Se tiene en Chile un progresismo acorralado en el discurso neoliberal. El presidente Boric, igual que su par argentino, salió a cuestionar el triunfo de Nicolás Maduro en las presidenciales de Venezuela, antes de culminar el recuento en todas sus etapas, y tomando partido por el candidato más votado de la oposición. Sector político, que ya había manifestado su postura antes de la contienda: “Las elecciones son limpias si ganamos, pero hay fraude si perdemos”. La posición apresurada del presidente chileno, contrasta con la moderada de Lula y de López Obrador. La expresidenta chilena, Michelle Bachelet, por otro lado, fue más contemporizadora que Boric: “Es esencial la publicación y divulgación de las actas electorales de todas las mesas de votación, como un acto de transparencia y compromiso con la verdad”. Incluso el diputado Vlado Mirosevic del Partido Liberal de Chile –muy diferente a los pseudo liberales argentinos– manifestó: “No se puede exigir democracia en Venezuela con la foto de Pinochet en la casa”. Haciendo referencia a sectores de derecha que cuestionaron a Bachelet por sus dichos.
Lo que está en juego en Venezuela además de una elección presidencial, es el posicionamiento geopolítico de América Latina y el Caribe, en un mundo unipolar bajo la hegemonía de Estados Unidos/OTAN, o de lo contrario un mundo multipolar.
Estas ambivalencias del progresismo chileno, se evidenció también en el 2022, con la firma del tratado de libre comercio (TPP 11). El actual presidente, cuando fue parlamentario votó en contra de la iniciativa; manifestó que atentaba contra la soberanía económica, otorgando a las empresas transnacionales derechos a demandar a los Estados en instancias arbitrales internacionales. Su postura cambio una vez en la presidencia.
Ese corrimiento de un progresismo que aspira a ser más de derecha que la derecha, se evidenció hace un par de semanas, cuando el senador socialista y exsecretario general de la OEA (2005-2015), José Miguel Insulza, propuso el estado de sitio en Santiago, ante la escalada de violencia e inseguridad.
Más cauta se manifestó la referente de la derecha Evelyn Matthei, alcaldesa de la comuna de Providencia de Santiago, que responde a Insulza. Señaló que el estado de sitio no soluciona el problema, que hay que “tomar medidas de fondo, que son por ejemplo controlar puertos, controlar todo lo que sea las fronteras; un trabajo más exhaustivo por parte de Aduanas, con gendarmería atendiendo las cárceles, un mayor control en la ruta del dinero. Se ponga o no ponga militares en las calles, la situación de fondo no cambiará”. Días después, Insulza retrocedió en esa solicitud.
Con respecto al conflicto histórico en las provincias de Arauco y Bío Bío, donde las comunidades mapuches reclaman tierras como parte de una reivindicación ancestral, el diputado Boric tuvo una postura contraria al despliegue de militares. Ya en la presidencia prorroga el estado de emergencia y militarización que impulso su antecesor Sebastián Piñera.
Este progresismo desfigurado en su ser se manifiesta en la arbitraria prisión preventiva de Daniel Jadue, alcalde de la Comuna Recoleta de Santiago, de militancia comunista y palestina. Este caso fue denunciado como lawfare por organismos de DD HH. En términos prácticos, lo que se pretende es dejar fuera de la carrera presidencial del 2025 a un candidato competitivo, y en eso coinciden progresismo y derecha. El caso Jadue, contrasta con la lentitud del proceso judicial a policías responsables de miles de heridos, 460 mutilados oculares y más de 30 muertes, en la revuelta social de octubre de 2019, y que permitió catapultar a Boric en la presidencia. Entre los responsables de esos delitos se encuentra el actual director de Carabineros, el anterior director y un exsubdirector de la institución. Una de las promesas de campaña de ese progresismo, que no es “ni chicha ni limoná” diría Víctor Jara, era transformar a la institución policial. Otra muestra de falta de imparcialidad de la justicia es el caso del Senador Javier Macaya, presidente hasta el 23 de julio del principal partido de derecha. Su padre, fue acusado de delitos de abuso sexual infantil, gozando del privilegio de prisión domiciliaria durante el transcurso del proceso judicial. Fue sentenciado el 19 de julio a seis años de prisión, concediéndosele el privilegio de prisión domiciliaria, revocada días después, por el reclamo de improcedencia de ese beneficio de parte organizaciones como la Red Chilena Contra la Violencia Hacia las Mujeres.
Frente a este escenario de orfandad del progresismo chileno, un escenario predecible para las elecciones presidenciales del 2025, es la competencia entre Michelle Bachelet y Evelyn Matthei como en el 2013.
