“Las fuerzas de seguridad federales y provinciales en Rosario lograron un hecho histórico porque revirtieron una situación que parecía irreversible”, afirmó hace menos de un mes la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, en Santa Fe. Viajó a esa provincia para presentar, días después de recibir una supuesta amenaza “narcoterrorista”, los resultados del Plan Bandera: la reducción de un 63% de los homicidios dolosos y el descenso de un 55% de heridos de bala y de un 57% de las balaceras.
Los datos, en este caso, refuerzan el relato del gobierno neoliberal de Javier Milei. Pero detrás de semejante “éxito”, con políticas desregulatorias que quitan del medio al Estado y promueven blanqueos sin control, crecen las bandas: según denuncian, desde que asumió el nuevo presidente hay 56 nuevos grupos narcos en la provincia: un 25% más de las que había en noviembre de 2024.
Tiempo dialogó con dos especialistas que explican las posibles razones de esta tregua que rige en las calles gobernadas por Maximiliano Pullaro en las cuales si bien dejó de correr tanta sangre, la droga y el lavado de dinero están lejos de haber dejado de fluir. En el medio, dos factores: el empoderamiento de la policía y el rol de los “reguladores”.
El diputado provincial por el Frente Amplio por la Soberanía, Carlos del Frade, presentó en junio en la Legislatura local la actualización del “Mapa Narco de Santa Fe” donde se precisaba que convivían unas 203 bandas narcopoliciales en los 19 departamentos. “A fines de 2024 y a casi seis meses de aquel pedido de informes hemos constatado la existencia de otras 56 bandas”, resume.
En diálogo con Tiempo, Del Frade advierte que se trata de “elementos simultáneos en una realidad que está rota, como si fuera un mosaico, en donde hay dos cuestiones: la reducción de los homicidios en un 65%, y por el otro lado la dispersión de bandas, de pandillas, que van apareciendo permanentemente porque el negocio continúa, el capitalismo jamás va en contra del narcotráfico porque es una de las principales cinco arterias que le alimentan el corazón y especialmente al sistema financiero”.
“Por arriba eso se mantiene –continúa el dirigente político, escritor y periodista– y lo que cambia siempre es por abajo, esas bandas que alguna vez son más poderosas que otras, pero después son remplazables. Me parece que es una pauta de comportamiento no solamente de Rosario, sino de la Argentina y de toda América del Sur, en definitiva desde los ’90 en adelante”.
‘Empoderar’ a la policía
Para Daniel Schreiner, director periodístico de El Ciudadano y la Región, el comienzo de este primer año de gestión de Pullaro fue intenso. El episodio más brutal se dio en marzo, “cuando ocurrieron los crímenes de cuatro trabajadores mientras desempeñaban sus tareas, que le siguió un ataque contra un micro penitenciario”, subraya. Todo eso, en el marco del agravamiento de las condiciones de detención de los integrantes de las diferentes bandas, sumado a denuncias de torturas en la cárcel de Piñero.
“Después, todo tendió a calmarse de manera progresiva. Creo que gracias a la labor conjunta que tuvieron Bullrich y Pullaro, cuando ella era ministra de Mauricio Macri y él ministro de Miguel Lifschitz. Supieron entenderse y que pudiera funcionar la ayuda federal, que siempre fue escasa en el caso de los gobiernos nacionales peronistas, con el socialismo gobernando en la provincia; un problema que se agravó entre Alberto y Perotti, porque convergían en distintas líneas internas del peronismo”, resume Schreiner.
— Carlos del Frade (@delfradecarlos) December 17, 2024
Este nuevo encuentro entre ambos funcionarios, “le sirve al gobierno para decir que pacificaron Rosario”, aunque es cierto que “hay una política provincial de más mano dura que empoderó a la policía y eso se traduce en un montón de denuncias vinculadas, por ejemplo, al hostigamiento hacia los pibes en pedirle el DNI en los barrios populares, en el centro, y con denuncias de policías mexicaneadores que arrasan en los barrios con búnkeres, vecinos y cualquier cosa que tenga tufillo a no estar acorde a la ley”.
Reguladores del delito
El director del diario con sede en Rosario analiza que en este escenario aparece un actor que antes no figuraba: los “reguladores del delito”. Según el especialista, “todo hace pensar que son policías retirados convocados por el gobierno provincial a inicios de la gestión para intervenir en el territorio e intermediar con otros actores, algunos refieren incluso con cabecillas de bandas”.
Para el periodista esa puede ser una de las razones del importante descenso del índice de la tasa de homicidios, “aunque el gobierno se niega a decir cómo es que logró este resultado«.
