Este 24 de marzo se cumplen 20 años de la orden del entonces presidente Néstor Kirchner para que el jefe del Ejército «proceda» y baje los cuadros de los dictadores Jorge Rafael Videla y Reynaldo Benito Bignone de la galería del Colegio MIlitar de la Nación. La decisión tuvo una potencia y una carga simbólica tan fuerte que, junto al acto en la Escuela de Mecánica de la Armada de ese mismo día, marcó un antes y un después en el proceso de Memoria, Verdad y Justicia.

«Señores integrantes del Colegio Militar de la Nación y de las Fuerzas Armadas, señores generales y oficiales superiores: nunca más, nunca más tiene que volver a subvertirse el orden institucional en la Argentina. Es el pueblo argentino por el voto y la decisión de él mismo quien decida el destino de la Argentina; definitivamente terminar con las mentes iluminadas y los salvadores mesiánicos que sólo traen dolor y sangre a los argentinos», dijo Kirchner ese día.

El retiro de los cuadros escenificó la voluntad de formar militares de la democracia y romper con el legado de las Fuerzas Armadas golpistas y genocidas. «Esas armas que orgullosamente portan nunca más pueden ser direccionadas hacia el pueblo argentino», les ordenó el entonces primer mandatario.

Horas después, en la ESMA y junto a sobrevivientes, familiares y organismos de derechos humanos, Kirchner dio otro discurso histórico. «Como presidente de la Nación Argentina vengo a pedir perdón de parte del Estado nacional por la vergüenza de haber callado durante 20 años de democracia por tantas atrocidades», sostuvo y añadió: «No es rencor ni odio lo que nos guía y me guía, es justicia y lucha contra la impunidad. Los que hicieron este hecho tenebroso y macabro de tantos campos de concentración, como fue la ESMA, tienen un sólo nombre: son asesinos repudiados por el pueblo argentino».

Dos actos de reparación

Los eventos de ese 24 de marzo marcaron un cambio de época en la relación de las Fuerzas Armadas con el Poder Ejecutivo y resolvieron reclamos de muchos años del movimiento de derechos humanos, convirtiéndose en uno de los hitos para empujar la reapertura de los juicios por el terrorismo de Estado.

En ese momento, Judith Said, expresa política y querellante en la megacausa ESMA, coordinaba el recientemente creado Archivo Nacional de la Memoria de la Secretaría de Derechos Humanos y recuerda que no sólo había oposición de las Fuerzas Armadas contra estas medidas sino también de sectores del gobierno que no estaban convencidos porque creían que podría haber represalias.

«Hubo una decisión política muy fuerte de Néstor Kirchner en la construcción de los pilares de Memoria, Verdad y Justicia y en asumir el rol de jefe de las Fuerzas Armadas. Esa decisión política llevó a los familiares, a los organismos y a los sobrevivientes a confiar en que esto tenía un destino, que no era algo esporádico ni de un estado de ánimo del presidente, sino que había una política a mediano y a largo plazo», analizó Said.

Para «Charly» Pisoni, referente de H.I.J.O.S. Capital, «fueron dos actos reparadores». «En sus políticas de no repetición, una de las acciones que tiene que llevar adelante el Estado es la reparación. Esa bajada de cuadro fue decir que estos genocidas no pueden convivir con la Fuerzas Armadas que queremos en democracia y el acto de entrega del espacio de memoria es lo mismo, es esa reparación que veníamos reclamando muchos organismos de que esos lugares fueran restituidos al pueblo argentino y sean refuncionalizados», destacó.

Ese 24 fue la primera vez que un gobierno invitó a miembros de HIJOS a hablar en un acto público como fue el de la ex ESMA. «Fue difícil porque muchos ya simpatizábamos con Néstor y ahí escupimos un montón de cuestiones que sabíamos que él no era el responsable, pero creo que fue necesario y también fue un acto liberador. Con el tiempo nos dimos cuenta del momento histórico que fue y lo que significó no solamente para la Argentina y para nosotros, sino también para él», sostuvo Pisoni.

Tanto para Pisoni como para Said, la jornada fue parte fundacional de ese gobierno nacional que había comenzado menos de un año antes.

«Con la bajada de los cuadros, Néstor cambió el paradigma de las políticas públicas del Estado, no solamente las políticas de Memoria, Verdad y Justicia, sino también toda la política de ampliación de derechos, que sin duda tenía que arrancar con el pasado reciente y con hacerse cargo», aseguró el dirigente de HIJOS Pisoni y añadió: «Néstor nos hizo dejar esa enemistad que teníamos con el Estado y entender que hay otra forma de hacer política, que no todos los gobernantes son iguales, eso es lo que nos enamoró».

