Dos realidades conviven en permanente tensión en la causa de los cuadernos del chofer Oscar Centeno: de un lado se apilan los empresarios «arrepentidos» que apuntalan el relato de los hechos realizado por los magistrados que intervienen en la investigación, y del otro se acumulan denuncias por los desmanejos del caso e incluso las acusaciones de que los hombres de negocios fueron presionados para declarar lo que los investigadores querían escuchar.
Los comentarios sobre las sugerencias que habrían recibido los empresarios acusados para involucrar a exfuncionarios del gobierno anterior se multiplicaron en los pasillos de los tribunales federales de Comodoro Py en los más de 20 días que pasaron desde que estalló el caso. Pero esta semana, el rumor pasó a ser una denuncia pública cuando el abogado Mariano Cúneo Libarona dijo en una entrevista radial: «(Para quedar libre en la causa de los cuadernos) tenés que arrepentirte e involucrar gente», incluso aunque lo que se pueda declarar no sea verdad.
Cúneo Libarona representa al empresario Sergio Taselli, quien esta semana se presentó a declarar espontáneamente ante el juez Claudio Bonadio porque su apellido aparece en la causa de los cuadernos y quedó detenido. El abogado relató que su defendido, que tiene varios problemas con la Justicia, explicó por ejemplo que no tenía el dominio de una propiedad que se le atribuía en el relato de Centeno. Pero su declaración no bastó. «Me preocupa que esto sea así: tenés que arrepentirte y confesar algo e involucrar gente. Si decís que sos inocente, quedás preso», sostuvo el abogado en un reportaje con radio La Red, luego de que su defendido quedara preso. Y remató: «Si no sale en libertad en breve lapso, va a mentir y va a involucrar a alguno».
El relato de Cúneo Libarona fue en la misma línea que el mensaje que la fiscalía les había bajado a los abogados de los imputados en los primeros días de detención, cuando los invitó a proponerles a sus defendidos que se convirtieran en colaboradores de la investigación: «No hay sortijas para todos». Las sortijas eran, en muchos casos, las llaves para recuperar la libertad. Y aunque se suponía que no había para todos, el caso ya acumula 15 arrepentidos.
Otro de los abogados que perdió la calma en estos días fue el siempre diplomático Carlos Beraldi, defensor de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, quien acusó al juez Bonadio mediática y judcialmente de haberlo echado del domicilio porteño de la exmandataria durante el allanamiento realizado el último jueves.
Beraldi denunció a Bonadio por abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público tras recordar que el artículo 220 del Código Procesal Penal establece que «los defensores de las partes tendrán derecho a asistir a los registros domiciliarios, reconocimientos, reconstrucciones, pericias e inspecciones». La demanda cayó por sorteo en el juzgado a cargo de Sebastián Casanello.
El abogado José Manuel Ubeira, defensor del prófugo Oscar Thomas (exdirector de la Entidad Nacional Yaciretá), no tuvo una semana mucho más tranquila que sus colegas. El martes vio en el programa de televisión Animales sueltos imágenes de un supuesto allanamiento a su casa de veraneo en Mar del Plata. Dos días más tarde le presentó un escrito a Bonadio a través del cual le solicitó copias de la orden de allanamiento «con los fundamentos y actuaciones» que lo motivaron. Su objetivo es iniciar acciones legales tan rápido como reciba respuesta del magistrado que aún no le contestó.
Quienes ya llegaron con sus planteos a la Cámara Federal Porteña fueron los abogados Aníbal Ibarra y Roberto Boico, defensores del ex secretario general de la presidencia Oscar Parrilli. El jueves expusieron ante los jueces Martín Irurzun y Leopoldo Bruglia los motivos por los cuales creen que debe decretarse la nulidad del caso de los cuadernos. Enfatizaron en el hecho de que Bonadio se habría quedado con la causa de manera ilícita y que debió haberla mandado a sorteo.
Los abogados recordaron que 1 de noviembre de 2017 Bonadio había recibido una denuncia similar a la de los cuadernos de parte de la exmujer de Centeno pero que en esa oportunidad decidió mandarla a sorteo. Tal como relató Tiempo en su edición del 12 de agosto, Hilda Horovitz había denunciado que el chofer arrepentido y su exjefe Roberto Baratta recorrían «cuevas» en busca de dinero «que era transportado en bolsos». La demanda, muy parecida a la de los cuadernos, fue a parar al juzgado de Sergio Torres.
Otro de los hechos que llamó la atención de varios abogados es que en las indagatorias, además de las consultas específicas vinculadas a las apariciones de los empresarios en los cuadernos y a los relatos de los arrepentidos, los funcionarios judiciales buscan otro tipo de información que parece no estar del todo vinculada a la investigación. Algo así le pasó al empresario Jorge «Corcho» Rodríguez cuando se presentó a demostrar que no estaba en el país en una de las fechas en las que su nombre aparecía en el cuaderno de centeno. Le preguntaron por su vínculo con el Partido Justicialista y respondió que colaboraba con ese espacio desde hacía 20 años, cada vez que se lo pedían. A diferencia de otros empresarios, salió del juzgado en libertad. «
