La semana que comienza en la Cámara Baja será tranquila con el feriado de Semana Santa de por medio no habrá casi actividad parlamentaria. Lo único que está previsto es que la Comisión de Juicio Político de Diputados, que investiga presuntas irregularidades en la función de los ministros de la Corte Suprema, reanude sus reuniones.   

El encuentro para continuar analizando la denuncia vinculada al fallo del máximo tribunal que en 2017 le otorgó el beneficio del 2×1 al represor civil condenado Luis Muiña será el 11 de abril a las 13 horas.  

Juicio político a la Suprema Corte

La Comisión investiga un posible acuerdo entre la Corte Suprema y el entonces gobierno de Cambiemos para beneficiar a genocidas con el «2×1»- computar doble el tiempo de detención antes de contar con una sentencia firme-. La intención del oficialismo es profundizar en la hipótesis de un presunto “arreglo” de esa decisión del máximo tribunal entre la anterior gestión de gobierno presidida por Mauricio Macri  y el juez Carlos Rosenkrantz, con la influencia sobre el voto de la ex jueza Elena Highton de Nolasco.  

Por eso, se volvió a citar al ex ministro de Justicia Germán Garavano que no asistió al encuentro anterior con fecha el 21 de marzo por informar que estaba de viaje en Córdoba por una actividad laboral y quedó a disposición de una nueva invitación.   

Para ese encuentro, tampoco asistieron Fabián “Pepín” Rodríguez Simón, operador judicial del gobierno de Cambiemos, y el senador nacional José Torello, exjefe de asesores de Mauricio Macri.  

Torello envió un escrito en el que señaló: “No avalo ni admito interrogatorio alguno que menoscabe la inmunidad que protege la función que ejerzo por mandato popular”. Y agregó que “la Cámara de Diputados carece de competencia” para citarlo.    

A Rodríguez Simón, que este martes recibió un nuevo rechazo de la justicia uruguaya a su pedido de asilo político, le había enviado una nota a Interpol para requerir los pasos a seguir para su presentación. Pero la Policía Internacional respondió explicando que no lo puede detener porque aún no se resolvió su situación en Uruguay. Finalmente, Otamendi avisó que también estaría de viaje y no podría estar.  

En esa última reunión expusieron funcionarios de la vocalía de Rosenkrantz; María Ángeles Ramos, fiscal titular de la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad; Gladys Cuervo, única sobreviviente del centro clandestino de detención conocido como El Chalet, donde actúaba Muiña; y Zulema Chester, hija de Jacobo Chester, quien pasó por ese mismo centro clandestino.  

Ahora, los integrantes de la comisión que preside Carolina Gaillard (FdT) incluyeron en el listado a los periodistas por Irina Hauser, Luciana Bertoia, Martín Granovsky, Silvana Boschi e Ignacio Miri.  Si bien se había resuelto llamar a declarar a Jorge Lanata, éste no figura en las citaciones.  Según pudo saber Tiempo, el objeto de esta citación es para que reconozcan ante los diputados notas de su autoría 

Otra de las cuestiones que queda pendiente por analizar, es las sanciones respecto a los testigos que citó la Comisión y no asistieron. Como el caso del abogado Marcelo Mazzeo quien pegó faltazo en dos oportunidades y por twitter desestimó el trabajo de la comisión argumentando que era “sólo político”. “En ese caso someteremos a votación de la comisión y de intervención al juez para que comparezca por la fuerza pública”, dijo a este medio un integrante.  

El martes 11 será clave para retomar la labor de dos ministros de la Corte que el  3 de mayo de 2017 dictó el fallo que favoreció a Muiña –quien actuó como torturador en el centro clandestino de detención que funcionaba dentro del Hospital Posadas— con el voto de tres de cinco miembros de entonces: Carlos Rosenkrantz, Horacio Rosatti y la propia Highton de Nolasco. En tanto, Ricardo Lorenzetti y Juan Carlos Maqueda lo hicieron en contra.