Los problemas financieros y las protestas se extienden desde hace meses en la provincia de Santa Cruz. El viernes por la noche la crisis alcanzó un nuevo hito cuando la policía reprimió con gases lacrimógenos y balas de goma a manifestantes que habían ingresado al predio de la residencia oficial, donde se encontraban la gobernadora, Alicia Kirchner, y su cuñada, la expresidenta Cristina Fernández.
El saldo fue de tres heridos, entre ellos un reportero gráfico, Jorge Riquelme, quien debió recibir tres puntos de sutura por una herida en su cabeza. Otros dos hombres recibieron balazos de goma en la espalda y una decena de manifestantes se vieron afectados por la inhalación del gas pimienta.
«Fue un ataque planificado, de más o menos 200 personas. En algún momento alguien habló de ‘represión’… Éramos cinco mujeres solas con una beba de 18 meses dentro de la residencia», dijo ayer la gobernadora Kirchner en declaraciones a Radio 10. Y agregó: «Jamás voy a defender la represión, pero lo que han hecho fue un ataque, porque querían entrar a la vivienda. Querer entrar a tu casa me parece una barbaridad», afirmó la mandataria, quien también evaluó: «Quieren mi cabeza para la campaña electoral nacional.»
La especulación de la gobernadora se basa en el despliegue mediático que suele recibir la crisis santacruceña y los lazos de algunos protagonistas locales del conflicto con la escena política nacional. En ese aspecto, el kirchnerismo señaló que Pedro Muñoz, una de las caras visibles del reclamo docente, fue candidato de Cambiemos en las elecciones de 2015 de la mano de Eduardo Costa, el magnate supermercadista que sueña con gobernar la provincia. Costa es marido de la legisladora del Parlasur por Cambiemos, Mariana Zuvic, integrante del círculo íntimo de Elisa Carrió. El kirchnerismo local indicó también que la escalada que derivó en el desalojo violento de la residencia oficial se desató pocas horas después de que el canal de noticias TN instalara un móvil para transmitir desde Río Gallegos. En refuerzo de esa hipótesis, el kirchnerismo de Santa Cruz difundió un video donde se ve al cronista del canal, propiedad del Grupo Clarín, recorriendo acampes y protestas en los momentos previos a los incidentes en las inmediaciones de la residencia oficial. A través de un video difundido en redes sociales, CFK avaló las sospechas oficiales: «Fue un ataque planificado y organizado por hombres de Cambiemos en la provincia, que no han podido ser gobernador en dos oportunidades y con el montaje en escena mediático».
Los dirigentes de los gremios en conflicto rechazaron las acusaciones y afirmaron que existen «razones objetivas» que justifican los reclamos, como el atraso en el pago de salarios y jubilaciones.
La gobernadora reconoció la «situación crítica» de Santa Cruz, aunque derivó demandas al gobierno de Mauricio Macri: «La provincia tiene recursos, vamos a salir, pero necesito el apoyo de Nación.» A través de su cuenta de Twitter, el presidente pareció solidarizarse con la mandataria. «Muy grave el ataque a la residencia de la gobernadora Kirchner. Repudiamos la violencia como método, siempre», señaló. No es ese, sin embargo, el tipo de «apoyo» al que hizo referencia Kirchner en su descargo. La gobernadora reclama más respaldo del gobierno central para paliar el déficit que posee la provincia, estimado en unos 6200 millones de pesos para este año. El gobierno nacional aduce que en los últimos 15 meses giró a la provincia unos 11 mil millones de pesos (a razón de 25 millones por día), y apuntó al «desequilibrio fiscal» por el volumen del empleo público como responsable de la crisis. Alicia K reconoció que la plantilla «es desmesurada», pero reafirmó su decisión de no despedir empleados «porque es la única barrera de contención social» frente al «freno de la obra pública» y la caída del precio del barril de petróleo.
