El ministro de Agroindustria de la Provincia de Buenos Aires, Leonardo Sarquís, parece continuar, desde su despacho en la función pública, la misión que supo cumplir como gerente de Monsanto.
Entre los años 2005 y 2007, Sarquís se desempeñó en la multinacional como el número uno de la división de semillas vegetales para la Argentina, Uruguay y Paraguay. Además, formó parte de la Fundación Pensar y junto a Aapresid (la asociación que nuclea en el país a los productores de siembra directa) impulsó la sanción de un proyecto de ley que, según el preciso resumen de Greenpeace, reduce los límites de la fumigaciones a apenas diez metros de los sitios urbanos.
Precisamente, fue esa organización ambientalista la que confeccionó un informe donde constató que al menos 30 funcionarios de la actual gestión tienen vínculos con el oligopolio de la industria química, encabezado por Monsanto-Bayer, Dow-Du Pont, Syngenta-ChemChina y BASF, que controlan el 60% del mercado mundial de semillas transgénicas y el 65% de las ventas de agrotóxicos.
«El lobby empresario actúa en sectores diplomáticos, en el Poder Ejecutivo, el Legislativo y en amplios sectores del agro argentino», dice el informe, que señala a algunos de los funcionarios vinculados a ese lobby, como el exministro de Agroindustria, Ricardo Buryaile; el jefe de Gabinete de Agroindustria, Guillermo Bernaudo; la excoordinadora de Políticas Públicas para el Desarrollo Sustentable de esa cartera, Beatriz Giraudo, hoy presidenta honoraria de Aapresid; el diputado Pablo Torello; y el senador Alfredo De Angelis, entre otros.
