Víctimas de implantes PIP: «Es vivir con un miedo permanente»

Las prótesis mamarias del laboratorio francés Poly Implant Prothèse (PIP) ingresaron al país en 2002 sin ningún tipo de control de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología (ANMAT). Venían con la certificación de la empresa alemana TÜV Rheinland –por ende, de la Unión Europea– y a la Argentina de ese entonces le pareció que era más que suficiente. PIP operaba desde 1991, era la tercera en volumen de ventas mundial de prótesis mamarias, producía 100 mil al año y el 80% se exportaba.

Entre 2002 y 2011 más de 20 mil argentinas recibieron estos implantes en sus cuerpos. En el mundo fueron entre 400 mil y 500 mil mujeres. No se sabe el número exacto ya que PIP también operaba por medio de otras compañías.

Pero en 2010 todo cambió. El alto índice de roturas de las prótesis –con una frecuencia siete veces mayor que cualquier otra– encendió las alertas del gobierno francés. Con el tiempo se comprobó que las prótesis PIP estaban rellenas de silicona industrial no apta para el uso médico.

Siliconomas en su cuerpo

“Tengo permanentemente inflamados los ganglios de la axila. Si corto mucho con la tijera o quiero podar un árbol o voy al gimnasio y llevo un bolso pesado del lado derecho, se me inflaman y se me duerme un poco el brazo. Viene el miedo otra vez, y vuelvo a pensar en todo lo que les pasó a las otras como yo, es un susto permanente”, relata María Laura Román. Es profesora de inglés, traductora y dueña de una juguetería en la ciudad de Rosario. En 2012 tenía 42 años y seis meses de embarazo cuando se cayó y para proteger la panza puso el brazo contra el piso. En ese momento sintió un tirón muy fuerte en la mama derecha.

En 2007 se había colocado una prótesis mamaria. El cirujano le había dado a elegir entre las brasileñas y las francesas. Ella eligió las segundas porque cuando son de Europa “una confía más”. Después de la caída, el médico le confirmó que la prótesis estaba rota. Pero además la silicona había migrado hacia la axila derecha, que ya estaba mezclada con sus tejidos y ganglios y había formado siliconomas. María Laura no tenía idea que en realidad se trataba de silicona industrial no apta para el uso médico.

“Pasó que después, mirando un programa de televisión, veo a una abogada de Buenos Aires que decía que había prótesis adulteradas, que ya había personas con muchos problemas. Entonces la llamé por teléfono”. Sin embargo, no fue hasta 2017 que María Laura pudo ingresar a una de las causas judiciales, ya que le faltaba un requisito esencial: el sticker del implante: “Me pedían los stickers y yo no los tenía. Recién en 2017 los encontré”.

Mientras tanto, su médico la operó sin cobrarle más que los nuevos implantes. Pero le sugirió que, según la poca información disponible, no era conveniente extraer los siliconomas. Que tendrá que hacerse controles y estudios cada seis meses. Que vivirá con eso adherido a sus tejidos toda la vida. Lo más doloroso llegó cuando no pudo amamantar a su bebé. “Había esperado tanto tiempo… fue horrible. Y por la salud del niño no pude darle. Tenía miedo. El médico tampoco sabía qué decirme, nadie sabía qué era lo que le pasaba a mi cuerpo”, recuerda.

La buena suerte, dice María Laura, la protegió de no encontrar los stickers antes para evitar ser estafada por esa abogada. Según pudo saber por conversaciones en los grupos de Whatsapp con cientos de damnificadas, aquella letrada de la tele se había quedado con la indemnización provisoria de cada una, que iba de 2500 a 3000 euros. Tiempo después, la mujer fue excluida del expediente.

En 2018 María Laura se contactó con otras abogadas que trabajan con el estudio jurídico de Deborah Gignoli Roilette en Francia y decidió continuar la causa con ellas. “No estamos en esto solo para obtener dinero –subraya–, sino también para que se haga justicia. Que más chicas se enteren de todo esto y lo que les puede estar pasando”.

Seis cirugías para sanar

En 2010 Bárbara Amonarraiz conducía escuchando la radio desde el centro de la ciudad de Monte Hermoso, al sudoeste de la costa bonaerense, cuando en las noticias hablaron de las prótesis mamarias adulteradas. Al instante lo supo. “Fue un golpazo. Pensé: ‘son las que yo tengo’. Fue desesperante”, cuenta la mujer que hoy tiene 63 años y se dedica al Turismo.

Cuando se puso los implantes en 2007 lo concretó con su cirujano plástico de confianza: “Lo primero que hice fue localizar al doctor, no había nada que me hiciera pensar que algo estuviera mal pero igual tuve pánico”.

Sin embargo, la llamada fue decepcionante: el médico le informó que no podía abordar el asunto, que se había jubilado y, además, que había desechado las historias clínicas.

Bárbara tuvo que encontrar un especialista que le extrajera las prótesis adulteradas y las reemplazara por otras. También que certificara que las que sacaba eran las PIP. “Todo eso tuvo un costo elevadísimo. Pero sirvió para iniciar la causa”, explica. Los implantes PIP no se habían roto, sin embargo cuando el médico las extrajo tenían una textura aceitosa y supuraban silicona industrial. “Allí empezaron los inconvenientes, la mama izquierda no admitía el nuevo implante. Tuve que operarme la misma mama seis veces”, detalla.

Entre las seis cirugías contrajo, además, un virus intrahospitalario. Cuando por fin la herida de la mama operada cicatrizó, el resultado fue una acentuada asimetría debido a la gran cantidad de cirugías en solo una de ellas. “Es imposible que yo pueda usar una malla o ropa interior –grafica–, perdí el arco submamario y tengo cicatrices graves”.

El laboratorio conocía los riesgos

Pasaron más de 20 años desde el ingreso de las prótesis al país y casi 14 desde el inicio de las acciones judiciales en Francia, pero hay una campaña que insiste con el mensaje: #AúnEstásATiempo de reclamar la indemnización en ese expediente. La fecha límite es el 10 de enero de 2024.

La promueve el Estudio Jurídico DGR de Francia, con la abogada Déborah Gignoli Roilette a la cabeza, quien representa a cientos de víctimas de diversos países, entre ellos Argentina. Tiempo conversó con la letrada que desde el país galo afirma: “Si hablás con estas mujeres, todas tienen una historia terrible para contar, el impacto en sus vidas fue tremendo”.

La abogada vivió diez años en Argentina y fue aquí que conoció a las primeras de las miles de víctimas que luego representó tanto en la causa contra PIP, liquidada en 2011, como contra la certificadora de calidad TÜV Rheinland que continúa en los tribunales franceses. Enfatiza que las víctimas merecen ser reconocidas como tales y obtener la indemnización «porque PIP conocía los riesgos».

“Cuando salieron estas prótesis no hubo una empresa que quisiera asegurarlas y el Estado francés tuvo que requerirle a una compañía que lo hiciera –destaca–. Esa empresa solo aseguró las implantaciones de Francia y quizá por eso PIP vendió solo el 20% del producto en el país y un 80% que no estaba asegurado lo vendió afuera”. «