Este jueves la Legislatura porteña aprobó la derogación del impuesto a los sellos de las tarjetas de crédito y la suba de otras alícuotas introducidas para “equilibrar” las cuentas de la ciudad. El tratamiento del proyecto se dio dos días después de que Horacio Rodríguez Larreta adelantara el envío del texto a la Legislatura durante una conferencia de prensa, en la que volvió a criticar la decisión del gobierno de Alberto Fernández de reducir la coparticipación que había aumentado Mauricio Macri con la escusa del traspaso de la Policía Federal.
El proyecto contó con la adhesión unánime de los 59 legisladores presentes para los dos primeros artículos del texto, situación que no se replicó con el tercero. En este último, que establece la fecha en la que entra en vigencia esta quita, se contrapusieron -una vez más- las visiones del oficialismo porteño y los de la oposición. Los legisladores de Juntos por el Cambio y La Libertada Avanza solicitaron que el cese del cobro comience una vez sancionada la ley; en tanto, los diputados del Frente de Todos expusieron que fuese a partir de enero. Finalmente, gracias a su clara mayoría, el oficialismo porteño consiguió que el artículo sea aprobado con 38 votos afirmativos y 21 en contra y la reducción comience a regir desde el momento en que la norma sea publicada.
El primero en tomar la palabra durante el debate fue el diputado y presidente de la Comisión de Presupuesto, Claudio Romero. Admitió que la quita de este impuesto estaba ligada a la decisión de la Corte Suprema: “Estamos cumpliendo con este cometido porque es una promesa que hizo nuestro jefe de Gobierno, si la Corte Suprema fallaba a favor de la Ciudad.” De esta forma, y quizás sin pensarlo, el representante de Vamos Juntos expuso la estrecha relación que mantienen los miembros de Juntos por el Cambio con los jueces del tribunal.
Por su parte, el legislador Matías Barroetaveña, del Frente de Todos, sostuvo que el oficialismo de la Ciudad quiere “vender una baja de impuestos sacando un tributo que ellos mismos crearon y hacerle pagar a los ciudadanos su campaña electoral.” Notablemente molesto por el discurso de los que lo antecedieron, el diputado sostuvo que el gobierno del PRO “es una farsa” y agregó: “Nos dicen que son una buena gestión pero no cumplen con lo que prometen. No construyeron un metro de subte, ni controlaron los alquileres, son una máquina de humo”.
En la misma línea, y después de la aprobación del proyecto, la diputada porteña Claudia Neira (FdT) habló con Tiempo . Además de calificar al impuesto como “injustificado, innecesario y regresivo”, alertó sobre el doble discurso que ofrecerá el oficialismo de la Ciudad a partir de esta quita. “La derogación va a ser utilizada como el cumplimiento de una promesa de baja de impuestos por parte de Larreta, pero lo cierto es que este tributo fue aplicado por ellos mismos. Esto, más que cumplir con las promesas, es un manotazo de ahogado en plena campaña”, sentenció.
Consciente de que el Frente de Todos es minoría en el palacio legislativo, Neira defiende la constante actividad de bloque: “Siendo oposición se puede hacer mucho. Si bien es el oficialismo quien presenta el proyecto, lo hace porque desde nuestro bloque y el de otras oposiciones presionamos para poner este tema en agenda. La misma situación se replicó con la derogación del sistema de acarreos, donde la oposición actuó unida y JxC no tuvo más remedio que dar lugar al reclamo. Cuando el bloque se organiza y articula con otros sectores se pueden concretar grandes logros.”
¿Qué implicaba el impuesto a las tarjetas de crédito?
El tributo, que comenzó a regir en el 1 de enero de 2021 por decisión del jefe de Gobierno, contemplaba el cobro adicional del 1,2% a las tarjetas radicadas en la Ciudad de Buenos Aires.
Según se había anunciado, este nuevo impuesto tenía como fin compensar la quita del 1,55% de coparticipación que ejecutó el estado nacional en 2020 para equiparar el porcentaje adicional que recibía la Ciudad y, principalmente, poder otorgar el monto diferencial hacia la provincia de Buenos Aires, que en ese momento era el escenario de un conflicto salarial de las fuerzas de seguridad.
La decisión de la Corte Suprema de Justicia, en diciembre pasado, ordenó al Ejecutivo Nacional a reestablecer el envío del 2,95% de fondos coparticipables a la Ciudad. El monto que estableció el máximo tribunal no sólo le quita fondos a la Provincia sino que es significativamente similar al acordado por Larreta y Mauricio Macri en 2016 por el traspaso de una parte de Policía Federal a la gestión porteña. La derogación de este impuesto entrará en vigencia mañana, por lo que, a partir del próximo resumen, porteños y porteñas dejarán de abonar este gravamen.