El gobierno pretende mitigar el rojo financiero con una próxima emisión de deuda por 350 millones de dólares. La intención K es colocar esos bonos a una tasa cercana al 8,5%, lejos del 24% que le cobró Nación para refinanciar la deuda por adelantos de coparticipación. Para colocar el bono, sin embargo, Santa Cruz necesita obtener el aval de la Nación. La gestión Macri ya concedió ese trámite a otras administraciones, pero no aún a la provincia K, con el argumento de que primero debía comprometerse a mantener a raya su déficit. «Deben salir del hiperpopulsimo», fue la frase con la que el ministro de Interior, Rogelio Frigerio, resumió las exigencias oficiales.
En paralelo al cruce de operaciones y chicanas políticas nacionales, trabajadores, jubilados y vecinos de Santa Cruz exhibieron las razones de las protestas, con cuatro focos predominantes:
Educación: Las clases aún no iniciaron por huelgas y actividades en reclamo de retraso en el pago de salarios. Los gremios docentes en lucha rechazaron, además, la oferta del 3% de aumento emitida por el Estado provincial. El Ejecutivo dice que el retraso afecta a menos del 10% del personal y acusa al gremio Adosac ligado al radical Muñoz de utilizar la paritaria para boicotear el Consejo Social convocado por el gobierno.
Tarifas: Luego de sostener los subsidios durante 2015 y 2016, el gobierno autorizó aumentos en las tarifas de energía. Pero una presentación judicial de la oposición logró frenar con una cautelar la aplicación del cuadro tarifario, al que calificó de «brutal». El presidente de Servicios Públicos, Lucio Tamburo, replicó que el ajuste del cuadro está lejos del 1500% de incremento dispuesto por el gobierno central solo para el transporte de energía eléctrica. En ese aspecto, indicó que el freno judicial provoca «un vaciamiento financiero» de la empresa, que debe ser fondeada con recursos estatales para evitar problemas en el abastecimiento de un insumo clave para la provincia.
Salarios: Trabajadores judiciales llevan más de 20 días de acampe y comenzaron esta semana una toma pacífica del edificio del Tribunal Superior de Justicia. Reclaman que el gobierno K reponga el aumento del 10% otorgado por la Corte Suprema nacional, que los trabajadores judiciales provinciales cobran por la ley de enganche. Alicia K consideró «un disparate» que organismos nacionales definan aumentos que impactan sobre los presupuestos locales. Los reclamos por la caída en el poder de compra de los salarios se replican en otros trabajadores estatales, como los de la Salud, que realizan protestas y asambleas de manera cotidiana. Los salarios de la administración pública involucran al 48% de la población. El incremento de la planta de personal estatal fue de un 10% durante el gobierno de Alicia K. «Lo que pasa es que acá sólo el Estado sostiene y crea empleos», reconoció la gobernadora. La ecuación explica los problemas financieros de la provincia: el 90% del presupuesto provincial se destina exclusivamente a gastos corrientes. El gobierno provincial admite que la actividad económica cayó un 10% en el último año.
Jubilaciones: Un grupo de jubilados se mantuvo durante semanas en el edificio de la Caja de Previsión Social exigiendo cobrar en tiempo y forma. El viernes, el gobierno anunció el pago de haberes de los jubilados que ganan hasta 60 mil pesos. El Ejecutivo local no confirmó cuándo cobrarán los jubilados de mayores ingresos, aunque dijo que esa incertidumbre afecta «al 7%» de los pasivos.
El sábado, los gremios en conflicto ofrecieron una conferencia de prensa donde rechazaron propiciar una «acción destituyente», como imputó la gobernadora. Los sindicatos convocaron a un paro general para el lunes. La CTERA expresó su «repudio ante la represión» y envió su solidaridad a los trabajadores de la educación de Adosac. «CTERA exige al Gobierno Provincial y al Gobierno Nacional que arbitren en forma urgente las medidas necesarias para que se resuelva el conflicto y se dé respuesta a los reclamos de los trabajadores de la educación santacruceños», sostuvo el gremio nacional docente.
Por su parte, la Confederación General del Trabajo (CGT) recordó que «la represión de la protesta social» no es el camino. «Instamos a la solución del conflicto por la vía de la negociación madura como esta democracia se merece. La dignidad y la vida de los trabajadores está en juego», advirtió la central obrera mediante un comunicado. Al cierre de esta edición, una nutrida marcha protestaba frente a la Casa de Gobierno de la provincia, emplazada a pocos metros de la residencia oficial. «
