Uno de los proyectos que con más entusiasmo está instalando el ministro Nicolás Dujovne es el de reducción de los «impuestos al trabajo», con el pretendido propósito de generar mayor empleo. Sin duda este proyecto enmascara un triple objetivo: incrementar la flexibilización laboral, reformular los planes sociales y desfinanciar al sistema de seguridad social, lo que permitiría volver a hablar de alguna forma de privatización de las prestaciones. Todas medidas que recuerdan las políticas de Domingo Cavallo.

En principio, se intenta asentar la idea de los impuestos al trabajo: tesis errónea y malintencionada. Las contribuciones patronales son parte esencial del sistema de seguridad social, son beneficios que los trabajadores recibirán cuando se jubilen, y les permiten el acceso a las obras sociales. Forman parte de la remuneración: son costo laboral, no impuestos.

Bajo este manto, el gobierno intenta instalar una versión ampliada del proyecto de Trabajo Joven, que ahora alcanzaría a todas las edades, con la idea que se firmen contratos por tres años que no aporten a la seguridad social. Una herramienta que flexibiliza se plantea para combatir la informalidad laboral: resulta contradictorio. Existe además una gran preocupación por la posibilidad de que muchos empresarios comiencen a reemplazar empleados actuales por empleados flexibilizados, para incrementar su tasa de ganancia.

En este contexto, la CGT señaló a través de un comunicado el incumplimiento del «pacto antidespidos» firmado en el marco de la Mesa de Diálogo para la Producción y el Trabajo. La central obrera detalló los sectores industriales en los que se verifican despidos y suspensiones, destacándose el textil, el del calzado y el metalúrgico.

Mientras tanto, el ministro Jorge Triaca avanza con una reformulación de los planes sociales, que estarían atados a una contraprestación laboral. El editorialista Carlos Pagni lo definió claramente: «Los planes asistenciales pasarían a ser un voucher para entrar al mercado formal.» El problema es que todo indica que, en una economía en ajuste, esa entrada será bastante restringida para reemplazar los actuales planes, aún con flexibilización incluida.

Los ecos de los noventa no se agotan en esta andanada flexibilizadora. Dujovne expresó esta semana: «Si nos preocupa la inflación y queremos más competencia, es lógico que la competencia importada también nos ayude en la batalla antiinflacionaria.» Una política ya vivida que arruinó a gran cantidad de pymes y economías regionales.

Sumada a esta definición, la no renovación del reintegro del 5% del IVA sobre las compras realizadas con tarjetas de débito no genera ahorros fiscales de magnitud y además perjudica el consumo y fomenta la informalidad.
En resumen, resulta urgente defender el Compre Nacional y el mercado interno.

Beneficios fiscales

Los beneficios al capital concentrado se siguen acumulando. Es llamativo que el gobierno haya firmado antes de finalizar 2016 un decreto que comenzará a tener efecto el 1º de enero de 2018, que establece una reducción mensual del 0,5% en las alícuotas del complejo sojero. Con este método, las retenciones al poroto llegarían al 18% en diciembre de 2019. Los medios masivos se concentraron en mostrar las alícuotas del poroto de soja, que comprende sólo el 21% de los ingresos de exportación del complejo, mientras que la harina de soja es el 55% de las exportaciones y el aceite el 24 por ciento. Estos dos rubros tienen retenciones al 27%, por lo cual bajarían al 15% en diciembre de 2019. Desde el punto de vista fiscal, este decreto implicaría entre U$S 900 millones y U$S 1000 millones al año de beneficio al sector sojero. Habría que preguntarse cómo encaja esta norma en el objetivo de reducción del déficit fiscal.

Además, la decisión de otorgar una transferencia a la provincia de Buenos Aires por $ 25 mil millones generó tensiones. Sería para complementar el acotado Fondo del Conurbano, que tiene una razón lógica ya que la mayor concentración de habitantes de este país está en dicha zona, al igual que los mayores bolsones de pobreza.

Pero tal decisión no puede realizarse por decreto. Debería surgir de una discusión sobre la modificación –aún pendiente– de la Coparticipación Federal, que requiere la unanimidad de las provincias para aprobarse. Es una discusión eminentemente política. Este hecho evidencia el mejor estilo de este gobierno: lo que sabe que no puede conseguir por ley lo hace por decreto. Y también va marcando una baja medida de su pretendida calidad republicana.

La transferencia a CABA realizada a principios de 2016, y la actual a la provincia de Buenos Aires se direccionan a dos distritos en los cuales se juega la próxima elección para el macrismo. Por eso, ratifico: es una decisión eminentemente política.

Vía libre a la especulación

Una de las primeras medidas del ministro de Hacienda será eliminar el plazo de permanencia mínima de los capitales externos ingresados al país. Si Alfonso Prat-Gay redujo este plazo de un año a 120 días, Dujovne directamente lo anula. Así, no sólo se beneficia a los capitales financieros especulativos, sino que se incorpora una alta volatilidad a los flujos de divisas en un entorno internacional que aparece complicado.
Respecto de las inversiones directas, están muy por debajo de lo esperado por el gobierno. Según Orlando Ferreres, no hubo en 2016 una lluvia de inversiones, ni tampoco se la espera en 2017. A lo sumo comenzarán a llegar capitales para comprar empresas ya instaladas, y luego de dos o tres años podrían comenzar a venir inversiones para construir nuevas empresas (Ámbito, 05.01.17). En la misma línea, Pagni indica que el entorno internacional será reacio a invertir en los países en desarrollo, como la Argentina, que «deberán rever sus expectativas» (La Nación, 05.01.17). Un tema que deja sin sustento uno de los pilares del plan macrista, la anhelada llegada de inversiones externas directas.

Distribución regresiva

La línea de pobreza para una familia tipo ascendió en diciembre a los $ 12.029 en la Ciudad de Buenos Aires. Según el Indec, el 50% de la población con ingresos ganaba menos de $ 8000 en el tercer trimestre de 2016. Dos datos que impactan y muestran que la pobreza amenaza a una gran cantidad de población, ya que hacen falta al menos dos ingresos en el grupo familiar para que una porción de esa franja pueda seguir escapando a ese flagelo. Si comparamos los datos de distribución del ingreso del Indec para el tercer trimestre de 2016, con el segundo trimestre de 2015, el 40% más pobre evidencia una pérdida en la participación total de ingresos del 1,8%, la clase media (el 40% siguiente) perdió un 2,2%, mientras que la clase de mayores ingresos (el último 20%) aumentó un 4% su participación.

Son medidas irrefutables de la distribución regresiva del ingreso que se está produciendo bajo la administración macrista de CEO, que están llevando a la sociedad para el lado contrario de la prometida «pobreza cero».

En una reciente columna, el Premio Nobel de Economía Paul Krugman sostiene que el gobierno de EE UU ha sido tomado por un grupo de empresarios que busca acrecentar sus ganancias y que lo hacen desde el poder, dejando de lado a los políticos que tienen otro tipo de compromisos. Estoy convencido de que en la Argentina está pasando exactamente eso mismo. Muchos funcionarios no tienen proyecto político. Lo que quieren es fortalecer sus esquemas de negocios y los de los grupos económicos a los que están vinculados, cosa que están haciendo desde el primer día. Eso es lo que Macri ofrece para el futuro. «