Por la mañana el vocero presidencial Manuel Adorni había adelantado que, por la tarde, la ministra de Capital Humano, Sandra Petovello anunciaría en conferencia de prensa los lineamientos de la política social del gobierno.
El mensaje generó expectativas en tanto las medidas económicas anunciadas por el ministro de Economía Luis “Toto” Caputo auspician una inflación que podría llegar al 90% en el primer trimestre del año y, tal como reconoció el mismo gobierno, incrementar sensiblemente los índices de pobreza e indigencia. Además, el mismo gobierno había adelantado que la cartera de capital humano sería la única que, en el marco de un fuerte plan de ajuste fiscal, contaría con la “billetera abierta” para amortiguar el impacto de las medidas en los sectores más relegados.
El mensaje de la ministra, sin embargo, no aportó nada nuevo. Más allá de ratificar la duplicación del monto de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y una suba del 50% en la Tarjeta Alimentar que ya había sido anunciadas por su par de Economía, la funcionaria orientó su mensaje a atacar la movilización del próximo miércoles y estigmatizar a las organizaciones sociales con imprecisiones y falsedades.
En primer lugar la funcionaria puso la mira en “las organizaciones piqueteras” que “organizaron una marcha de protesta”. En rigor, más de 150 organizaciones sindicales, estudiantiles y de derechos humanos son las que, junto con organizaciones sociales, convocan y adhieren a una movilización que tiene como propósito repudiar el plan de ajuste general que promueve el gobierno.
La funcionaria reconoció que “manifestarse es un derecho” pero, acto seguido, informó que “todos aquellos que hayan promovido, instigado, organizado o participado de los cortes perderán todo tipo de diálogo con el ministerio de Capital Humano”.
A la vez, señaló que “empezaremos a auditar a todas las organizaciones que entreguen (sic) planes sociales e iniciaremos un proceso para la eliminación de la intermediación (sic)”. El anuncio omite que los beneficiarios de los programas Potenciar Trabajo atraviesan procesos de control sistemáticos por parte del Estado y que la gestión saliente de Victoria Tolosa Paz promovió una auditoría realizada por las universidades nacionales hace poco más de un año sobre los mismos beneficarios actuales.
Pero además, no son las organizaciones las que “entregan” los planes sino el estado de manera directa a través de una cuenta en el Banco Nación a la que acceden en forma individual los beneficiarios. Las organizaciones sociales, en todo caso, estructuran cooperativas de trabajo y, a la vez, actúan para representar a los beneficiarios con el propósito de reclamar actualizaciones de los montos, ampliaciones y suministros para los comedores populares, entre otros reclamos. La participación en una organización resulta voluntaria del mismo modo que lo hacen los trabajadores en relación de dependencia con sus sindicatos.
Poner fin a la mentada “intermediación” es precisamente lo que reclaman en particular las organizaciones de la Unidad Piquetera cuando exigen la universalización de los beneficios que no es otra cosa que el otorgamiento automático de la asistencia para aquellas personas que cumplan con determinados requisitos y condiciones socioeconómicas. Las organizaciones no tienen en la actualidad la potestad de “dar de baja un plan” que es una atribución exclusiva del Estado y de la cartera que comanda Petovello.
La misma funcionaria lo reconoció al señalar que “los únicos que no van a cobrar el plan son los que vayan a la marcha y corten”. En la misma línea Petovello señaló que “suspenderemos el control de los certificados de presencialidad que dan las organizaciones sociales” sugiriendo que se trata de listas de presentismo en las movilizaciones. En rigor se trata de declaraciones juradas que las organizaciones que sí coordinan cooperativas de trabajo presentan al Estado para certificar la contraprestación laboral que resulta un requisito para percibir el beneficio.
En definitiva, los anuncios de la ministra que se presentaron como los lineamientos de la “política social” se resumen a una serie de tergiversaciones, estigmatizaciones y amenazas para desestimular la participación en la protesta del miércoles y dar cobertura política a la acción represiva que prepara el ministerio de Seguridad.
Respuesta
Así lo interpretaron las organizaciones piqueteras que convocan. En un comunicado de prensa, el Polo Obrero, una de las organizaciones que lidera la Unidad Piquetera calificó de “amenazas” los anuncios de Pettovello y señaló que “se suman a las de Bullrich contra el derecho a la protesta”.
Para la organización liderada por Eduardo Belliboni, las declaraciones “van en un camino de ataque, de amenaza a los trabajadores desocupados y a aquellos que cobran un programa social, porque saben que vamos a encabezar una movilización el próximo 20 de diciembre, donde vamos a ser miles y miles de trabajadores y trabajadoras que vamos a salir a la calle en Buenos Aires y en todo el país”. Las mismas organizaciones dicen que “no queremos controlar a nadie y si lo hace el gobierno mejor!”.
A la vez recuerdan que “los planes están congelados, así que no es que los van a dar de baja producto de que alguien se movilice, lo cual es ilegal porque las personas tienen derecho a manifestarse bajo cualquier circunstancia, sino que van a desaparecer producto del proceso inflacionario que ya se cobró más del 50% del poder adquisitivo de ese programa social”. Finalmente, aseguran, que “repudiamos las declaraciones y ratificamos en todos sus términos la movilización del 20 de diciembre”.
