Lo gobiernos de las provincias de Río Negro y Chubut se quedaron sin sospechosos encarcelados por los incendios forestales que arrasaron con miles de hectáreas de bosque nativo e implantado entre enero y febrero, luego de que la Justicia se viera obligada a poner en libertad al último de los detenidos por la falta de pruebas que los vincularan siquiera en las cercanías de dónde se inició el fuego.

En ambas provincias, los poderes Ejecutivo y Judicial se lanzaron a cazar culpables rápidos con un discurso cargado de violencia y centrados en grupos sociales determinados a los que buscaron convertir en un enemigo público. En Chubut, con el agravante de una narrativa xenófoba y antimapuche.

El pasado viernes 28 recuperó su libertad el último preso de Río Negro, Nicolás Heredia, arrestado el 5 de febrero con la única prueba de, según la Fiscalía y la Policía,  “tener cara de sospechoso” y portar una botella con combustible que, luego se probó, no tenía sus huellas digitales y era mezcla de nafta y aceite 2T para las motosierras que usan las brigadas forestales.

Trabajador de la construcción residente en la localidad neuquina de Senillosa, Heredía fue detenido junto con otras dos personas liberadas al día siguiente. Casi en simultáneo, los fiscales encabezaron un allanamiento en la localidad de El Hoyo, 20 kilómetros al sur de El Bosón, para arrestar a cinco mujeres y un hombre, todos brigadistas voluntarios que también quedaron en libertad dos días después ante la ausencia de elementos probatorios.

Según lo confirman testimonios directos recogidos por Tiempo Argentino, en los mismos días de esos arrestos al menos una docena de personas fueron detenidas por agentes policiales en las cercanías del fuego y encerradas por entre seis y doce horas. La casi totalidad colaborada solidariamente con las brigadas forestales.

Los fiscales de El Bolsón y Bariloche, Francisco Arrien y Martín Lozada, solo cuentan ahora con un detenido por hacer un fuego en la ciudad diez días después de iniciado el incendio forestal. Se trata de un hombre con problemas mentales, cuyo arresto fue celebrado personalmente en las redes sociales por el gobernador Alberto Weretilneck.

En Chubut el papelón fue mayúsculo cuando la justicia debió transforman en una “preventiva domiciliaria” el encarcelamiento en un penal de la acusada Victoria Núñez Fernández, al comprobarse que era falsa la única prueba existente en su contra.

Integrante de la Lof mapuche Pillán Mawiza, de la localidad de Corcovado, Núñez Fernández fue detenida porque un testigo vio su camioneta Renault Kangoo en cercanías de uno de los incendios, pero la geolocalización del vehículo reveló que se encontraba a 90 kilómetros de distancia en el momento indicado.

A Núñez Fernández la arrestaron durante un operativo antimapuche que incluyó once allanamientos violentos en cuatro localidades, incluida una radio comunitaria, con un despliegue de helicópteros, fuerzas especiales, perros, tanquetas y camarógrafos para la edición de un video posteado horas después en redes sociales con música incidental y presentado como “antiterrorista”.

Junto con la cúpula policial, el ministro de Seguridad y el procurador provincial, el gobernador Ignacio Torres encabezó luego una conferencia de prensa en la que volvió a reflotar una vez más el fantasma de la inexistente RAM como autora de los incendios en su provincia, calificó de terroristas a las comunidades mapuches y aseguró que el operativo era producto de una investigación de dos meses.

Pese a ello, una semana después la propia Policía reveló detalles de un allanamiento en la estancia La Batea, donde arrestaron a tres personas que confesaron haber iniciado el incendio en el paraje Atilio Viglione, donde se quemaron dos mil hectáreas, por orden del dueño del establecimiento para hacer madera con los árboles quemados y utilizar el terreno para la ganadería.

Los tres pirómanos confesos fueron liberados con la sola prohibición de salir del país en los próximos seis meses, el nombre del estanciero que ordenó el incendio sigue preservado por la Justicia, mientras que pese a ello la única acusada sin pruebas permanece con preventiva domiciliaria a la espera de verificar la geolocalización. El gobernador Torres no llamó aun a conferencia de prensa para explicar lo sucedido.