A fines de marzo, en un megaoperativo conjunto entre varias fuerzas federales de seguridad, cayeron detenidos 21 sospechosos vinculados con una investigación en contra de una conocida secta de Montenegro, venía funcionando en el país y buscaba establecerse definitivamente en la Patagonia. Este fin de semana, la justicia ordenó la liberación de todos los imputados, excepto para Konstantin Rudnev, el ex militar ruso que ya había sido condenado a 11 años de cárcel por abusos sexuales.

Además de Rudnev, hay 19 mujeres y un hombre vinculados a la causa a cargo del fiscal federal de Bariloche, Fernando Arrigo. Todos ellos son rusos y no podrán salir del país por un año, según resolvió el juez Gustavo Zapata que este sábado terminó de tomar todas las declaraciones indagatorias a los involucrados. 

El juez también les impuso a los sospechosos la obligación de presentarse cada siete días en la comisaría de la Policía Federal más próxima a su lugar de residencia. Por otro lado, el magistrado les prohibió el acercamiento directo o indirecto con las víctimas.

Vale recordar que esta investigación se inició con la denuncia de una joven rusa que dio a luz a un bebé en un hospital y que aseguró temer por su vida. Para el fiscal, el líder de la secta Ashram Shambala encabeza una red de trata de personas y captó a la víctima, en Rusia, para asumir la paternidad de su hijo aquí, y así obtener la nacionalidad argentina. 

Este domingo, en diálogo con la emisora Radio Con Vos, el fiscal Arrigo recordó que Rudnev tenía un pedido de captura de la Justicia de la República de Montenegro y se encontraba prófugo desde octubre, cuando casualmente comenzó a detectarse que diferentes integrantes de esta secta empezaron a instalarse en América del Sur. 

“Tenemos determinadas 21 personas y la idea era asentarse acá y en Brasil, no sé si era simultáneo o progresivo. Entendemos también que más allá de la geografía tenía que ver una cuestión estratégica de documentación. El líder de la organización estaba haciendo trámites para la residencia permanente y poder evitar con esto, justamente, el control migratorio”, contó el funcionario judicial, quien precisó que la organización “estaba asentándose desde octubre del año pasado” y que contaba con “una capacidad económica destacable en términos de movimientos, alquilaron autos de alta gama y demás”.