“El tema es a qué precio se considera esto, y mientras no lo conozcamos tampoco vamos a poder prever cuánto va a durar y qué estamos concediendo como sociedad para tener esta paz –concluye Schreiner–. El gobierno niega que haya pactado con las bandas, Pullaro recurre, por ejemplo, a explicaciones como que la palabra de Dios, el Espíritu Santo y la Biblia ayudaron a ordenar no solo los barrios, a partir de la acción evangélica, sino también las cárceles. Es la explicación del gobierno sobre cómo hizo para bajar estos índices. No cuadra por ningún lado y nuestra obligación como periodistas es preguntarnos por qué y cómo pasa esto”.
Del Frade coincide: “hay más presencia de fuerzas de seguridad y al mismo tiempo las bandas venden lo que quieren. Hay una coexistencia de esas realidades. Evidentemente, se debe haber pautado que se pueda vender mucha droga, pero sin que muera gente. Eso es pan para hoy, hambre para mañana. Es el famoso doble pacto”.
El legislador ya denunció al menos en dos oportunidades en la justicia provincial y otra en el fuero federal para que “se investigue si efectivamente es verdad lo que la gente dice en los barrios respecto a cierta regulación, pero por ahora no tenemos novedades”.
Narcoterrorismo
El dirigente opositor cree que el gobierno acuñó el término “narcoterrorismo” con la intención de ejercer mayor control social, lejos de combatir el narcotráfico como inicio y fin de su política. Un delito transnacional en donde Argentina juega un papel dado por la DEA desde la década del ’90: “por eso la semana pasada el gobierno nacional decretó que el ejército pudiera funcionar como una especie de policía nacional, como sucedió en México, Brasil, Colombia, Perú, Ecuador, con resultados nefastos, porque cada vez hay más producción de droga, más violencia y las cárceles llenas de pobres, porque en definitiva la excusa del narcotráfico sirve para hacer control social y no para una política pública de seguridad”.
Menos muertes, pero menos droga secuestrada
Hay un aspecto en el que parece reflejarse las denuncias de «pactos» entre la clase política y los principales grupos narcos de la provincia. El presidente Javier Milei y el mandatario de Santa Fe, el gobernador Maximiliano Pullaro, logran cerrar el primer año de gestión con una merma importante en la tasa de homicidios en las diferentes ciudades, pero sobre todo en Rosario, donde la situación parecía haberse ido totalmente de las manos hacia fines de 2023. Sin embargo, eso no se tradujo en el secuestro de grandes cantidades de estupefacientes.
“Los números de la ministra de Seguridad Patricia Bullrich son ridículos. En los primeros nueve meses festejaron el secuestro de 261 kilos de todo tipo de drogas, cuando solo en cocaína, durante 2023 se secuestraron 850 kilos”, indicó el diputado provincial Carlos del Frade en diálogo con Tiempo.
“Evidentemente, lo que dice la gente es cierto. A pesar de haber más fuerzas de seguridad, cada vez hay más drogas en los barrios. Incluso se empieza a ver suicidios de chicos que no le pueden pagar a sus proveedores”, lamentó. A mediados de año, la ministra había asegurado que a seis meses de la implementación del Plan Bandera, se habían controlado a 606 mil personas, “casi la mitad de los ciudadanos de Rosario”.
La muerte de Pillín y la policía
Que por estos días no haya en Rosario crímenes entre integrantes de bandas rivales o víctimas al azar para amedrentar a la ciudadanía e intentar así torcer alguna decisión política, no significa que los asesinatos quirúrgicos vinculados al narco hayan desaparecido del todo. El 9 de noviembre el doble homicidio de Andrés “Pillín” Bracamonte y Daniel “Rana” Attardo, líderes de la barrabrava de Rosario Central, sacudió el tablero. “Un crimen de esa envergadura termina poniendo en riesgo todos los negocios. Parece un claro intento de cambio de mando en cuanto a la recaudación ilegal para sacarse de encima un actor que regulaba el negocio y que molestaba no solo a los grandes jugadores narcos de la ciudad, como Guille Cantero o Esteban Alvarado, sino a los despachos oficiales que viven de esa recaudación ilegal”, explica el director de El Ciudadano, Daniel Schreiner.
Para el periodista, estos dos crímenes también se enmarcan en la implementación de la Ley 14.239, denominada ‘Microtráfico’, sancionada el 20 de diciembre de 2023 por la Legislatura de Santa Fe. Hubo “un cambio en el sistema de investigación y la desfederalización del narcomenudeo. Sumado a la intervención de la patrulla constantemente sobre los bunkers, en el territorio, me parece que eso termina por configurar este mapa, pero a la vez de un control sobre la violencia que se pone en riesgo por arriba con crímenes como el de Pillín y por abajo con esta atomización y permanente disputa siempre entre al menos dos ventanillas, dos sectores de la policía que quieren quedarse con la recaudación ilegal”.