«Lo que pedía Néstor era que el conjunto de la sociedad asumiera esto, que no fuera de un sector y yo creo que se logró. Él quería que el conjunto de la sociedad repudiara estos hechos aberrantes y el terrorismo de Estado, que no tuviera que ver con una identidad partidaria. Y eso se pudo ver en la marcha contra el 2×1 (2017), que fue el resultado de ese camino iniciado por los reclamos de Memoria, Verdad y Justicia y por Néstor desde el Estado. Él ya no estaba, no lo pudo ver, pero creo que fue una clara expresión de lo que él quería que sucediera, de lo que había sembrado», agregó Said, hoy miembro de la comisión directiva del Instituto Patria.

Una señal de transformación

Con la bajada de los cuadros de los dictadores y la recuperación de la ESMA, Kirchner mandó un mensaje clarísimo a las Fuerzas Armadas sobre el comienzo de una nueva etapa. A partir de ese momento, todo lo que hacían las fuerzas comenzó a ser controlado: los ascensos, las capacitaciones dentro y fuera del país, las comisiones y quiénes dictaban los cursos.

«El gobierno realmente hizo cumplir la Constitución en cuanto al control civil de la defensa. Antes de eso, el Ministerio de Defensa no era más que una embajada dentro de un edificio militar, donde se pedía permiso para cada cosa que hacían», ejemplificó una ex funcionaria del área.

Los juicios por crímenes de lesa humanidad y la condena efectiva a quienes actuaron durante el terrorismo de Estado significaron un mayor distanciamiento de militares en actividad con esas Fuerzas Armadas genocidas.

Muchas de esas políticas públicas continuaron hasta 2015, cuando el gobierno de Mauricio Macri provocó los primeros retrocesos, como la devolución por decreto de la autonomía a las fuerzas en los ascensos y comisiones. Los militares retirados, que estaban en las sombras hasta ese momento, recuperaron también lugares de poder y decisión.

Algo de eso se volvió a ver con más fuerza en los últimos meses con la designación del militar retirado Claudio Pasqualini como secretario de Estrategia y Asuntos Militares, un cargo que se ubica sólo debajo del ministerio Luis Petri. Pasqualini, jefe del Ejército durante el gobierno de Mauricio Macri, es además familiar de un represor: su esposa es la hija de Athos Renés, condenado a perpetua por la masacre de Margarita Belén.

Otros militares fueron designados también en puestos clave de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI). A este empoderamiento de los retirados se agrega la promesa del envío de un proyecto de ley para habilitar a las Fuerzas Armadas a realizar tareas de seguridad interior, algo que por ahora las propias fuerzas parecen rechazar. La lucha contra el narcotráfico es otra de las hipótesis sobre las que cabalga esa propuesta que tampoco encuentra eco entre los militares por el momento.

No dirá nada, pero habrá señales

Lo que parecía una política de Estado que no se podía deshacer está en cuestionamiento en estos días de gobierno libertario y negacionista y dos décadas después del 24 de marzo de 2004 el ruido de las botas vuelve a sonar en lugares que antes parecían impensados.

El más emblemático de esos lugares es la ex ESMA, que desde el 1 de marzo pasado volvió a tener a un militar dentro del predio a partir del nombramiento del coronel retirado Esteban Vilgré La Madrid como director del Museo de Malvinas e Islas del Atlántico Sur.

La Madrid participó de la guerra de Malvinas recién egresado del Colegio Militar y de la represión al intento de copamiento del Regimiento de La Tablada, en 1989. Su nombramiento fue leído como el desembarco del entorno de la vicepresidenta Victoria Villarruel en la ex ESMA. Hija y sobrina de militares que participaron del terrorismo de Estado y militante de la «memoria completa» sobre los ’70, la llegada al poder de Villarruel habilitó todo tipo de especulaciones sobre la continuidad de los juicios por crímenes de lesa humanidad y de la libertad de los genocidas. Finalmente, fue a través de su intervención en la agenda de Malvinas que logró poner un pié en uno de los símbolos de las políticas de Memoria.

Su vínculo con el exmilitar Horacio Losito, quien fue subordinado de su padre, Eduardo Marcelo Villarruel, en la Guerra de Malvinas, también generó un escándalo cuando el represor fue beneficiado con la libertad condicional días después de asumir la presidencia Javier MIlei a pesar de tener tres condenas por crímenes de lesa humanidad. Dos meses más tarde fue recibido con honores en el Regimiento de Infantería de Monte 30 de Misiones en un escándalo que el Ministerio de Defensa aún no sancionó.