El ex canciller uruguayo Luis Almagro es el hombre clave en la embestida de la Organización de Estados Americanos contra el gobierno de Venezuela. Desde el miércoles, tras una declaración final alejada de su deseo, recibe los ataques de los sectores progresistas pero también de la oposición venezolana porque no logró imponer la Carta Democrática que reclamaban los más acérrimos antichavistas. Primó, al fin de una jornada muy acalorada en Washington, la mesura –sustentada por los representantes argentinos, al principio los más duros– y el texto final recomienda negociaciones entre todos los sectores para calmar los ánimos en un momento que muchos temen podrían desembocar en una guerra civil.
El presidente Nicolás Maduro fue especialmente enérgico contra el secretario general de la institución acaudillada por Estados Unidos: «Venezuela no es dominada por la OEA ni por la basura del secretario general Almagro», dijo. El documento final, una salida consensuada promovida por los ex jefes de gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, Martín Torrijos y Leonel Fernández, de España, Panamá y República Dominicana respectivamente, fue desairado por la oposición. «Nosotros no podemos sentarnos allí en esa mesa con los ex presidentes y mediadores (…) hasta tanto aquí en nuestro país las señoras rectoras del Consejo Nacional Electoral no respeten la Constitución y le pongan fecha a la validación de las firmas» para el referéndum revocatorio que busca para poner fin al mandato de Maduro.
El tema de fondo es el procedimiento de destitución que contempla la Constitución de la República Bolivariana, promulgada en el primer gobierno de Hugo Chávez. Desde que la oposición derrotó ampliamente al oficialismo en diciembre pasado, la crisis que ya arrastraba el sucesor de Chávez se profundizó porque los líderes de la derecha se propusieron avanzar con el viento de cola hacia el cambio de régimen en ese país, alentados por el triunfo de Cambiemos en Argentina y por el rol que tomó la nueva cancillería local en contra de Caracas.
En Buenos Aires, el diputado del PSUV Héctor Rodríguez Castro, quien fuera ministro del Poder Popular con el líder bolivariano, explicó el dilema en que se debate en estos momentos la democracia venezolana. «Ellos (por la nueva mayoría en la Asamblea Nacional) quisieron hacer una ley de amnistía que liberaba a presos comunes, incluso por delitos de narcotráfico, por eso la rechazó el Tribunal de Justicia», señaló en una rueda de prensa.
Rodríguez también explicó la posición del gobierno sobre el tema del referéndum. «Es una figura que está en la Carta Magna y que nadie discutió antes». Pero, resaltó, el reglamento tiene características que no se han cumplido aún. En principio, estaban en condiciones de pedir el revocatorio desde el 11 de enero, cuando pasó la mitad de mandato de Maduro, «pero no lo hicieron porque entre ellos no están de acuerdo en si la mejor forma de derrocarnos era esa o la presión social». Esto, apunta el legislador, provocó una demora en la junta de firmas del 1% de la ciudadanía, que están el la etapa de revisión que la ley permite. Luego faltaría, si esa instancia es avalada por la justicia, recolectar adhesiones del 20% del electorado para avanzar otro escalón. «Así se hicieron 15 referendos, uno de ellos presidencial, y nunca hubo rechazo al procedimiento. Sucede que los tiempos esta vez se les escapan. Eso los desespera». Ese ventarrón de la derecha continental, calcula Rodríguez, podría amainar luego del golpe en Brasil y finalmente también bajaría la presión contra Maduro.