La Fiesta Nacional de la Vendimia se realiza en Mendoza cada año, en consonancia con la época de cosecha de la vid y el comienzo de la elaboración de los vinos argentinos. Brinda, además de su impactante característica cultural y de celebración popular, una oportunidad para el turismo. También es un evento de alto volumen político en donde los sectores más poderosos de la industria bodeguera y las representaciones de los productores (con menor capacidad que la industria) logran poner la agenda vitivinícola en la vitrina de la política nacional.
Año tras año, ministros y funcionarios nacionales (incluso algunos presidentes) asisten a los eventos que plantean los diversos sectores en pugna por la representación simbólica de la toda la cadena vitivinícola. Pero el momento actual, en realidad, ameritaría una emergencia vitivinícola nacional.
Sin embargo, con el estilo que caracteriza al gobierno de La Libertad Avanza, esta vez impusieron en la agenda la discusión –contraria a la ley– en torno a la fermentación diferida, que está lejos de ser una solución para la compleja situación que atraviesa el sector. Ese fue el anti-tema que los medios de comunicación hegemónicos amplificaron.
La noticia podría haber sido que solo en 2024 Argentina perdió casi 5.000 hectáreas de viñedos y que, por primera vez en décadas, el país está por debajo de las 200.000 hectáreas de viñedos.
Si bien el contexto global muestra una caída del consumo de vino, el hecho de que la erradicación de viñedos se produzca aleatoriamente y en consonancia con la pérdida acelerada de productores debería alarmarnos pero no sorprendernos. A contramano de la forma en que en otros países los Estados enfrentan la caída del consumo, en Argentina el gobierno nacional y el de la provincia de Mendoza –que es la provincia que produce el 80% del vino argentino– avanzan en el desmantelamiento de las políticas y de las instituciones que estaban abocadas al impulso del sector.
Según el INTA, el costo de producción de un espaldero tradicional de vid equivale a 446,23 pesos por kilo de uva producido; en el caso de un parral tradicional, el precio es de 291,56 pesos por kilo. Frente a esos costos, las bodegas están pagando al productor entre 250 pesos el kilo de uva mezcla y 400 pesos el kilo de un varietal, es decir, menos que los costos de producción, situación que lleva a invertir menos y por tanto a un proceso de deterioro de los viñedos y de baja productividad. No solo se paga poco, sino que además las bodegas están comprando menos uva, en comparación con las compras tradicionales de cada año, especulando con el sobre-stock vínico y la posibilidad de importación.
La situación económica debe afrontar escenarios de plagas como lobesya botrana y la podredumbre causada por hongos, asociada a las lluvias que, como consecuencia del cambio climático, ahora se concentran en épocas de cosecha. A eso se suman las heladas y el granizo. Las bodegas no corren ninguno de estos riesgos, pero son las que se quedan con la mayor parte de la rentabilidad.
En la esfera global, la producción de uva y vinos en la Unión Europea cuenta con un capítulo especial de la PAC (Política Agrícola Común). Solo en el marco del Plan de Intervención en el Sector Vitivinícola destinan más de 200 millones de euros anuales, a lo que se suman otros programas regionales y nacionales. España aprobó la distribución de 75,7 millones de euros entre las comunidades autónomas para la reestructuración y reconversión de viñedos en 2025, para sostener el sector vitivinícola, a la agricultura familiar y los pequeños productores. Situación similar se da en EEUU con la Farm Bill, y en Chile, donde una multiplicidad de programas destina anualmente más de 100 millones de dólares al sector.
Por el contrario, el gobierno nacional eliminó el Programa de Apoyo para Pequeños Productores Vitivinícolas de Argentina (PROVIAR) que, a partir de fondos del BID, otorgaba créditos y subsidios para que los pequeños productores puedan tecnificar el riego y colocar tela antigranizo. Ese programa disponía de 80 millones de dólares que fueron cancelados. También eliminaron el programa Cambio Rural que, con una gran trayectoria, acompañaba a grupos de productores con asistencia técnica. El programa de control de lobesya botrana tampoco cuenta con los recursos necesarios y la plaga se va extendiendo año a año, bajando sensiblemente los rendimientos.
Además, el gobierno de Mendoza eliminó el programa de lucha antigranizo, que tenía la misión de afrontar las tormentas graniceras que aleatoriamente acaban con la producción. La opción que propone el gobierno provincial es un seguro agrícola que otorga entre 600.000 y 1,5 millones de pesos por hectárea en caso de daño total, cuando el coto de producción por hectárea, según el INTA, es de 5 millones de pesos. Es decir, un productor no podría ni cubrir la mitad de los costos de producción. También eliminaronel Instituto de Desarrollo Rural y los programas para productores de vino artesanal: buscan llevarlos a la ilegalidad.
Es urgente corregir el rumbo
El escenario global es de caída de consumo de vino, pero en Argentina, además, el sector se ve afectado por la caída de poder adquisitivo de las familias consumidoras. Mientras otras regiones productoras cuentan con Estados y bloques regionales que inyectan recursos, política y asistencia técnica, Argentina –y en particular, Mendoza– elimina las instituciones y apoyos. Hablan de libre comercio, liberan importaciones y proponen un Acuerdo de Libre Comercio con la Unión Europea… donde sí se subsidia a los productores.
El “relato” oficial plantea que el sector vitivinícola argentino se volverá competitivo con la quita de impuestos, cosa que no ha ocurrido. Sin embargo, con el dólar oficial atrasado, es seguro que el sector quede lejos de ser competitivo. Hasta las grandes bodegas que ocupan la punta de la pirámide exportadora hoy están en la cuerda floja de la rentabilidad. Estas políticas de libre comercio solo profundizan la expulsión de productores. El 75% de los productores de uva son pequeños, sin acceso al crédito y sometidos a la presión de las grandes bodegas que no solo pagan poco, sino que lo hacen con cheque hasta a 12 meses. El gran riesgo no es solo perder los mercados externos, sino el mercado interno, donde va más del 75% de la producción de vino, y que, en este panorama, puede ser copado por el vino de los países con fuertes políticas proteccionistas.
La situación es crítica. Por este camino vamos a una Argentina cada vez con menos productores. A este paso, las copas en los brindis serán de gaseosas y cervezas de empresas extranjeras… y algunas de vino, también extranjero.
