«La mano de obra barata mapuche construyó este gimnasio», dijo Facundo Jones Huala. Lo dijo durante su segundo juicio de extradición. El lugar, insólito para un proceso oral, se decidió a partir de una negociación entre el juez federal Gustavo Villanueva y el intendente de Bariloche, Gustavo Gennuso. Jones Huala debía ser juzgado nuevamente lejos del centro de la ciudad rionegrina, en un espacio que pudiera ser aislado tras un perímetro de seguridad. «Dicen que somos terroristas continuó. Si somos terroristas, ¿dónde están los muertos? Los muertos los ponemos nosotros. Acá no hay terrorismo. Acá hay un pueblo harto que se defiende con lo que puede, con ese arsenal que mostraron cuando desaparecieron a Santiago Maldonado: palas, machetes, motosierras, herramientas de trabajo, ese es nuestro arsenal. Si esto no es un juicio político, ¿qué es?.»
El lonko de la comunidad mapuche en Resistencia de Cushamen está acusado por la Justicia chilena del incendio intencional de un puesto en un campo de Valdivia, en el año 2013, por la tenencia de armas de fuego caseras, cartuchos de escopeta y por ingresar ilegalmente a aquel país. Mañana a las 11 se conocerá la sentencia: si se decide o rechaza su extradición.
El descargo de Jones Huala duró casi dos horas. «Si les queda algo de humanidad empezó, les hablo a las fuerzas de seguridad: no sigan reprimiendo después de lo que pasó con Rafael Nahuel y Maldonado.» Jones Huala conocía al «peñi» Rafael y se le quebró la voz al nombrarlo.
«Usted tiene responsabilidad en su muerte, no era necesaria esa violencia irracional. ¿Por qué no reprimieron con balas de goma? Porque es más fácil matar», dijo, dirigiendo su mirada al juez Villanueva. «El asesinato de Santiago (Maldonado) es un crimen de Estado, como lo fue el del mapuche Matías Catrileo y los de tantos otros. No les tengo miedo a las balas. A los once años conocí un calabozo por ser pobre y mapuche, porque afeábamos está ciudad», declaró, al tiempo que mencionaba «la impunidad de la que gozan sus asesinos materiales y políticos, y en ese marco identificó el juicio como un capítulo más en esa dinámica criminal estatal.
El lonko está imputado en una causa en la que el resto de los acusados ya fueron absueltos por falta de pruebas, y su primer juicio de extradición fue anulado porque se comprobaron torturas a testigos. De todas formas, Villanueva lo mantuvo preso desde el 27 de junio del año pasado, a la espera del segundo debate. La defensa, a través de la abogada Sonia Ivanoff, remarca la «evidente intencionalidad y persecución política en este proceso, que busca judicializar y criminalizar la lucha de la comunidad Pu Lof en Resistencia de Cushamen».
Afuera, en tanto, se concentraron en un acampe diversas organizaciones de las comunidades mapuches de la comarca andina, custodiadas por Gendarmería, la Policía de Seguridad Aeroportuaria y la Federal. Hasta esa ciudad viajaron para presenciar el juicio la Madre de Plaza de Mayo Línea Fundadora Nora Cortiñas; la hija de desaparecidos y miembro del CeProDH, Alejandrina Barry; Margarita Cruz, de la Asociación de ex Detenidos Desaparecidos, entre otros representantes de organismos de Derechos Humanos. «
Santiago y Rafael, sin avances en la Justicia
Unos días atrás, las familias de Santiago Maldonado y Rafael Nahuel, los dos jóvenes que murieron en el marco de diferentes operativos de las fuerzas de seguridad en territorios mapuches, se encontraron en Bariloche a instancias de un grupo de artistas locales. «Cuando los grandes medios ya no recuerdan ni a Santiago ni a Rafa, el arte es la forma de traspasar esos medios», dijo, luego de la reunión, Andrea Antico, cuñada de Maldonado.
Luego de la feria judicial, la causa por la muerte de Santiago se activó cuando el juez Guillermo Gustavo Lleral elevó un pedido al ministro de Interior, Rogelio Frigerio, para que le envíe detalles sobre los materiales y métodos que se usan para la fabricación de los DNI. El magistrado quiere saber si es posible que el documento de identidad de Santiago haya permanecido intacto durante los 78 días que estuvo sumergido en uno de los bolsillos o si fue plantado.
Casi en paralelo, Gendarmería radicó en el Juzgado Federal de Esquel una denuncia penal en la que pide que se investigue por asociación ilícita «a los artífices intelectuales y materiales de instalar que Maldonado había sido detenido y desaparecido por personal» de esa fuerza.
Con respecto a la causa por el asesinato de Nahuel, el Instituto Balseiro desmintió que se hubieran encontrado rastros de pólvora en las manos del joven mapuche, como había sugerido una noticia periodística. Hasta el momento, los testimonios, la inspección ocular y la autopsia permiten conjeturar que Nahuel fue asesinado por uno de los agentes de Prefectura que ese día, sin orden judicial, ingresaron al territorio y dispararon sobre sus habitantes.
