base militar norteamericana a la vera del Río Paraná. Memorando este que registra, a suerte de precedente inmediato: las tratativas que culminaron en las seis carillas del “Memorándum de Entendimiento”, firmado a los mismos efectos –el 30 de noviembre del año 2023– por José Beni (Interventor General de Puertos– Ministerio de Transporte) y Daniel Hibner del Cuerpo de Ingenieros del Ejército de los EE. UU. – División Atlántico Sur
Enclave transnacional
La Región Litoral sirve de asiento al espacio territorial (fluvial, terrestre y aéreo) por el que sale más del 80% de la producción nacional (con especial participación de los complejos sojero –25.6% de las ventas–, del maíz y triguero). Estimándose, en el caso de la soja, que al mes de agosto restaba comercializar el 48,2 % de la cosecha. De la cual se calcula que unos 24 millones de Tn se encuentran depositados “a la espera”, en diversos medios de acopio (silobolsas o silos clandestinos). Cereal ese que puede ser retenido aguardando mejores precios o bien, como suele suceder en algunos casos: será destinado al contrabando. Ello en un sistema en que el productor argentino ha recibido, por tonelada de soja; la mitad (unos U$ 208 Mep) que sus pares uruguayos.
En dicho escenario, crítico, se observa que las cargas son fiscalizadas “a ojo” a lo que se suma la carencia de dispositivos de inspección adecuados y el desplazamiento de fuerzas de seguridad –a cargo de vigilar zonas de frontera y cursos de agua– hacia zonas urbanas con la misión de ejercer control social interno. Situación objetiva esta que abre las compuertas para la comisión de graves delitos económicos, tales como la salida ilegal de granos y drogas. Entonces, y a modo de ejemplo: se detectan barcos que navegan rumbo al puerto de Róterdam transportando cocaína disimulada entre granos y harinas; se descubren –mediante drones– 700 silos no declarados en la Provincia de Buenos Aires o se desbarata una de las tantas bandas brasileras dedicadas al contrabando de granos provenientes del territorio argentino.
Fue, precisamente en atención a esos delitos, la consiguiente fuga de miles de millones de dólares y la evaluación del GAFI, que desde la Unidad de Información Financiera propusimos en el año 2021 la creación de una Base Federal de Información Económica (BFID) que centralizara toda la información, deliberadamente dispersa, respecto a esas operaciones. Iniciativa esta que no tuvo una recepción favorable.
De igual manera, no debe olvidarse que esos delitos se desarrollan en un área dominada comercialmente por una decena de ETN (entre otras: Archer-Daniels- Midland; Cargill; Dreyfus; Renova; ACA y la china COFCO). A lo que se agrega la largamente proyectada adquisición del 95% de los activos de la concursada Vicentin por parte de la Asociación de Cooperativas Argentinas junto a las fusionadas Viterra (ex Glencore) y Bunge (donde BlackRock posee el 8% de las acciones). Operación que está condicionada a que se resuelvan recursos judiciales ante la Corte Suprema de Santa Fe; la sustanciación de diversas causas penales por administración fraudulenta; distintas medidas cautelares; la decisión del ente de fiscalización de fusiones de Canadá (y el trámite “formal” en la denominada: Comisión Nacional de “Defensa de la Competencia” argentina), lo cual, de concretarse, significará una mayor concentración corporativa transnacional que habrá de influir sobre el ingreso de divisas, el nivel de precios y abastecimiento de alimentos.
El autor es Doctor en Derecho (UBA). Profesor Consulto (UBA). Presidente de la Unidad de Información Financiera (UIF) (2020-2021)
