En lo que va de la actual gestión de Javier Milei se registraron sucesivamente tres grandes anuncios que apuntan a reconfigurar de raíz y de manera regresiva la estructura económica y social de la Argentina.

Algunos de sus principales ejes ya generan impactos. Se está verificando una importante modificación de los precios relativos en detrimento del salario y de las jubilaciones, y a favor de los sectores concentrados. En paralelo, asistimos a un “protocolo” que restringe la protesta social, derecho que también se intenta limitar a través del proyecto de “Ley Ómnibus” enviado al Parlamento.

El DNU 70 y la “Ley Ómnibus” fuerzan los límites de las instituciones de la democracia y de la República. De prevalecer la visión de la sociedad y de la economía de este gobierno estaríamos retrocediendo hacia un tipo de capitalismo, que borraría con toda una serie de derechos esenciales, anterior incluso al Estado de bienestar surgido en el mundo en los años ’30.

El paquete de medidas fiscales anunciado hace unas tres semanas por el ministro de Economía, Luis Caputo, apuntando a un recorte del déficit financiero equivalente a un 5,2% del PIB, se complementó con una drástica devaluación del tipo de cambio, superior al 100%, y con la retirada del Estado en el proceso de determinación de precios. Estas decisiones generaron una fuerte suba de la inflación.

Una semana más tarde se dio a conocer el decreto de desregulación, que es inconstitucional y que vulnera una gran cantidad de derechos. La norma restringe la soberanía nacional, la promoción de actividades estratégicas, elimina los límites a los abusos de los sectores concentrados, restringe la libertad sindical y el derecho de huelga. También promueve la flexibilización laboral, entre otros ítems.

Esta semana, con el envío de la “Ley Ómnibus” se completa un círculo de disposiciones que le dan plena libertad a los mercados mientras coartan todo un conjunto de garantías individuales consagradas en la Constitución Nacional.

El pedido de muy amplias facultades extraordinarias, por un periodo de dos años, con opción a dos años más (prorrogable por el propio gobierno), implica virtualmente la eliminación del Poder Legislativo.

Las facultades extraordinarias tienen que ver con momentos extraordinarios, con situaciones puntuales, pero lo que está planteado aquí es una delegación que potencialmente abarcaría todo el mandato y todo tipo de temas.

¿Con qué tipo de emergencia o situación extraordinaria se conjuga la eliminación de, por ejemplo, la prohibición de la reventa de entradas a espectáculos deportivos o culturales o recreativos, legalizando la reventa en detrimento de los consumidores?

En un pasaje de sus fundamentos, el gobierno plantea que el proyecto de “Ley Ómnibus” se envió al Parlamento “con el espíritu de restituir el orden económico y social basado en la doctrina liberal plasmada en la Constitución Nacional de 1853”. Es una omisión deliberada de los avances en materia de derechos que se consiguieron en casi un siglo y medio, y que derivaron en el cuerpo legal vigente (CN 1994).

También se afirma que “sin una respuesta inmediata, integral y contundente por parte del Poder Ejecutivo Nacional y del Congreso de la Nación el país corre un serio riesgo de colapso económico y desintegración total del tejido social”. ¿Acaso los aumentos de precios que se están viendo, el despido de empleados del Estado, o la parálisis de la obra pública, no están generando la misma situación que se dice querer evitar?

Todas las iniciativas se encuentran en la misma sintonía. En cuanto a la “profunda reorganización de la Administración Pública nacional”, se plantea una poda del empleo público, incluso de la planta permanente. A su vez, amparándose en la Ley de Reforma del Estado de la época de Carlos Menem se declara “sujeta a privatización” una serie de empresas públicas enumeradas, entre ellas YPF, Aerolíneas, Banco Nación, AySA, los trenes, y los medios públicos de comunicación, entre otras sociedades y empresas del Estado.

En materia de seguridad, en los fundamentos se anuncia “un régimen para la organización de manifestaciones con el fin de garantizar la libre circulación y normal desarrollo de las actividades económicas y laborales de todos los habitantes de la Nación, en respeto de los derechos fundamentales de libertad de expresión y asociación”. El articulado contiene un claro sesgo que vulnera el derecho constitucional de reunirse y de manifestarse.

En el área de ambiente, los fundamentos no dejan lugar a interpretaciones. Por caso, “se simplifican los procedimientos para la explotación de bosques en zonas habilitadas comercialmente a tal fin. Se realiza una modificación a la Ley de Glaciares a fin de habilitar la actividad económica en la zona periglacial”.

Hay un claro descuido por el ambiente, pero también un gran peligro en términos de soberanía, que se agiganta con la derogación, mediante el DNU, de la Ley de Tierras —que limita el derecho de propiedad sobre la tierra rural, en especial para los inversores extranjeros— y con la fuerte desregulación de la actividad pesquera —a favor de las empresas extranjeras—, entre otras tantas normas.

En vez de acentuar las medidas para impedir el deterioro del salario y de las jubilaciones frente a la inflación, el gobierno pretende desregular todo para que sea el mercado el que determine los precios relativos. Con ello se “sincerarán” todos los precios, con excepción del salario. El ajuste es un camino de ida, ya que si se ajusta cierran empresas, en particular pymes; esas empresas que se cierran despiden gente, esa gente deja de consumir, eso genera el cierre de otras empresas, y así sucesivamente. Hasta que la gente no diga “basta”, el ajuste va a seguir. Por eso vuelve a tener plena vigencia la frase que acuñé en los años noventa, acerca de que el único límite que tiene el ajuste es la capacidad de resistencia de los ajustados.

A los cacerolazos espontáneos, tras el DNU, reacción típica de los sectores medios, se sumaron en la semana la movilización a Tribunales y luego el anuncio de la CGT y otras centrales sindicales de un paro general nacional para el 24 de enero, apenas un mes y medio después de la asunción del nuevo gobierno. La rapidez de la respuesta no tiene antecedentes. Tampoco tiene antecedentes un gobierno que en tan poco tiempo pretenda avanzar con reformas tan profundas (derogación de más de 70 leyes completas y otros 940 artículos de reformas). Por lo tanto, la respuesta es una consecuencia directa de la virulencia de los anuncios y está mostrando el rechazo de los sectores populares y de los trabajadores, en particular al modelo y a las formas en que pretende implementarlo este gobierno.

Como parte del debate político y parlamentario, el bloque de Diputados y Diputadas de Unión por la Patria lanzó una campaña mediática indicando cómo impacta en nuestra vida cotidiana el DNU 70, bajo el hashtag #NoAlDNU.

La discusión que se está dando en la sociedad, y en el Congreso, evidencia la puja entre los dos modelos: aquel que se quiere implementar rápidamente para reconfigurar la historia argentina hacia un modelo de extremo libremercado, poniendo en cuestión los mecanismos democráticos y republicanos, y aquel protectivo, solidario, con un Estado activo, que fomenta la mejora en la distribución del ingreso y, por lo tanto, el crecimiento con equidad social.